La ONG por el catalán, Plataforma per la Llengua, espiada con un ciberprograma como Pegasus. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona. De hecho, lo ha difundido después de que la justicia belga haya admitido a trámite la querella contra el Estado español y haya iniciado la investigación de los hechos. Según han detallado los responsables de la entidad, Plataforma por la Lengua presentó la querella en Bélgica porque fue el lugar donde alguno de los móviles fue infectado con el software espía en verano de 2022.
La querella se basa en dos reclamaciones. En primer término, que el Estado español identifique al responsable del teléfono o aparato móvil con que se infectó. Por otro lado, averiguar si Eurojust, el organismo europeo que tramita las colaboraciones policiales y judiciales, estaba al corriente del espionaje o bien siguió los protocolos legales para investigar los teléfonos en Bélgica, o bien se los ha saltado. La querella aporta prueba documental con peritaciones que demostrarían el ciberespionaje de las comunicaciones de Plataforma per la Llengua, una entidad muy fiscalizada por los servicios policiales y de información del Estado español.
Una querella más
No es la única querella interpuesta por ciudadanos o entidades del Estado español a raíz del escándalo Pegasus. En esta línea, hay que recordar las querellas presentadas por el jefe de filas de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, y la eurodiputada Diana Riba, los abogados Benet Salellas, Andreu Van den Eynde y Gonzalo Boye, el exvicepresidente de Òmnium, el expresidente del Parlamento y actual consejero de Empresa, Roger Torrent o el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, así como el exvicepresidente del Parlamento, Josep Costa, o el expresidente de la Generalitat, Quim Torra.
En el caso de Plataforma hay que destacar la peritación presentada con la querella. Un documento que acredita cómo se pudo detectar que el teléfono responsable de la infección es español y que el tipo de software de ciberespionaje detectado solo puede ser comprado por los Estados. El hecho que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia reconociera que tenían el software ha facilitado la admisión de la querella. Así mismo, la peritación ha permitido a los afectados saber que los atacantes accedieron a datos y documentación personal de los espiados y a canales de comunicación como correos electrónicos o mensajería instantánea como Whastapp o Telegram.
Seis delitos
La ONG denuncia que el Estado español ha cometido seis delitos recogidos en el código penal belga. En primer término, la intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles, así como la injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de los espiados, la interceptación de mensajes de los móviles y la violación de los datos informáticos, el secreto de las comunicaciones y el secreto de las comunicaciones, en particular, electrónicas.
La entidad recuerda que el artículo 550 del Código Penal belga sanciona a quién acceda a un sistema informático con conocimiento que no está autorizado para hacerlo y que el artículo 314 del mismo Código Penal sanciona quién intercepta, graba o publica las comunicaciones no accesibles en el público si no interviene y no tiene el consentimiento de todos los participantes. Además, el artículo 124 de la Ley de 13 de junio de 2005 relativa a las comunicaciones electrónicas también sanciona penalmente diferentes comportamientos contrarios al secreto de estas comunicaciones, como los que la entidad denuncia. Según razona la Plataforma, el hecho de que se haya espiado a una entidad «dedicada a la defensa de los derechos de los catalanoparlantes evidencia que la lengua continúa siendo uno de sus principales caballos de batalla».
