El Ayuntamiento de Badalona y el Departament de Territori han firmado un convenio para inspeccionar los edificios próximos al inmueble que se hundió el pasado 6 de febrero en la calle de Canigó. Las dos administraciones pagarán los gastos que se deriven a partes iguales, después de llegar a un acuerdo este miércoles en una reunión celebrada a escasos metros del edificio hundido. El objetivo, dicen ambas administraciones, es redactar un informe con la participación de los colegios profesionales –entre ellos, el de arquitectos– y establecer una hoja de ruta tanto para las familias afectadas por el derrumbe como para las que han sido desalojadas por precaución.
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha detallado que pondrán en marcha «dos dinámicas», una primera de carácter «técnico» para dibujar una fotografía del panorama actual: «Nos tiene que decir dónde nos encontramos, qué ha pasado y qué hay que hacer, que es el que centrará el convenio», ha dicho Albiol. La segunda iniciativa tiene que servir para «dar respuesta a los vecinos», según ha indicado el alcalde, que defiende que el Ayuntamiento ya ha asumido las primeras inspecciones y ha invertido 100.000 euros para dar cobertura a las personas afectadas.
Según explica la ACN, desde el consistorio badalonés creen que este acuerdo permitirá un entendimiento entre administraciones de cara a los próximos pasos que haya que adoptar. En esta línea se ha pronunciado la titular del Departament de Territori, Ester Capella, que ha aclarado que la administración catalana asumirá la mitad de los costes del informe encargado. «El acuerdo permitirá que los técnicos puedan entrar a las viviendas con el aval de la Generalitat y el Ayuntamiento», ha añadido.
Malestar entre los vecinos afectados
Los vecinos afectados por el derrumbe consideran que el Ayuntamiento no ha facilitado toda la ayuda correspondiente. Los afectados le recriminan a Albiol que solo haya ofrecido el alojamiento de dos días a pesar de afirmar que se trataba de una «emergencia». Después de la reunión, los vecinos han reprochado tanto a Albiol como a Capella el retraso en las medidas planteadas. Según recoge la ACN, de los 70 vecinos desalojados, solo una veintena han necesitado un lugar donde dormir, puesto que la mayoría han preferido alojarse a casa de familiares.
En todo caso, la situación es todavía angustiosa, sobre todo para los vecinos del edificio del número seis, el que se hundió, que se han reunido para buscar un abogado que los represente conjuntamente. Otros vecinos, los del bloque del número 11, todavía no han podido entrar a recuperar sus pertenencias, esperando que los operarios puedan apuntalar todo el edificio. El derrumbamiento del día 6 provocó la muerte de tres personas y el desalojo preventivo otros vecinos próximos al edificio.
