El Departamento de Salud ha dado por cerrada la investigación sobre el caso de discriminación lingüística por parte de un médico que sufrió una paciente en el Hospital Universitario Dexeus. La Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria no considera que se deba tomar ninguna medida contra el primer médico que atendió a Anna M. P., una mujer de 77 años que acudió el pasado 15 de septiembre al servicio de urgencias del centro hospitalario de Barcelona porque había sufrido una amnesia temporal, a quien le negó el derecho de ser atendida en catalán. Y tampoco contra el segundo profesional que la atendió, que no hablaba catalán, pero que decía que lo entendía y que la asistió con un traductor al lado. Tras visitarla, redactó el informe con insultos contra la paciente al asegurar que había tenido una actitud «grotesca» y «xenófoba» por querer ser atendida en catalán.
La consejera de Salud, Olga Pané, argumenta, en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Junts per Catalunya, que la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria activó los mecanismos de inspección correspondientes tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos y de la queja de la paciente y decidió abrir un «expediente de información previa». Pané añade que, tras investigar el caso, la consejería concluyó que «la prestación de la asistencia sanitaria siguió las guías y protocolos de práctica clínica y se respondió [la Dexeus] la reclamación de acuerdo con la normativa vigente».
En efecto, la paciente, asesorada por Plataforma per la Llengua, interpuso en su momento una queja en el portal del paciente del hospital, y la Dexeus le admitió que «el profesional debió haber buscado y adoptado medidas de contingencia ante la situación: solicitando la colaboración de otro facultativo que pudiera atenderla en catalán o buscando el apoyo de otros profesionales como traductores». A pesar de que el hospital lamentó “sinceramente las molestias” y aseguró que tomaría las medidas pertinentes para «evitar situaciones similares en el futuro», el centro no abrió ninguna investigación para evaluar si era necesario tomar alguna medida contra los colegiados que atendieron a Anna.
Ninguna alusión a los insultos recogidos en el informe médico contra la paciente y opacidad sobre el expediente
A pesar de que la pregunta realizada por el principal grupo de la oposición pregunta sobre «el caso de discriminación lingüística en el Hospital Universitario Dexeus y sus consecuencias», la titular de Salud no aborda la cuestión hasta el final de la respuesta y ventila el asunto en seis líneas, dentro de una respuesta parlamentaria de cuatro páginas dedicada a repasar normativas y datos estadísticos relacionados con la lengua en la sanidad. Además, no hace ninguna referencia a los insultos que el médico dejó por escrito a pesar de que el código deontológico, los principios generales de las normas por las cuales los médicos deben regirse en su actividad, y un manual de buena praxis del Colegio desautorizan al médico de la Dexeus. De hecho, la respuesta parlamentaria de la consejería mantiene la opacidad que ha habido en todo momento en este caso, en el que la Dexeus también se ha negado a dar explicaciones a preguntas de este diario y, ahora, el departamento tampoco aclara qué explicaciones ha dado el centro médico, si ha tomado alguna medida respecto de los facultativos implicados y por qué ha decidido cerrar el caso.
De hecho, el punto cuarto del código en cuestión establece que el médico tiene el deber de «prestar atención preferente a la salud del paciente», una atención en la que «en ninguna circunstancia» puede ser interferida por cuestiones religiosas, ideológicas o políticas, entre otras, y el punto quinto subraya que «los médicos deben respetar escrupulosamente a las personas y todos sus derechos». El código, en el punto 38, también establece que un médico cuando redacta un informe debe ser consciente de que «su contenido puede tener consecuencias legales para el enfermo, para él mismo o para terceras personas» y también destaca que «debe abstenerse» de hacer «afirmaciones que no haya comprobado personalmente a partir de datos».
Más de 200 quejas lingüísticas en los últimos dos años
Lo que sí detalla Olga Pané en la respuesta parlamentaria es que en el año 2024 se presentaron, con cifras provisionales, al menos 206 reclamaciones relacionadas con el derecho de opción lingüística en el ámbito sanitario. Un dato muy similar a las presentadas en el año 2023 cuando el Departamento de Salud recibió 202 quejas por la falta de atención en lengua catalana. La consejera constata que «todas y cada una de las quejas tienen importancia individual al afectar derechos lingüísticos amparados por la normativa vigente». En este sentido, subraya que cada vez que el Departamento tiene conocimiento «hace un seguimiento de las actuaciones iniciadas en el centro sanitario donde se ha producido y, si procede, activa los circuitos de inspección sanitaria para dilucidar si ese hecho en concreto ha podido afectar la prestación de la asistencia sanitaria».
Ante los cientos de casos de discriminaciones lingüísticas en el ámbito sanitario, añade Salud ha «reforzado» la estructura interna de la Consejería para «velar por el cumplimiento de las cláusulas lingüísticas y el plan de gestión lingüística de cada centro» con un doble objetivo: «combatir los casos de discriminación y garantizar el derecho de los pacientes a ser atendidos en catalán». Por eso, explica que Salud ha creado un grupo de trabajo «multidisciplinario» para mejorar los circuitos de recogida, gestión, seguimiento, resolución y respuesta de las quejas lingüísticas.
Trabajo conjunto entre Salud y Política Lingüística
El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, añade en respuesta a otra pregunta por escrito, en este caso realizada por Esquerra, que para garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes su departamento trabaja de forma conjunta con Salud en el tratamiento de los expedientes de quejas y denuncias, formación e información sobre derechos lingüísticos. Preguntado por qué acciones específicas está impulsando Política Lingüística para garantizar que los derechos lingüísticos de los pacientes sean respetados «en centros hospitalarios privados o concertados, como el Hospital Universitario Dexeus o el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus», Vila no aborda el caso de la Dexeus y se limita a decir que «los dos departamentos se han coordinado para actuar y tienen establecido un circuito para conseguir una atención adecuada» y que los expedientes sobre las presuntas vulneraciones de derechos lingüísticos en el sistema sanitario son tramitados por Salud.
