La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) está bajo investigación desde que la Sindicatura de Cuentas levantó la liebre con un informe demoledor difundido en abril del año pasado. Una auditoría que puso de manifiesto las irregularidades contables, financieras y contractuales de una dirección bastante sensible dentro del entramado de la carta de servicios de la consejería de Derechos Sociales. Un año después, la DGAIA está bajo sospecha e investigada por un equipo formado por la Oficina Antifraude y por la misma Sindicatura de Cuentas, con varios expedientes abiertos por la Sindicatura de Agravios de Cataluña desde hace medio año.
El pasado 24 de marzo, casi un año después de la difusión de la auditoría, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo destituyó a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, nombrada el pasado mes de septiembre —por el Gobierno de Salvador Illa—, y a su subdirector, Joan Mayoral. Además, el Parlamento aprobó el miércoles de esta semana, a través de la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión la comparecencia de la consejera, de Carrasco y de Mayoral y ha iniciado los trámites para abrir una comisión de investigación sobre la gestión de la entidad.
La investigación de Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y la Sindicatura de Agravios tiene cuatro líneas maestras, según ha podido saber El Món. De hecho, las tres entidades fiscalizadoras lamentan la lentitud de la DGAIA en la entrega de la documentación requerida. En resumen, los cuatro tipos de irregularidades en los que se centra la investigación son la adjudicación de contratos por vía de emergencia de manera reiterada; las «plazas fantasma» en los planes de trabajo dedicados a los jóvenes; el sistema de copago de los pisos tutelados y la percepción de prestaciones en jóvenes extutelados. Todo ello, con una serie de empresas concertadas que se han beneficiado de los contratos y las adjudicaciones. Unas prestaciones destinadas, mayoritariamente, a jóvenes migrantes sin referentes en el país, sin hogar y sin ocupación.
Millones en contratos prorrogados
Una de las principales irregularidades detectadas se basa en la contratación y adjudicación por vía de emergencia sin justificación. El inicio son los expedientes de acogida a niños y adolescentes abiertos por la DGAIA en cuatro ejercicios (2016-2020), que fue de 6.927 en el ejercicio del 2016; 7.449 en 2017; 9.590 en 2018; 9.387 en 2019 y 7.893 el ejercicio 2020. Unos expedientes con los que se gestionó un importe total de 944,46 millones de euros, de los cuales 788,75 correspondían a centros gestionados por la DGAIA y 155,71 millones de euros por el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (CSSB). Ahora, Antifraude ha reclamado los expedientes desde el año 2020 y la Sindicatura de Cuentas tiene pendiente aprobar un nuevo informe antes de un mes con los nuevos ejercicios. Se está a la espera de las alegaciones que pueda llevar a cabo el departamento que dirige Martínez Bravo.
Por otro lado, otro punto candente de la investigación es el ejercicio de 2018. Un año en el que la DGAIA prorrogó 181 contratos correspondientes a servicios contratados en ejercicios anteriores, y en 112 de estos “no se firmó ningún documento de prórroga, aunque se continuaron prestando los servicios“. Es decir, constituyeron “modificaciones del régimen económico que suponían una alteración significativa de los contratos originales”. Es decir, una prolongación de las adjudicaciones, con las mismas empresas o sociedades beneficiarias, sin un amparo legal que lo justificara. La primera tesis es que estas prórrogas «constituyen actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico” e implican un gasto por encima del presupuesto sin una autorización legal.
Percepciones económicas
Otro de estos cuatro puntos objeto de investigación es el copago y el cobro de las percepciones económicas. Un sistema que puede favorecer el fraude y que podría tener elementos de malversación de fondos públicos. En primer término, la gestión de las percepciones económicas que reciben los jóvenes beneficiarios de la acogida. En principio, los jóvenes perciben directamente una prestación mensual de 754 euros. Un importe calculado en función del Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC).
Si el joven consigue trabajo remunerado, este importe debe adaptarse para que no superen en 1,5 el importe del IRSC. Por tanto, se puede extinguir, reducir o suspender temporalmente. La investigación apunta que estas adaptaciones no se han efectuado ni desde la DGAIA ni desde el Servicio de Valoración de la Prestación para jóvenes extutelados (SEVAP) -concertado con entidades privadas. Los casos que han levantado las sospechas son jóvenes que tienen nómina y además cobran la prestación.
Una situación que, incluso, les ha generado problemas con Hacienda, que les reclama el impuesto de la renta por superar el mínimo de declaración. Un escenario que ha convertido a jóvenes extutelados en deudores de la Agencia Tributaria. Otra de las fallas del sistema detectadas, que tendrían su origen en esta falta de control, es que los jóvenes beneficiarios de las prestaciones ya no residen en Cataluña.
Copago
Otro de los agujeros negros es el sistema de copago de la Prestación de Vivienda (PH). Este sistema implica que la entidad concesionaria recibe un dinero de la DGAIA para acoger en viviendas -pisos tutelados-. Les abona el piso, los suministros y el acompañamiento técnico, de inserción y educativo. Si los jóvenes tienen trabajo, deben abonar este copago que se establece en cuatro importes según las circunstancias personales. En concreto, el importe máximo es de 260 euros -un piso tendría un coste abonado por la administración (módulo) de 1.263,20 euros- a 40 euros cuando tengan ingresos que no lleguen al 70% del ISRC.
Según las primeras pesquisas llevadas a cabo, se han detectado que en los ejercicios examinados muchos de los jóvenes beneficiarios de la PH no han abonado ningún copago del piso donde vivían, a pesar de tener el deber de hacerlo debido a que tenían otros ingresos. Un vacío de control que ha hecho levantar las orejas al lobo de las entidades fiscalizadoras sobre todo en la relación del departamento de Derechos Sociales con las empresas, sociedades o fundaciones que gestionan este tipo de prestaciones sociales. Es decir, que a pesar de tener la obligación de pagar parte del módulo del piso, esta no se llevaba a cabo y le correspondía a la administración pagar el cien por cien del importe de la prestación.
«Plazas fantasma»
Este es uno de los puntos más inquietantes que persiguen los investigadores. De hecho, es una de las partes donde temen que se pueda encontrar gran parte del fraude por el desorden de la administración de la DGAIA. Este apartado de la investigación viene relacionado también con el presunto fraude del copago de los pisos tutelados. El sistema que la entidad que gestiona los pisos de los jóvenes extutelados cobra por persona residente entre los 1.260 euros a unos 1.010 euros mensuales. La documentación y los testimonios recogidos hasta ahora indicarían que se habrían cobrado módulos por jóvenes que no residían en los pisos tutelados.
La alarma se disparó sobre todo en Pisos de Inserción Laboral (PIL), en los que se han detectado cobros de módulos por jóvenes que no estaban en el piso. Unos cobros que se habrían abonado por parte de la administración sin que haya habido un control previo o un sistema de verificación a evaluación permanente tal como contempla la normativa. Es decir, jóvenes que eran perceptores de la prestación económica, además eran beneficiarios de la prestación de vivienda, cuando tenían una nómina de trabajo. No solo no se había adaptado a la prestación que percibían, sino que tampoco a su parte de copago. De esta manera, la entidad obtenía todo el módulo de la administración sin percibir un euro de quienes estaban bajo su control.
