Un total de 24 años de prisión. Esta es la pena que reclama el ministerio fiscal para un acusado de corromper y agredir sexualmente de manera continuada a un menor de 16 años que se encontraba tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ahora convertida en Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El juicio está previsto para el jueves de la próxima semana en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, tras una instrucción dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona.
Según describe el ministerio público adscrito a la causa en su escrito de calificación, entre el mes de marzo y abril de 2024 el acusado conoció al menor, a quien contactó a través de su teléfono móvil. La víctima, consumidor de sustancias estupefacientes desde los 12 años, estaba entonces tutelado por la DGAIA y residía en un centro de menores, el Centro de Acogida CODA 1 de Barcelona. Una situación de vulnerabilidad que el procesado, según el criterio de la fiscalía a raíz de la instrucción, habría aprovechado para perpetrar los delitos de los que se le acusa.
«Conciencia de vulnerabilidad»
Así, la fiscalía considera que el encartado era «plenamente consciente» de la «menor edad, de la especial situación de vulnerabilidad y de la adicción a sustancias estupefacientes» de la víctima. Unas circunstancias que «aprovechó» para entregarle drogas –sabiendo que el menor no tenía dinero para adquirirlas en el mercado clandestino– «a cambio de acceder a diversas prácticas de naturaleza sexual».
En concreto, y siguiendo el relato de la instrucción, entre los meses de marzo y abril de 2024, el menor «cumpliendo la voluntad del procesado» se dirigía a su domicilio hasta «siete veces», y una vez en la vivienda, el «le conminaba a practicarle una felación» de manera agresiva. «Una vez el menor cumplía con los designios del procesado, este le proporcionaba drogas», asegura la fiscalía. Por ejemplo, a finales de junio de 2024, le entregó treinta pastillas de MDMA. De hecho, el 10 de julio de 2025 se incautaron en posesión del menor 17 de estas treinta pastillas.
Una vez la policía tuvo conocimiento de los hechos a raíz del hallazgo de las pastillas, se ordenó, el 8 de agosto de 2024, una entrada y registro en el domicilio del acusado, donde confiscaron 4,62 gramos de cocaína del 86,2% de pureza, 0,5 gramos de ketamina, 0,22 gramos de cocaína con una riqueza del 84,7% y una báscula de precisión. El hombre fue arrestado e ingresó en prisión provisional el 10 de agosto.
24 años de prisión y 10 años de libertad vigilada
Para la fiscalía, los hechos de los que está acusado el procesado constituyen un delito de corrupción de menores, penado en el artículo 188.4 del Código Penal y un delito contra la Salud pública agravado por facilitarlo a menores, del artículo 369 del Código Penal, por los cuales reclama 9 años de prisión y una multa de mil euros; y un delito de agresión sexual con penetración agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima, por el cual pide 15 años de prisión.
Asimismo, la fiscalía solicita al tribunal imponer una medida de libertad vigilada durante 10 años después del cumplimiento de las penas y la privación de la patria potestad y una inhabilitación especial para cualquier actividad que implique menores. En el juicio no habrá contacto visual entre el acusado y la víctima.
