El 1 de febrero de 1984 diecisiete alcaldes de la Franja de Poniente se reunieron en el Castillo de Mequinensa con el consejero de Cultura aragonés de la época, José Bada, con la voluntad de normalizar en la zona la presencia del catalán, una lengua hablada entre la población sin ningún tipo de reconocimiento institucional. Coincidiendo con el 40.º aniversario de esta efeméride, el Ayuntamiento de la comarca del Bajo Cinca ha convocado un acto reivindicativo para renovar el compromiso con la Declaración de Mequinensa, que sirvió para establecer las bases del reconocimiento, dignificación y la enseñanza optativa del catalán en las escuelas. Un acto que se celebra ante la amenaza del actual gobierno del Aragón, del PP y Vox, de eliminar el reconocimiento de la lengua a la Ley de Patrimonio y suprimir las ayudas a entidades que defienden las lenguas propias. Activistas y expertos en defensa de la lengua en la Franja, que se han organizado con un manifiesto y una recogida de firmas, reconocen a El Món que el catalán tiene un futuro oscuro ante la cruzada contra la lengua iniciada tan solo al empezar la legislatura por parte del ejecutivo de Jorge Azcón.
Josep Antón Chauvel, alcalde de Alampell durante veinte años y regidor del consistorio cuando se firmó la Declaración de Mequinensa, explica a este diario que aquel acto sirvió para «dar un paso importantísimo», porque era la primera vez que alcaldes de los ayuntamientos de la Franja ratificaban que en sus pueblos se hablaba catalán, puesto que hasta entonces la lengua estaba «marginada» institucionalmente. «Supuso que el catalán entrara en las escuelas de forma optativa», una decisión que se ha mantenido durante estos años. José Ramón Noguero, uno de los fundadores del Movimiento Franjolí, explica que la declaración sirvió para dejar claro que la lengua que se hablaba en la Franja era el catalán, y rechazar denominaciones despectivas como por ejemplo «chapurreau», y se comprometían a fomentar el uso público, con acciones como por ejemplo rotulaciones bilingües en la calle y el uso a los medios de comunicación. Noguero admite que fue un «revulsivo», pero deja claro que «fue un reconocimiento de los ayuntamientos y popular, pero no supuso una oficialidad o un estatus propio para el catalán en la Franja».
El sociólogo y activista por el catalán en la Franja Natxo Sorolla, que ha impulsado una declaración a favor de la lengua firmada por más de 250 académicos de Aragón, coincide con la opinión de Chauvel y Noguero sobre la importancia de aquella declaración. Resalta que «fue un hito histórico que cambió la dinámica» y destaca la figura del consejero José Bada, originario de Fabara, en su intento para «potenciar la lengua» porque antes del año 1984 había «una total ausencia de la lengua en el ámbito normativo y de reconocimiento público». Aun así, subraya que aquel acuerdo fue una «declaración de mínimos» pero deja claro que después de cuarenta años «continúa sin haberse desarrollado por completo aquella declaración».
Un adelanto lento y regresiones continuas
Sorolla destaca que durante estos cuarenta años se ha proyectado la imagen que las formaciones progresistas siempre han estado más favorables a la protección del catalán y del aragonés que no los partidos conservadores, pero esto, según él, «no siempre ha estado así». En este sentido, destaca que hubo consenso sobre la lengua hasta finales de los 90, puesto que todos los partidos del arco parlamentario reconocen que el catalán se habla en el Aragón, a pesar de tener diferencias sobre el reconocimiento y recorrido público. Durante este periodo, desde la Declaración de Mequinensa, se producen adelantos en el ámbito legislativo, como en la reforma del Estatuto del 1996, donde se establecía que “las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón” tendrían protección y se garantizaría la enseñanza.
Y, a continuación, en 1997, se aprueba la ley del patrimonio cultural aragonés que trata el catalán y el aragonés como lenguas propias del Aragón. «Desde el año 1994 al 1997 hay un recorrido para desplegar la educación en catalán en la Franja con una asignatura optativa», subraya el activista. Noguero, por su parte, defiende que «el nexo de unión de la Franja es la lengua y la cultura que la distingue como territorio del resto del Aragón», y admite que a finales de los años 90 se veía una «brizna de esperanza que se reconocerían» el catalán y el aragonés.
A partir del año 2009, el consenso sobre la lengua se rompe y esto se hace evidente cuando se aprueban dos leyes de lenguas en solo cuatro años. La primera ley, aprobada en 2009, no establecía las lenguas como oficiales, pero reconocía que eran lenguas propias del Aragón y otorgaba a los habitantes de la Franja el derecho de recibir educación y de dirigirse a las diversas administraciones en cualquier lengua propia de su zona. Aquella ley no se pudo desplegar totalmente porque cuatro años después, en 2013, el gobierno del PP y el Partido Aragonés (PAR) impulsaron una nueva ley de lenguas que modificaba los nombres del catalán de la Franja y del aragonés por LAPAO (lengua aragonesa propia del área oriental) y LAPAPIP (lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica). «Hicieron un ridículo histórico» con unos «acrónimos desafortunados», coinciden Ramon Noguero y Josep Antón Chauvel.
La amenaza de PP y Vox para la supervivencia del catalán en la Franja
Esta ley es la que sigue vigente en la actualidad a pesar de que los socialistas, cuando volvieron al gobierno en 2015, recuperaron las denominaciones «catalán» y «aragonés» y, por otro lado, impulsaron el Instituto Aragonés del Català, dentro de la Academia Aragonesa de la Lengua, para la promoción y protección de la lengua. Pero su despliegue fue muy lento y no se constituyó hasta el año 2022. Esta lentitud contrasta con la rapidez con la cual ha actuado el gobierno aragonés de PP y Vox, con el apoyo del PAR, que con solo seis meses ya han suprimido la subvención a la Academia y han anunciado su intención de promover una modificación legal que supondría la eliminación de estas lenguas y sus nombres con el objetivo de evitar que se enseñen en las escuelas, se promuevan y se difundan.
Noguero admite que se divisa «un horizonte un poco oscuro» para el futuro del catalán en la Franja porque el gobierno autonómico tiene casi cuatro años de gobierno delante: «Tenemos el peligro que hoy en día todo el que venga de Cataluña es visto como más negativo y puede suponer que quieran suprimir la enseñanza del catalán». Una opinión compartida por el exalcalde de Alcampell. Chauvel lamenta que «la derecha reaccionaria no acepta la diversidad lingüística y cada vez que llega al poder se la carga» y advierte que «si se suprime la enseñanza en la escuela será una regresión» para la supervivencia del catalán en la Franja. Finalmente, Natxo Sorolla cree que el catalán «está en peligro» porque tanto el PP, como Vox, como el PAR defienden que el «catalán no se habla en el Aragón», y cree que esto indica que intentarán hacer «un cambio legislativo» para suprimir la protección legal la lengua. «Se usa la lengua como una arma arrojadiza», lamenta.
