España impide la colaboración entre los consejos audiovisuales de Cataluña, País Valencià y Andalucía debido a una marcada «pulsión centralista» del Estado que se manifiesta también en la aplicación de la normativa europea sobre el sector audiovisual. Así de claro lo expresó el presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, en la jornada Perspectivas jurídicas de los medios de comunicación, que se celebró en Barcelona la semana pasada, y a la cual asistió el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, quien dio la conferencia inaugural.
“Muchas instituciones y organismos estatales no son conscientes, desde mi punto de vista, de su pulsión centralista. A menudo lo que debería ser una simple colaboración, siempre en términos de lealtad, se vive como una concesión o incluso como una laminación competencial, cuando es exactamente al revés”, señaló Xirgo ante García Castillejo, según informa el mismo CAC en un comunicado sobre la intervención del presidente del CAC en el encuentro, que se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), organizada por el CUIMPB-Centro Ernest Lluch, la XAL y BDO Abogados.
Xirgo mencionó que en Cataluña el CAC ha detectado problemas de adaptación en la aplicación de las normas europeas. Según el presidente del regulador catalán, la creación del Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual (GASSCA), previsto en la ley audiovisual española como transposición de una directiva europea, ha degenerado en un café para todos que no es útil. “El problema es que se ha puesto en el mismo paquete a los reguladores independientes y al resto de organismos dependientes de los gobiernos autonómicos, algunos de los cuales nunca han realizado ninguna de las funciones que se deben compartir en el grupo de trabajo”, advirtió. Y lamentó que la fórmula elegida será perjudicial para la defensa de la lengua catalana dentro de este grupo mencionado, que teóricamente debería velar por todas las lenguas oficiales del estado en los servicios de comunicación.
El registro de medios de comunicación puesto en marcha recientemente
Otro ejemplo al que se refirió el presidente del CAC durante su intervención, fue el registro de medios de comunicación que se acaba de poner en marcha, una medida incorporada al Plan de Acción por la Democracia del gobierno español por la entrada en vigor del reglamento europeo Digital Services Act (DSA).
“Cuando se crea el registro de medios de comunicación, que dispondrá de información sobre la propiedad de los medios y de las inversiones publicitarias que reciben, se otorgó la responsabilidad a la CNMC. Creo que es un error no añadir que esta responsabilidad debe ser ejercida, y si es necesario además posteriormente compartida, por los consejos audiovisuales existentes. Esto es, los consejos audiovisuales de Cataluña, del País Valencià y de Andalucía”, dijo. “Nadie conoce mejor la realidad que el regulador del territorio, que además del conocimiento también tiene más medios y quizás incluso más experiencia, si tenemos en cuenta que el CAC este año cumple 25 años”, añadió.
Acelerar la reforma pendiente de la ley audiovisual catalana
Según el presidente del CAC, la irrupción de las nuevas formas de comunicación ha trastocado el sector y ha provocado la necesidad de regularlo para evitar fenómenos como la desinformación. Con este argumento pidió, al gobierno español pero también al catalán, atribuir mejor las respectivas competencias para que el análisis de los contenidos problemáticos se haga desde el lugar de origen de la denuncia o desde donde se emiten los contenidos.
La otra gran demanda de Xirgo fue acelerar la tramitación de la reforma de la ley audiovisual catalana, que se aprobó en 2005, una petición dirigida al gobierno catalán pero también a los grupos parlamentarios. “En Cataluña se arrastra, lamentablemente ahora ya podemos decir que desde hace demasiados años, la tramitación de una nueva ley audiovisual”, se quejó. Según su punto de vista, en la reforma se deben incorporar las novedades sobre el mundo audiovisual que prevén los dos reglamentos europeos aprobados en 2022 (Digital Service Act-DSA y Digital Market Act-DMA), así como los dos aprobados en 2024 (Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación-EMFA y Reglamento de Inteligencia Artificial).
Xirgo alertó que el proyecto de ley audiovisual catalana, que decayó al convocarse elecciones al Parlamento en la anterior legislatura, ya partía de la carencia de haberse redactado pensando todavía con una mentalidad clásica y en unos prestadores tradicionales. “El ruego es que lo actualicen y que sean competencialmente valientes. Es cierto que la ley audiovisual española, aprobada el año pasado, marca las reglas del juego y en algunos casos condiciona, pero a mí me parece que hay margen, siempre pensando en la colaboración entre reguladores, para hacer avances y hacer que el CAC amplíe el ámbito de actuación”, reclamó.
