Sesión intensa esta tarde en la comisión de investigación por la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). De hecho, ha sido casi una doble sesión, un tanto clandestina, porque en una primera convocatoria ha comparecido a puerta cerrada, el alertador protegido por la Oficina Antifraude que destapó la polémica de los pisos asistidos para jóvenes en la demarcación de las comarcas de Girona.
Y, en una segunda sesión, con Maria Teresa San Miguel, exjefa de servicio del Área de los Jóvenes Tutelados y Extutelados de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y Cesar Hergueta, educador social y miembro cofundador del Colectivo de Educadores Sociales de Centros Propios. Ambos en calidad de expertos.
Especialmente conmovedor, duro y esclarecedor ha sido el testimonio de Hergueta que ha cargado contra el exceso de privatización de los servicios de la DGAIA a través de los centros privados, -que ha bautizado como «Papagaïa», por sus cambios de nomenclatura-, por el poco control político que ha tenido y por la «desidia y negligencia» que ha supuesto su gestión así como la falta de inspección cualificada. Incluso, ha criticado la calidad de la comida de algunos centros que ha calificado de «patética». Una privatización que levanta todo tipo de suspicacias.
La banalidad del mal y revictimización
Huertas ha contextualizado los servicios de la DGAIA internos en centros como un ejemplo de la «banalidad del mal» y la «revictimización» de los niños que sufren los internamientos, porque no tienen recursos para cubrir sus necesidades asistenciales y educativas. «Las privatizaciones son tan grandes y enormes que en 9 años se han creado 1.300 plazas residenciales y son privadas», ha detallado. «Como la Administración no da suficiente apoyo a los centros públicos propios, externaliza los servicios porque de esta manera parece que gestiona», ha asegurado.
«No hay suficiente inspección ni cualitativa ni cuantitativa de los centros, ni de los públicos no quiero ni pensar en los privados», ha criticado. Así ha admitido que si los centros públicos sufren «sobrecarga, saturación, complejidad… cómo estarán los privados». «Este exceso de privatización denota desidia y negligencia por no asumir la responsabilidad de nuestros niños», ha concluido. Una negligencia y una desidia que sale gratis», ha remachado. Por eso, ha pedido más recursos y más controles como la comisión de Infancia del Parlamento. «Desde el momento que no se puede hacer suficiente seguimiento no se sabe si es negocio, pero los datos y la prensa nos dicen que sí, por lo que del tal vez es más fácil privatizar que tener un control propio», ha argumentado.
De hecho, su conclusión es que para «desempoderar a los profesionales los saturan». También ha lamentado que los servicios de inspección están «desbordados». Huerta ha remarcado que como colectivo han estado formulando quejas a la administración y a la Sindicatura de Greuges. También ha propuesto una «mejor organización que ahorraría recursos, pero nunca he visto ganas de mejora». Por ejemplo, Huerta ha recordado que si bien las primeras oleadas de jóvenes que llegaron podría coger con el paso cambiado pero «después tienes que hacer previsiones».
