Lunes de comisión de investigación por la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el Parlamento de Cataluña. Esta mañana han comparecido los exconsejeros de Bienestar Social y Familia Josep Lluís Cleries y Neus Munté. Ambos han negado contratos de emergencia de la DGAIA antes de 2016, fecha en la que la Sindicatura inicia el informe que detectó las irregularidades en su gestión. Sin embargo, Munté ha admitido que durante su mandato sí percibió «grietas del sistema», aunque durante su gestión había suficiente control.
En todo caso, ambos han recordado que las cifras de menores migrantes que llegaron mientras ostentaban la dirección de la consejería no eran comparables con las cifras fiscalizadas por la Sindicatura. Asimismo, han recomendado la reducción de la burocracia pero al mismo tiempo más control de la gestión. Por otro lado, los exdirectores de Atención a la Infancia y la Adolescencia que también han comparecido, han insistido en valorar las tareas de prevención realizadas en el departamento, y el trabajo en equipo de los diferentes implicados.
«Suficiente control»
Munté, consejera del 27 de diciembre de 2012 al 14 de enero de 2016, y que fue la sucesora de Cleries que lo fue desde el 29 de diciembre de 2010 al 27 de diciembre de 2012, ha recordado cómo durante su gestión se reforzó la tarea de la prevención. De hecho, ha argumentado que los mecanismos de control «sí eran suficientes». Como Cleries, ha asegurado que «no se encontraron en la necesidad de situaciones de emergencia aunque el contexto económico «era precario» a raíz de la crisis de 2008. En este sentido, Munté ha insistido en que «preservaron el gasto social» a pesar de la situación financiera. Para Munté, no se encontraron situaciones de pagos indebidos aunque sí descubrieron que el programa de prestaciones era «obsoleto», «poco compacto» y «muy heterogéneo» que incluso, podía llevar a situaciones contradictorias.
Por su parte, Cleries ha destacado que las cifras de menores migrantes que llegaban a Cataluña eran muy pequeñas en comparación con las actuales. Así ha destacado «la avalancha» de 2023, con 2.230 niños migrantes, por los 286 del año 2012 en Cataluña. De hecho, el también exsenador de Junts ha querido marcar distancias con la gestión posterior porque «ve diferencias entre su experiencia y lo que se describe en los informes en materia de prestaciones, gestión y seguimiento, ya que entonces se hacía desde la misma dirección general y no mediante una entidad, como a partir de 2017″.
Una idea que también ha sostenido la exdirectora de la DGAIA entre febrero de 2013 y enero de 2016, Maria Mercè Santmartí, quien ha afirmado que en aquel momento no necesitaron contratos de emergencia. En la misma línea, ha reivindicado que la gestión de apoyo económico estaba sometida a un «riguroso control». De hecho, ha enfatizado que la cifra era absolutamente controlable. Munté también ha defendido la externalización pero con un «control exhaustivo».
«Grietas del sistema»
Munté ha subrayado que no se encontraron en ninguna situación como la que ahora es objeto de investigación, por el caso de una menor tutelada por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales. Ahora bien, ha recordado el caso Trinity, una red de pederastia internacional con al menos 7 víctimas tuteladas por la DGAIA desarticulada en 2015. En este caso, ha reconocido que no tuvieron indicios, pero sí que detectaron «grietas en el sistema» porque «el «riesgo cero no existe».
