La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, mantiene la presión al gobierno español para que consiga la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego dentro de la Unión Europea, tal como se comprometieron hace unos meses, pero admite que no se podían «fiar todas las cartas» a la Moncloa porque se oficializara la lengua. Así lo ha asegurado en una comparecencia a la prensa después de que el ejecutivo estatal haya descartado someter a votación esta cuestión al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas de este martes. «Mantenemos el optimismo, no ha acabado nada. Continuaremos con la máxima exigencia para que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea más bien que tarde», asegura Serret.
La consejera se compromete a seguir presionando el gobierno de Pedro Sánchez por mucho que ya no estén al frente de la presidencia de turno del Consejo de la UE, una posición que los daba ventaja en la hora de poner la cuestión sobre la mesa. En enero, la agenda de las reuniones de los ministros europeos pasará en manos de Bélgica, cosa que puede hacer que la oficialidad del catalán deje de ser un tema prioritario. En este sentido, tanto el Gobierno como el ejecutivo español mantienen la confianza en poderlo conseguir: «Acaba la presidencia española, pero no se agota el compromiso del ejecutivo estatal para hacer todo el que esté en sus manos para conseguir la unanimidad de la oficialidad del catalán en la UE», asevera la consejera, que recuerda que hace falta que todos los estados miembro esté de acuerdo aprobar la oficialidad. A pesar de que aparentemente puede parecer un contratiempo, Serret recuerda que «Europa tiene sus tempos» y que es por eso que hay que «mantener viva» la lucha por la oficialización.
El coste del catalán en Europa, una de las preocupaciones
La decisión de aplazar la votación responde a las dudas de algunos estados miembros, especialmente en el ámbito jurídico y económico de la norma. En este sentido, interpelada por los periodistas, la consejera se ha referido al informe que cifra el coste de la oficialidad en 135 millones de euros. Serret ha recordado que el Estado se ha ofrecido a asumir la cifra, pero ha querido dejar claro que se trata de un informe «preliminar» y «bastante genérico» a partir de la experiencia del irlandés, por lo cual el coste final podría no ser el detallado en este documento.
