La Generalitat de Cataluña plantea renovar el canon del agua para hacer pagar más dinero a toda aquella gente que consuma más. Esta reestructuración, que llega en plena emergencia por la sequía prolongada que atraviesa el territorio catalán desde hace más de dos años, pretende modificar la norma actual en el artículo sobre los tributos que recaen sobre el ciclo del agua, que se obtienen de la suma de una parte fija y una de variable, y se establecen sobre cuatro tramos para la fija, de uno, dos, tres y cuatro euros mensuales respectivamente. En caso de que las personas no consuman agua, es decir, que el volumen de consumo sea cero, el precio estipulado por el canon es de 4 euros mensuales por metro cúbico.
El objetivo de esta remodelación es castigar todos los establecimientos que ya hace tiempo que están vacíos, es decir, que no vive nadie, puesto que desde el Gobierno consideran que son viviendas sometidas a la especulación. También pretende eliminar alguna de las bonificaciones actuales para grandes consumidores y ampliar el listado de colectivos que quedan exentos de la tarifa social sobre el agua. Todas estas remodelaciones de la norma actual quieren acercar más la realidad del canon a la situación de emergencia hídrica que amenaza el país, y por la cual el ejecutivo catalán ya ha impulsado una serie de restricciones para reducir el volumen de consumo de recursos. La reforma, pero, tiene en cuenta en todo momento lo consume necesario e imprescindible por cada ciudadano.
Los once colectivos bonificados
En concreto, el borrador del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos, compilación once grupos que se pueden ver beneficiados por las bonificaciones que los eximen de la tarifa social, es decir, para los cuales se prevé un canon de cero euros por metro cúbico. Se trata de los pensionistas jubilados o por invalidez, pensionistas del seguro obligatorio de vejez e invalidez, pensionistas que cobran la pensión mínima por incapacidad permanente, receptores de prestaciones sociales de carácter económico, familias con todos los miembros al paro, las personas que reciben la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital o las personas y unidades familiares que acrediten que se encuentran en riesgo acreditado de exclusión social, entre otros.
