Mentir en los atestados, acusar falsamente y maltratar de obra. Estas son las durísimas acusaciones del ministerio fiscal que tres guardias urbanos de Hospitalet de Llobregat tendrán que enfrentar en un juicio este lunes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona. En resumen, la fiscalía solicita penas de prisión de hasta 4 años y multas de 12.360 euros a miembros de la unidad Centurión del cuerpo municipal, por una actuación del 14 de enero de 2023 en un accidente entre un autobús urbano y un peatón.
Según el relato de la fiscalía, el cabo y los agentes procesados se confabularon para mentir y falsificar atestados para acusar a un testigo del accidente que no quiso testificar. Y que, según el escrito de acusación presentado, al que ha tenido acceso El Món, recibió empujones, lo agarraron por el cuello, lo tiraron al suelo y fue amenazado por parte de los policías. A juicio de la fiscalía, los tres policías conspiraron y mintieron en los atestados para hacer pasar al testigo por sospechoso de un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Una «irregular actuación policial», según la definición de la fiscal del caso.
Un accidente y una negativa
La historia de los hechos, investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de l’Hospitalet, comienza el día del accidente, cuando los policías, «uniformados» y con el «vehículo logotipado», se personaron en la avenida Miraflores, donde se había registrado el accidente. Uno de los policías identificó a un testigo y le pidió colaboración para recoger su versión por escrito a través de un acta de manifestación. El hipotético testigo, ahora víctima, se negó porque «no deseaba constar como testigo del accidente».
Una negativa que no le sentó bien al agente, quien lo comunicó a su superior, el cabo. El suboficial, siempre siguiendo el relato del fiscal, no tuvo reparo y agarró por la chaqueta al testigo y le pidió el DNI. El testigo se volvió a negar y el cabo le habría advertido al grito «si no me lo das por las buenas, me lo darás por las malas» y le propinó un empujón. La negativa persistió y, siguiendo la narración del fiscal, el cabo lo volvió a empujar, lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Un tercer agente, ahora acusado, se sumó a la reducción y registraron al testigo a pesar de los gritos de la víctima de «me estáis destrozando«. Un grito que era replicado por el cabo con un «ya sabes cómo van las cosas, te relajas». Una vez dejaron de reducirlo, la víctima sacó el teléfono móvil y les mostró una fotografía de su DNI, y una vez identificado lo dejaron marchar.
En comisaría cambian las cosas
Una vez terminaron el servicio, los tres agentes se pusieron de acuerdo para «encubrir una irregular actuación policial», según la fiscalía. Para llevarlo a cabo, «confeccionaron una minuta policial con ánimo de mentir, que no se correspondía con la realidad, un relato de hechos falaz donde el testigo aparecía como denunciado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad». El fiscal destaca que en la minuta se hacía constar que el testigo «increpaba a la víctima del accidente» y «dificultaba la tarea policial» así como que mantenía una «actitud exaltada». Incluso que les habría amenazado con «tocarles la cara». Además, lo acusaban de dar datos falsos y de insultar al cabo llamándolo «chulo de mierda» y que «si no fuera porque llevaba pistola le daría dos hostias».
La minuta tenía la firma de los tres policías acusados, pero faltaba la de una agente que se negó a firmarla y que les pidió corregirla. El cabo de la unidad decidió seguir adelante y firmar la minuta sin la firma de la agente que faltaba. Este atestado tuvo repercusiones y seguimiento en el Juzgado de Instrucción número 1 de l’Hospitalet, donde los tres agentes ratificaron el contenido de la denuncia el 14 de marzo de 2023. Pero al día siguiente, el 15, compareció el denunciado y ahora víctima, y el juez decidió archivar el caso.
Unas imágenes grabadas de los hechos han dado un giro al caso y ahora la fiscalía solicita condenar a los tres policías a 4 años de prisión a cada uno por un delito de falsedad en documento oficial, así como multas de 5.400 euros; multas de 6.480 euros por acusación y denuncia falsa y de 480 euros de sanción por un delito leve de maltrato de obra. El juicio decidirá.
