Las prisiones catalanas tendrán un programa renovado de prevención de los suicidios. Cinco años después de su implementación, las consellerías de Justícia y de Salut han anunciado este lunes en una rueda de prensa conjunta recogida por la ACN que revisarán este protocolo con el objetivo de reducir la alta tasa de suicidios en las diferentes instalaciones repartidas por el territorio. Este año se han registrado once casos en una población total de unos 8.000 internos y se ha activado el protocolo de riesgo 549 veces, la mayoría por nivel bajo o moderado.
Según ha explicado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, el programa del 2019 tiene que servir de base para poder trabajar en un nuevo protocolo, pero entretanto hay que ponerlo al día. Por este motivo y buscando un impacto a más corto plazo, la previsión es que se apliquen 10 medidas concretas que han surgido del grupo de trabajo de expertos de las dos consellerías y que pretenden mejorar la prevención, la detección y la actuación.
Las diez medidas que se aplicarán a corto plazo
La primera de estas será crear en dos semanas una mesa permanente en cada prisión para evaluar el riesgo de suicidio de los internos y las medidas que tomar. Se reunirá mensualmente y trasladará inmediatamente sus recomendaciones y propuestas de soluciones. También se hará sensibilización y formación a todos los implicados en la cuestión y se difundirán las guías de prevención.
La tercera de estas propuestas es la creación de un sistema de alerta sobre acontecimientos críticos que activará medidas de protección indicadas por un psicólogo o psiquiatra, informando a la dirección del centro. La cuarta medida involucrará a los internos en la prevención del suicidio, con un buzón de aviso de riesgo y se pondrá en marcha la figura del interno de apoyo. La mesura número 5 será monitorizar las activaciones del protocolo de riesgo y las actuaciones que haga la atención primaria sanitaria. Una de las medidas más palpables será que en dos meses se hará una lista de herramientas o medios peligrosos a los cuales los presos con riesgo de suicidio no podrán acceder.
También se intentará crear espacios alternativos para el aislamiento, más «amables, flexibles y menos restrictivos» y con videovigilancia. La octava medida será garantizar la estabilidad de los funcionarios de los DERT y las celdas de aislamiento, ya especializados, y la novena va en la línea de facilitar la conexión entre las prisiones y el historial médico del preso. Para acabar, la décima será realizar en tres meses un estudio del riesgo de suicidio con perspectiva de género, para analizar con más profundidad las circunstancias especiales de las presas.
