Luz verde a la reforma migratoria. El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles de manera definitiva los 10 textos legislativos que conforman el Pacto Migratorio y de Asilo, que regula las acciones desde la llegada del migrante hasta su acogida o rechazo de la solicitud de asilo. Con este posicionamiento, los eurodiputados ratifican el acuerdo político logrado a finales de diciembre con el Consejo de la Unión Europea (UE), que tiene por objetivo actualizar la normativa para reforzar las fronteras exteriores y endurecer la acogida y el control sobre los migrantes.
Según informa la ACN, la votación en el pleno de la Eurocámara ha estado marcada por una protesta al inicio de la sesión por parte de manifestantes que pedían a los representantes políticos votar ‘no’ al Pacto Migratorio y de Asilo al tratarse de una regulación que «mata» en vez de salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Una vez aprobada en el Parlamento Europeo, las nuevas reglas migratorias tendrán que volver al Consejo de la UE, que las ratificará y decretará su aplicación de cara a 2026.
Hay que recordar que el acuerdo para la reforma migratoria de la UE ratificado este miércoles en la penúltima sesión de la legislatura ha llegado más de dos años después que la Comisión Europea pusiera sobre la mesa su propuesta para actualizar las normas. No fue hasta octubre del 2023 que los 27 cerraron su posición negociadora sobre el último de los reglamentos, por lo cual hasta entonces no se pudo empezar a negociar el paquete entero con el Parlamento Europeo.
Penalización de 20.000 euros por migrante rechazado
En este sentido, las normas buscan reducir las entradas irregulares en la UE, descongestionar los procedimientos para pedir asilo y repartir las responsabilidades entre los estados miembro, creando de este modo un sistema de solidaridad voluntaria en el reparto de migrantes que permita asistir a países de primera llegada como Italia, Grecia o España y que sirva para redistribuir al menos 30.000 al año. En caso de que un país rechace hacerlo, tendrá que pagar una penalización de 20.000 euros por migrante rechazado o dar al país en cuestión apoyo de alguna otra manera.
