Uno de los jueces estrella de las causas que se arrastran del Procés es Manuel García Castellón, y ya tiene libro. De hecho, es uno de los magistrados que más páginas de la actualidad sociopolítica ha protagonizado. Como titular del poderoso y omnipresente Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha instruido causas como la operación Judas, la macrocausa Tándem -sobre las actividades del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo–, la de Tsunami Democràtic y sumarios sobre la corrupción del PP como Púnica o Lezo, así como varias operaciones contra la estructura de ETA.
García Castellón explica su experiencia personal en todas estas instrucciones en el libro Habla, para que se conozca (Deusto, 2025), una especie de memorias hechas con la ayuda de los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val. El inicio de la historia que García Castellón desarrolla en el libro se remonta al año 1994, con el caso Banesto, y llega hasta 2024, con el Procés. El libro llegará a las librerías el próximo 29 de octubre, pero El Món ya ha tenido acceso, y ha comprobado que el texto detalla con intensidad algunos de los secretos de su acción jurisdiccional y los equilibrios de poder que planean sobre la magistratura española.
El juez expone, sobre todo, su opinión sobre el Procés, y narra cómo investigó Tsunami Democràtic y la implicación que considera que tenía el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y su entorno más inmediato. De hecho, el magistrado está convencido, según expresa en el libro, de que procesar a Puigdemont y al independentismo abrió la veda política contra él. Para el juez, abrir la causa del Tsunami Democràtic e involucrar a Puigdemont fue el detonante de «la operación más grande de estado para cambiar el criterio de un juez sometiéndolo a los intereses electorales del partido de gobierno que se recuerda en democracia».
El amigo del juez que el 1-O votó seis veces
García Castellón no se está de explicar su visión de la evolución del Procés, de cómo comenzó y cómo se llegó al Primero de Octubre de 2017. En este sentido, apunta que la responsabilidad del inicio del Procés sería de Pasqual Maragall, el PSC y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En todo caso, el juez considera que hay un nexo entre el tripartito y el referéndum del Primero de Octubre que, según su criterio, se pudo celebrar gracias a la «pasividad de los Mossos», es decir, la tesis de Concepción Espejel, autora del voto particular que reclamaba la condena a la cúpula de Interior, con el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero a la cabeza.
El juez se detiene en el Primero de Octubre y hace una especial mención a lo que describe como «aparición de las urnas sin que la Policía Nacional lo pudiera impedir». Unas urnas que para el magistrado no tenían ningún valor, porque un «amigo» que «aquel día estaba en Barcelona, pero no censado en la ciudad, intentó votar: pudo hacerlo hasta seis veces sin problemas». «No tenía ningún valor legal», admite el juez, a diferencia de lo que exponía gran parte de la cúpula judicial española en sus resoluciones contra los líderes civiles, políticos e institucionales del Procés.
Investigación a los CDR
En el libro, el magistrado reconoce que comenzó a investigar los Comités de Defensa del Referéndum, posteriormente rebautizados como Comités de Defensa de la República (CDR), en paralelo a que la jueza Carmen Lamela, también de la Audiencia Nacional, comenzara a procesar a los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, así como los miembros del Govern que fueron a declarar a Madrid. Esta investigación fue para el juez la clave de bóveda del Procés, porque supuso «un salto cualitativo en la violencia independentista». De hecho, llega a afirmar que «se llegaron a confiscar explosivos en una nave industrial de Girona». Un hecho que ha pasado desapercibido en la ingente cantidad de material que la Audiencia ha llegado a acumular sobre el independentismo.
Siguiendo este hilo, el juez se vanagloria tanto de la operación Judas, con las detenciones que se llevaron a cabo el 23 de septiembre de 2019 por «terrorismo secesionista». Un caso que enlaza con el de Tsunami Democràtic, que acusa de haber dejado gente «en silla de ruedas». También rememora al policía herido en las cargas por las protestas post-sentencia y el turista francés que murió en otra terminal del aeropuerto y que ningún informe médico avala la relación entre el deceso y las protestas, ni siquiera la familia, el famoso caso del aeropuerto del Prat, en el que la víctima «sufrió una impresión tan fuerte al ver lo que estaba pasando que no pudo aguantar y, por desgracia, murió»
Tsunami y la operación de estado
El magistrado delata que los encargados desde el minuto cero de investigar Tsunami Democràtic fueron los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Aun así, admite que los agentes del instituto armado -muy especializados en terrorismo- iban perdidos por el «carácter anónimo» y la «falta de líderes visibles». De ahí que los operativos policiales alegaran «dificultades en su desarticulación». El juez, sin embargo, argumenta que, hasta las elecciones generales de 2023, la fiscalía compartía la tesis de que Tsunami Democràtic era una organización terrorista y que la instrucción avanzaba con «cientos de intervenciones telefónicas» y «procedimientos abiertos».
Su conclusión, hasta entonces, es que Carles Puigdemont había «participado en la fundación y planificación de Tsunami Democràtic». «Puigdemont ejercía un liderazgo absoluto en la plataforma», sentencia el juez. Pero, el resultado electoral cambió las cosas y el hecho de que investigara a Puigdemont, que podía decidir si investía o no a Pedro Sánchez, cambió las cosas. A juicio del juez, «comenzó la operación más grande de estado para cambiar el criterio de un juez sometiéndolo a los intereses estrictamente electorales del partido de gobierno que se recuerda en democracia». Todo orientado a hacer caer la instrucción. Hasta que todo terminó con la causa archivada por un defecto de forma: se le pasó por alto que se había acabado el plazo para prorrogar la investigación. Un error que el juez atribuye a «la falta de recursos» y el trabajo de los «funcionarios auxiliares», así como la falta «de un sistema informático fiable» que controle los plazos.
El hecho de haber prorrogado un día tarde la instrucción invalidó la instrucción hecha el 30 de julio, que se tenía que haber firmado el 29 de 2021 a más tardar. Una decisión que dejó sin efecto uno de los informes clave de la Guardia Civil para procesar a los sospechosos de haber instigado Tsunami. Finalmente, el juez se jubiló y no por eso se está de criticar sin tapujos la ley de amnistía.
