El caso por la presunta compraventa y matrimonio forzado de una menor que se ha conocido este fin de semana ha quedado archivado por falta de indicios legales, según ha avanzado RAC1 este domingo y ha confirmado la ACN. De esta manera, la menor de 14 años ya no se encuentra bajo la protección de la Generalitat y ha regresado con su familia, sus padres, a Navarra, aunque la habrían vendido a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky. De hecho, el juzgado de Lleida, que se hizo cargo de los tres detenidos en Cataluña, se ha tenido que inhibir a favor del juez navarro porque la primera causa relacionada con los hechos se había abierto allí, donde la Guardia Civil había detenido a los padres.
La justicia de Navarra, donde vivía originalmente la menor, ha cerrado las actuaciones después de que la chica declarara el viernes que ella no se consideraba víctima de ningún delito ni de haber sido obligada a casarse. Desde la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales que se han hecho cargo del caso, han indicado que los cinco detenidos han sido puestos en libertad. Se les atribuían delitos de tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil; pero la decisión judicial de cerrar el caso apunta que no había suficientes indicios penales para continuar la investigación.
Falta de documentación del matrimonio forzado
De esta manera, la menor ha regresado a Navarra con sus padres después de pasar varias semanas bajo tutela de los servicios de protección de la Generalitat. Este sábado por la noche, la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, condenaba el caso y destacaba que el sistema de prevención había funcionado, pero ahora se sabe que la justicia de Navarra cierra el caso, ya que la menor siempre ha negado los hechos relatados por la policía durante la investigación.
Desde el tribunal también señalan que no existe ninguna documentación que acredite el matrimonio formalmente o una transacción económica. De esta manera, la unión entre la menor y el chico de 21 con quien presuntamente la habrían forzado a casarse tuvo lugar solo en el ámbito comunitario y no tiene ninguna validez legal. Por eso se constata que no hay suficientes elementos para mantener las imputaciones.
Desaparición en Navarra
La investigación comenzó en enero cuando se denunció su desaparición en Corella, Navarra. Además, la Policía Local de Corella recibió información que apuntaba que una pareja de la comunidad romaní había vendido una hija para casarla con un hombre. A principios de octubre los Mossos d’Esquadra encontraron a la menor pidiendo limosna en un supermercado en les Borges Blanques, cuando la chica se puso bajo protección de la Generalitat.
Después de localizar a la menor se encontró que, presuntamente, los padres habían vendido a su hija menor de edad por 5.000 euros, 5 botellas de whisky y algunos alimentos básicos, para que se casara con el hijo mayor de edad de la pareja, residente de Mollerussa.
Las fuerzas policiales detuvieron a cinco personas: los padres de la menor de 14 años -un hombre y una mujer de 35 años- y los compradores de la niña, que son el chico -de 21 años- que se habría casado con la menor y los padres del joven -de 40 y 42 años-. Todos han sido puestos en libertad.
El TSJC alega que el juzgado de Lleida ha tenido que inhibirse a favor de Navarra
Según ha informado el TSJC este domingo al mediodía en un comunicado, el juzgado de guardia de Lleida recibió el 8 de octubre a los tres detenidos en Cataluña, el chico con quien la menor habría estado casada por el rito romaní y sus padres. Se les investigaba por los presuntos delitos de tráfico de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado y mendicidad de menores. Sin embargo, durante la declaración de los arrestados, el juzgado de Lleida supo que había una causa previa abierta en Navarra, de manera que se limitó a decidir sobre la situación personal de los tres detenidos por los Mossos, que los dejó en libertad provisional con una única medida cautelar, una orden de protección e incomunicación de los tres arrestados respecto de la menor. E inmediatamente, se inhibió del caso a favor del juzgado de Navarra. Fuentes del TSJC remarcan que no podía hacer otra cosa y que cumplió «con la preceptiva inhibición» para que la tramitación del caso continuara en Navarra. Allí habría sido donde el juez habría decidido que la chica podía volver con sus padres y habría archivado el caso.
