El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufre una nueva derrota judicial. El Tribunal Supremo ha rechazado su intento de desmantelar la agencia federal de ayuda al desarrollo, USAid. Trump había intentado congelar 2.000 millones de dólares en gasto del organismo aprobado por la Cámara de Representantes. Cabe decir que la orden judicial, aprobada por una escasa mayoría de cinco miembros contra cuatro, no obliga a la administración federal a gastar estos 2.000 millones, pero sí que abre la puerta para que los juzgados de distrito lo hagan.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo solo confirma las órdenes que un juez federal ya había puesto sobre la mesa. La corte territorial forzaba a Trump a haber abonado los 2.000 millones de dólares la pasada semana. La Casa Blanca recurrió contra la decisión, y el alto tribunal impuso una moratoria del pago a la espera de una resolución definitiva. Ahora, los nueve jueces -divididos- animan a los jueces locales a reclamar las inversiones congeladas por el Despacho Oval.
Malas noticias para Trump
Tras ganar las elecciones, se consideraba que Donald Trump tenía el control, directo o indirecto, de todos los poderes del Estado. Las mayorías en el Congreso, cabe decir, son escasas. El Tribunal Supremo, por su parte, está ampliamente dominado por los conservadores. Sin embargo, la medida trumpista ha sido derrotada por el movimiento de dos jueces vistos como parte del ala moderada de los republicanos: el presidente John Roberts, históricamente visto como un liberal que se ha movido a la derecha en los últimos años, y la jueza Amy Coney Barrett, a menudo vista como un verso libre en la judicatura conservadora. A estos dos se han sumado las tres magistradas progresistas: Elena Kagan, Ketanji Brown y Sonia Sotomayor. En contra, los cuatro togados de la derecha: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y el polémico Brett Kavanaugh.
Los analistas locales ven este movimiento como una promesa de problemas para la administración Trump. El comentarista judicial de la televisión estadounidense CNN, Steve Vladeck, apunta que «el disenso de cuatro jueces hace pensar que el tribunal estará dividido, seguramente en las mismas líneas que en este caso, en muchos de los casos más relevantes relacionados con Trump». Así, los progresistas pueden aspirar a fundamentar mayorías judiciales gracias al voto disidente de Roberts y Coney Barnett. Así, un nuevo impulso liberal en el judicial puede servir de cortafuegos a muchas de las medidas más polémicas de la rama ejecutiva, especialmente aquellas que se encuentren en los límites de la Constitución.
Por su parte, los conservadores han hecho explícita su oposición a la elección: Alito, de hecho, acusa a sus compañeros de comité de abrir la puerta a que los tribunales federales «se hagan más grandes a sí mismos» con un control de la rama ejecutiva que, a su parecer, no les corresponde.
Derrota tras derrota
La agencia federal para el desarrollo no es la primera de las víctimas de la motosierra de Trump que ha sido restituida por un tribunal. También lo fue la ciudadanía automática por nacimiento -la medida, incluida en la constitución desde 1886, que permite que cualquier persona nacida en suelo estadounidense sea ciudadano-. La revocación de la conocida como birthright citizenship fue una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario, y también una de las primeras medidas denunciadas. El mismo 20 de enero, cuando el presidente accedió al Despacho Oval, una multitud de tribunales federales rechazaron la medida, alegando que va contra la carta magna. A mediados de febrero, Trump sufrió su segundo revés en este ámbito, cuando el noveno tribunal de apelaciones de EE.UU. ratificó la decisión de los jueces federales.
