La Plataforma por la Lengua ha denunciado el caso de un usuario de CaixaBank que se vio presionado por una trabajadora para que aceptara firmar un documento que necesitaba para el cobro de una herencia en castellano. La ONG del catalán ha publicado un audio donde se puede oír como la trabajadora le dice al usuario que si no quiere firmar el dictamen jurídico en castellano tendrá que volver otro día a la sucursal y atrasar todos los trámites. La trabajadora admite durante la conversación que, si hubiera pedido de manera expresa este documento en catalán antes de la cita, se lo habrían entregado en esta lengua, pero la entidad denuncia que CaixaBank tendría que ofrecer por defecto los documentos en catalán.
Los hechos sucedieron el 23 de mayo en una oficina de Barcelona y fue el mismo usuario quien grabó el audio donde se puede oír que la trabajadora le dice que por practicidad le conviene firmar el documento en castellano. «Usted quiere una solución rápida o no?», le dice la trabajadora, que lo presiona para que se avenga a firmar el documento escrito en castellano. La otra opción que le ofrece es «esperar» y atrasar todos los trámites hasta que tengan el documento en catalán. El usuario repite a lo largo de la conversación que quiere el documento en catalán y señala que no tenerlo es «una discriminación». Considera que aunque pueda tenerlo en catalán días después, el hecho de tener que parar trámites y volver a la sucursal le penalizan solo por querer recibir los documentos en su lengua.
La trabajadora admite que ella redactó la petición en castellano
En el audio también se oye una justificación de la trabajadora, que dice que no tiene «ningún problema» en hablar las dos lenguas. La Plataforma por la Lengua cree que el objetivo de este argumento es «rehuir el conflicto, naturalizar el bilingüismo y situar al catalanoparlante que reivindica sus derechos en una posición extremista«. La entidad considera que el comportamiento de la trabajadora es el equivalente de invitar al interlocutor a «abrazar el castellano».
En el audio se oye como la trabajadora remarca que el equipo jurídico del banco ha redactado el dictamen en castellano porque ella les hizo la petición en castellano, y se han limitado a responder en la misma lengua. También especifica que si ella hubiera pedido el documento en catalán a sus compañeros habrían redactado el documento en catalán. El problema, por lo tanto, queda focalizado en la lengua en que la protagonista del caso hace sus escritos en el trabajo. También explica que ella combina las dos lenguas porque a su familia se hablan los dos idiomas. El usuario, pero, le responde que le es igual «como hace sus comunicaciones personales», e insiste que quiere el documento en catalán. Finalmente, pero, acepta firmarlo en castellano porque tiene programada una cita a la notaría que no puede perder. Después, pero, además de enviar una queja a la Plataforma por la Lengua, ha tramitado una queja a la Agencia Catalana de Consumo.
En este contexto, la Plataforma por la Lengua pide a la entidad que cambie su política lingüística para garantizar los derechos de los consumidores catalanohablantes. «Una discriminación como esta, que puede parecer poco violenta, es solo un ejemplo más de la discriminación estructural que sufren los catalanoparlantes en el Estado español de manera normalizada, y también de la poca importancia que da CaixaBank», espeta la ONG del catalán.
