El juicio de la operación Kitchen podría haber sido la tumba de toda una generación de la policía patriótica, pero un cambio de estrategia, captado de manera sagaz por la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, está cambiando las cosas. Incluso el fiscal anticorrupción César de Rivas Verdes-Montenegro parece que haya optado por una resignación controlada. De hecho, la acusación del ministerio fiscal ya ha ganado el relato mediático. Todo esto porque a estas alturas nadie duda de que se hizo una operación policial no oficial para intentar recuperar información delicada sobre la financiación del PP, los llamados papeles de Bárcenas.
Ahora bien, otra cosa es que el juicio oral permita construir otras teorías y, sobre todo, derivar la responsabilidad hacia otras personas que ahora ya no podrían ser procesadas. Una maniobra que solo tribunales como la Audiencia Nacional, que manejan la agenda política y mediática, pueden asumir. La prueba de todo esto son las declaraciones de los acusados. Declaraciones profesionales, bien pensadas y que se han tejido para que ninguno de los implicados que, a priori, estaban muy enfadados entre ellos, salga perjudicado o en el peor de los casos, solo reciban el daño justo y necesario. El ejemplo, las declaraciones de este martes del comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, y del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas. Cuidadosos con su relato, Villarejo apuntó a Dolores de Cospedal y, Martín Blas, al falso cura que intentó secuestrar a la familia Bárcenas, para fortalecer su línea de defensa.
Cospedal, obsesionada
Villarejo retomó su declaración iniciada el pasado 1 de junio. Una declaración trastocada por una operación en la espalda de la cual este miércoles volverá a ser intervenido. Si durante la primera jornada solo respondió al fiscal, este martes solo lo hizo a su defensa por una cuestión de agotamiento. Una decisión que el fiscal reprochó pero que la magistrada Palacios, en una lección de derecho procesal penal, permitió. Villarejo respondió al guion de su abogado que incluso, parecía inducir las respuestas. Unas maneras de proceder que Palacios criticó.
El letrado del comisario Antonio García, no obstante, señaló a la magistrada que entendía la crítica pero que debía centrar mucho la pelota de las preguntas porque si no su cliente tendía a la «dispersión». Corrigió el sistema de interrogar y, efectivamente, Villarejo comenzó a divagar como si cantara una milonga argentina. Palacios ordenó al abogado, en un ejercicio de autoironía, que volviera a su sistema de preguntas cortas y al pie aunque se pudiera prever la respuesta.
En el interrogatorio, Villarejo, que puede dispersarse, pero sobre todo sabe lo que quiere decir, tuvo claro a quién debía apuntar. En concreto, a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y que la fiscalía quería imputar en el caso, y al expresidente español, Mariano Rajoy. Así recordó la existencia «de una libretita» de Bárcenas con anotaciones delicadas sobre la contabilidad de los populares. «Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde se encontraba el famoso M. Rajoy», destacó. «La señora Cospedal, como todo el gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz de la libretita de Bárcenas», añadió. «Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran, obviamente, yo les seguía el juego», admitió. Cospedal tiene un sobreseimiento provisional en la causa.
«La élite del gobierno»
En todo caso, Villarejo restó importancia a las anotaciones de Bárcenas porque «solo tenían utilidad política y en los medios de comunicación». Por tanto, «ni siquiera las tuvo en cuenta» para la operación de inteligencia que supuestamente le encargaron para saber dónde estaban los dineros de Bárcenas y no la documentación delicada sobre la financiación irregular del PP. De hecho, la operación Kitchen, según ha explicado, tenía un doble objetivo. Por un lado, verificar si Bárcenas tenía dinero en el extranjero y, en segundo término, si el extesorero tenía información que afectara la «seguridad del Estado».
En esta línea, Villarejo remarcó y enfatizó que «el PP nunca le encargó nada» ni nunca le «pagó nada». También quiso separar con rotundidad su actividad privada de su actividad policial oficial. Incluso, afirmó al Tribunal que su trabajo de inteligencia policial solo lo conocía «la élite del gobierno». Concretamente, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, el director de la Policía y el director adjunto operativo. «Yo siempre actuaba solo en este trabajo, no tenía hombres ni recursos a mi disposición», argumentó, en línea con lo que explicó Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, en su declaración de la semana pasada. En resumidas cuentas, ha asegurado que solo respondía al DAO y tanto en gobiernos del PP como del PSOE.
El falso cura
Por su parte, la declaración del exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, -quien no se puede ver con Villarejo- sirvió para eximirse de cualquier responsabilidad en la Kitchen. De hecho, la fiscalía le pide dos años y medio de prisión por haber ordenado las vigilancias a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Martín Blas ha remachado su declaración en instrucción: «Me enteré de la Kitchen cuando me imputaron». Negó haber ordenado ningún tipo de vigilancia, una contradicción con el testimonio del inspector Jesús Vicente Galán, jefe de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos, que explicó que Martín Blas le ordenó los seguimientos porque «Iglesias estaba en peligro».
Martín Blas replicó que es una «mentira ridícula» que ordenara la vigilancia y quiso certificar su versión con el onírico episodio del falso cura que, a finales de octubre de 2013, entró al domicilio de los Bárcenas e intentó secuestrar a Rosalía Iglesias y a su hijo Willy Bárcenas. Empuñando un revólver de cien años con las balas pegadas con pega les reclamó los papeles y los pendrive con información delicada del Estado. Era Enrique Olivares -muerto en enero del año 2022-, un exalbañil con un amplio historial delictivo, que fue condenado a 22 años de prisión por el esperpéntico secuestro que Willy Bárcenas terminó al cabo de una hora, con un cabezazo y una señora de la limpieza gritando por la ventana.
Para Martí Blas es una ofensa pensar que ordenara un «servicio de protección a la familia» que incluyera domicilios y desplazamientos, es decir, dos vehículos con agentes. «¿Pensar que pasa esto del cura y no se enteran?» se exclamó socráticamente Martín Blas. El comisario, hábilmente, aprovechó este detalle para rematar el clavo de la desvinculación que tanto Pino como Villarejo habían hecho de Martín Blas en el caso. Pino explicó que en un principio se pensó en Martín Blas para captar a Sergio Ríos como confidente, pero se desestimó y se le endosó el trabajo a Villarejo. «Desde entonces, Martín Blas no supo nada más de la operación», glosó Pino. Villarejo añadió «Marcelino no tenía ni idea».
