Intensa rueda de prensa del colectivo Samarretes Negres, la plataforma que agrupa, al margen de los sindicatos, el personal de los centros penitenciarios de Cataluña. En una comparecencia, los representantes de las prisiones de Mas Enric, Lledoners, Cuatre Camins y Ponent, han reclamado al presidente Pere Aragonès que cese la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Armand Calderó, a la vista que han anunciado que no piensen dimitir. El argumento es que consideran que la muerte de la Nuria, una cocinera de la prisión de Mas Enric, a manos de un interno, es una muerte con una “responsabilidad política” que hay que encarar. «No queremos manos manchadas de sangre», han remachado.
La Georgina, Gabi, Sara y Raquel han detallado cómo es el día a día en el interior de las prisiones para justificar sus demandas de ”reconocimiento de la autoridad» y de más personal para afrontar la gestión de los centros penitenciarios. En esta línea, han criticado la «imagen» que hay al imaginario popular sobre la figura de los funcionarios de prisiones y contra la idea que «son vistos como torturadores». Experiencias diarias, relatos de presos que no quieren salir de su módulo de aislamiento por miedo, «faltas de respeto» y «perversión de las herramientas, como el reglamento penitenciario» para poder afrontar los desafíos de los internos. La rueda de prensa se ha celebrado en uno ambiente de calma en las entradas de las prisiones después de que se hayan levantado los bloqueos de los últimos días.
Sin herramientas y sin disciplina
La queja de los cuatro funcionarios que han comparecido esta mañana se basa sobre todo en la carencia de autoridad que sufren. En esta línea, han reclamado su condición de «cuerpo de seguridad» y han reprochado que no tengan la cobertura como «agente de la autoridad» como disfrutan los maestros, los médicos o los policías. Además, mascullan por la carencia de herramientas y por la «perversión del uso del reglamento penitenciario» que los debilita en su situación. «Si hace diez años la sanción por una amenaza a un funcionario era de cinco días, ahora se ponen dos, el mínimo del reglamento y con petición de reducción», explican cómo ejemplo de la situación.
En el memorial de quejas han detallado que cada vez los limitan más la posibilidad de hacer cacheos, donde encuentran droga o móviles o «pinchos» -es decir, armas fabricadas artesanalmente-. También han puesto en entredicho el sistema penitenciario catalán que lamina la autoridad de los funcionarios y del equipo terapéutico. «Sin disciplina, no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay reinserción», han sentenciado los comparecientes.
