La carrera para la erradicación del amianto antes del 2032 ha acelerado este martes. El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley impulsado bajo el mandato de Pere Aragonès para poder llevarlo al Parlamento, el último trámite antes de la elaboración del esperado nuevo reglamento, que debería estar listo durante la primera mitad de 2025 y que debe culminar con la eliminación de la presencia de esta sustancia en territorio catalán en cualquiera de sus formatos.
Los resultados del último estudio sobre la presencia de amianto en Cataluña se presentaron a finales del pasado mes de abril. El análisis fue realizado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que elaboró un mapa con un censo de las cubiertas de fibrocemento que hay repartidas por el territorio. Este análisis concluyó que hay cerca de 800,000 tejados con amianto, la mayoría de los cuales en Barcelona y su área metropolitana. Este censo, sin embargo, es incompleto, ya que no tiene en cuenta el amianto utilizado para los desagües, tuberías o el que se encuentra en el interior de viviendas o recintos industriales.
Con el objetivo de avanzar en este recuento real de las toneladas de fibrocemento que hay repartidas por el territorio, que según los cálculos del Gobierno serían entre dos y tres millones de toneladas, la Generalitat se ha adelantado a la aprobación definitiva de la Ley en el Parlamento y ya está elaborando un censo propio sobre el amianto en Cataluña, comenzando por los edificios de titularidad pública. Del total de 6,500 inmuebles evaluados, correspondientes al 83% de todo el parque público, los técnicos han detectado presencia de fibrocemento en casi 500, una cifra que no llega al 10% del total de edificios analizados hasta ahora. Esta sustancia tóxica se encontraría tanto en cubiertas y tuberías como en otros elementos.
Intervenciones en parques de Bomberos y un censo municipal incompleto
Es importante recordar que en los últimos años se ha actuado en varias instalaciones educativas o sanitarias donde había fibrocemento que ya había agotado su vida útil o que estaba en mal estado de conservación. Una de las próximas actuaciones ya planificadas es la intervención en catorce parques de Bomberos de Cataluña donde también se ha detectado la presencia de esta sustancia.
En paralelo, el Gobierno está colaborando con los ayuntamientos para elaborar el censo de la presencia de este material en sus términos municipales, una obligación marcada por normativa estatal que daba como plazo máximo hasta abril de 2023 y que hasta ahora solo 259 municipios catalanes han cumplido, un 27% del total. El ejecutivo catalán apunta que de estas localidades, solo hay seis que han hecho un trabajo detallado y completo, incluyendo equipamientos públicos y privados. Se trata de Badia del Vallès, Flix, Masquefa, la Pobla de Segur, Ripoll y Sant Llorenç de la Muga. Con todo, es importante remarcar que el reglamento estatal no especificaba la forma que debía tener este documento, de manera que cada pueblo o ciudad ha hecho lo que ha creído conveniente.
