Solución casi salomónica ante la crisis abierta y permanente por el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Esta mañana, en una nueva sesión de la comisión de investigación parlamentaria del caso, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, ha anunciado que el 31 de diciembre no se hará una nueva licitación de la gestión de prestaciones en programas de extutelados. Una fórmula que hace que “deje de tener sentido” el trabajo que realizaba la UTE Resilis Mercè Fontanilles, donde están las dos entidades investigadas por la Oficina Antifraude.
La reforma no termina aquí. Según Martínez Bravo ha detallado que la ayuda se calculará de forma “semiautomática, con datos administrativos”, y que las tareas de seguimiento socioeconómico “dejan de ser necesarias”. El acompañamiento socioeducativo a los jóvenes extutelados se hará «con personal propio» de la Administración, una demanda del sector tal y como se ha visto en las comparecencias de los expertos y de los trabajadores sociales en la misma comisión. El cruce de datos permitirá prescindir de las entidades investigadas.
Un nuevo sistema administrativo
Así, en la nueva fórmula supondrá que en todas las prestaciones vigentes en el ámbito de la protección a la infancia se comprobará con “la vida laboral de los beneficiarios, las bases de cotización, el padrón, el catastro y la información de salud”. “Cuando se detecta que un joven comienza a trabajar, la prestación se le ajusta”, ha especificado. Martínez Bravo ha enfatizado que este sistema supone que “por primera vez en la historia” habrá datos mensuales de la tesorería general de la Seguridad Social, donde están las bases de cotización de los jóvenes y se podrá hacer un control más concreto, preciso y prácticamente al día.
Todo esto, una modificación de la administración poniendo “más tecnología” que pone “orden y calidad”. Martínez Bravo sostiene que permitirá una “mejor gestión de los recursos públicos” y un “uso más diligente dando prestaciones que a cada uno le corresponde”. Un sistema que, a priori, debería evitar el descontrol de las prestaciones que destapó tanto una denuncia de Antifraude como el informe de la Sindicatura de Cuentas.
