106.847. Este es el número de actas levantadas por los Mossos d’Esquadra en 32 meses, por infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Es decir, las denuncias registradas en 2022, 2023 y ocho meses de 2024 (agosto). Ahora bien, el cobro de las sanciones que derivan de las denuncias ya son otro cantar. De hecho, se ha pasado de cobrar en vía voluntaria 4.373 sanciones en 2022 a solo 38 durante los primeros ocho meses de 2024.
Una rebaja que responde a la gestión del exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, que impuso al departamento la reducción a la mínima expresión de sanciones basadas en la ley mordaza. O en todo caso su aplicación más benévola. De hecho, Elena insistía en una aplicación laxa de la ley administrativa y lo confrontaba con la aplicación generosa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por cierto, una ley que debía ser derogada si había mayoría progresista en el Congreso, pero, aunque hay suficiente quórum, la derogación aún duerme el sueño de los justos. En todo caso, el departamento de Interior ha hecho balance de las denuncias, las ejecuciones y los cobros de las sanciones que arrastran estas denuncias firmadas por los agentes de la autoridad.
El pasado 13 de noviembre, la consejera de Interior, Núria Parlon, presentó las cifras por escrito en el Parlamento a demanda del diputado del PP, Juan Fernández. Unos datos que muestran cómo más del 17% prescriben y que el departamento no puede computar cuáles se cobran aplazadas, fraccionadas o en vía ejecutiva. Las cifras no especifican qué cantidad se ha cobrado pero sí la drástica caída de pagos entre 2022 y 2024.
El 2024 casi sin sanciones cobradas
En concreto, en el año 2022 los Mossos levantaron 38.142 actas; 41.498 en todo 2023 y, hasta el mes de agosto de 2024, habían levantado 26.937. En cuanto a las denuncias que han prescrito por no tramitación, los datos son provisionales, salvo para 2024, año que Interior aún no ha cerrado. Así, durante 2022 prescribieron 8.177 y durante 2023 pasó lo mismo con 10.341 sanciones. Estas 18.518 denuncias quedaron en el cajón y, como no se tramitaron dentro del plazo, decayeron. En cambio, respecto a los cobros, los datos son incompletos.
El mismo informe admite que solo pueden saber, por ahora, las sanciones pagadas que se han pagado en vía voluntaria. Un total de 6.079. Por lo tanto, no incluyen las actas en que la sanción impuesta se ha pagado mediante un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, ni tampoco aquellas en que la sanción se ha abonado por vía ejecutiva. Ahora bien, sí que los números constatan la gran caída de sanciones en solo 20 meses, que han dejado las sanciones cobradas en una cifra ridícula. En este sentido, en el año 2022, se abonaron 4.373 —un 23,29%—. En el año 2023, la cifra es una rebaja de más de la mitad, con 1.678 sanciones pagadas, un 17,29%. Y este 2024, en 8 meses solo se han pagado 28.
