Finalmente, el Parlamento de Cataluña ha podido escuchar, con todo detalle, al alertador del caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). Un trabajador de los servicios sociales destinado a la demarcación de Girona que denunció las irregularidades que investigan la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y la Sindicatura de Agravios y que ha generado un verdadero terremoto político y social. De hecho, el alertador tiene estatus de «persona protegida» otorgado por Antifraude a raíz de las amenazas –incluso de muerte– y las coacciones que ha recibido por haber destapado la caja de Pandora del caso DGAIA.
El alertador compareció en una sesión especial de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre la DGAIA, a puerta cerrada, el pasado ocho de mayo. Un viernes por la tarde. El Món ha tenido acceso al acta de la sesión y la transcripción de su comparecencia, donde el alertador expuso con suficiente detalle el contenido de sus denuncias y respondió sin rodeos a las preguntas de los portavoces parlamentarios. El contenido de su intervención fue claro: «Hacía años que se estaba produciendo una malversación de fondos públicos». En esta línea, concluyó que ha habido «aprovechados» que «han utilizado a los jóvenes para enriquecerse» y, posiblemente, «una estructura B».
«Mala gestión pública estructural y sistémica»
La sesión no fue un camino de rosas, tuvo momentos de tensión, que obligaron al presidente de la comisión, el socialista igualadino Jordi Riba, poco amigo de los aspavientos, a pedir serenidad a los portavoces recordando que era una comisión parlamentaria y no un tribunal donde se dictaminan imputaciones. El alertador asistió a la comisión después de un largo tira y afloja político y acudió acompañado del jefe de la unidad de las personas informantes de la Oficina Antifraude, así como de su técnica de referencia de la entidad de control.
El alertador dividió su comparecencia, a grandes rasgos, en dos bloques. En primer término, la detección de irregularidades y, en segundo lugar, el proceso de denuncia, que le ha costado una baja laboral de meses, acoso y la actuación de la inspección de trabajo. Todo en un contexto en el que aseguró que «fallaron los mecanismos de alerta externa e interna». «Todo ello constata el carácter estructural y sistémico de la mala gestión pública que ha habido durante años y cómo los actores implicados han mirado hacia otro lado para que todo este asunto no llegara a la esfera pública y política», sentenció antes de iniciar sus explicaciones.
Lo detectó en septiembre de 2023
El compareciente detectó el caso en septiembre de 2023, cuando se incorporó como técnico educativo al Servicio de Seguimiento y Valoración de la Prestación Económica para Jóvenes Extutelados de la demarcación de Girona, el SEVAP. Un servicio gestionado por la unión temporal de empresas integrada por la Fundación Resilis y la Fundación Mercè Fontanilles, investigadas en el caso. De hecho, el alertador trabajaba en la Fundación Resilis desde el año 2018 en funciones educativas y de gestión en diversas residencias vinculadas al sistema de protección. El SEVAP, que era operativo desde 2022, tenía como objetivo hacer el seguimiento y la valoración de las prestaciones que reciben los jóvenes extutelados.
En el curso de su trabajo, según detalló, detectó «un conjunto de irregularidades que afectaban al mantenimiento de las prestaciones económicas y de vivienda de jóvenes extutelados de acuerdo con la normativa aplicable». Unas «irregularidades que perjudicaban y ponían en riesgo al propio joven», su educación. En síntesis, las irregularidades detectadas y que puso en conocimiento de los responsables del servicio eran la incompatibilidad entre ingresos laborales y la percepción de la prestación económica para jóvenes extutelados, la correcta aplicación del copago en los pisos asistidos gestionados por la Fundación Resilis, la correspondencia entre presencia efectiva del joven en el recurso residencial y la facturación asociada por la entidad gestora, es decir, «plazas fantasma».
«Malversación de fondos públicos» y «plazas fantasma»
El primer caso detectado fue en enero de 2024, cuando detectó a un joven extutelado que percibía una prestación y que llevaba meses trabajando en Valencia. Además, se hacía constar en su expediente que mantenía la residencia en un piso asistido de Resilis. De hecho, el informe del joven apuntaba un cambio de domicilio por una posible reinserción laboral, validada por la responsable del servicio, cuando el beneficiario ya llevaba más de seis meses viviendo en Valencia. El alertador presentó un informe reclamando la extinción de las prestaciones, pero la supervisora del servicio le obligó a cambiarlo para poder dar el visto bueno a la continuidad de las prestaciones.
Días más tarde, el 29 de enero de 2024, un joven extutelado se quejó al alertador de las condiciones que disfrutaban amigos y conocidos suyos que residían en los pisos asistidos de Resilis y de las que él no se beneficiaba. El alertador contrastó la información y descubrió la certeza de las irregularidades, tales como incumplimientos de la normativa para obtener derecho a prestaciones o planes de trabajo individualizados que no se ajustaban a la realidad de cada caso. «Lo puse en conocimiento de mis superiores que, a su vez, lo hablaron con el director de pisos asistidos de Resilis», remarcó. En concreto, entre enero y mayo de 2024 alertó internamente de las continuas irregularidades «sin ningún resultado».
Finalmente, y siguiendo el relato expresado en la comparecencia, «el alertador avisó verbalmente a la coordinación del SEVAP de lo que estaba sucediendo». «Ella me reconocía que era consciente de la situación y que hacía años que se estaba produciendo una malversación de fondos públicos», subrayó a los diputados. «También sabía que el servicio de vivienda estaba cobrando plazas fantasma», añadió. «Intentó convencerme de que parte de mis funciones laborales serían falsear documentación de forma sistemática. Me negué categóricamente», relató a los portavoces parlamentarios. Fue entonces cuando sufrió el acoso laboral y reclamó la puesta en marcha del protocolo de protección interna contra el acoso laboral.
Nadie le hacía caso y recibía amenazas de muerte
El alertador narró y detalló toda una serie de encuentros y reuniones en las que insistía en denunciar las irregularidades. En concreto, un encuentro el 25 de abril de 2024, cuando se celebró una reunión virtual con la dirección del SEVAP y la responsable de recursos humanos. «Son conscientes de lo que estoy alertando, pero hacen caso omiso». El cinco de mayo se reunió de manera presencial con el director del área internacional de Plataforma Educativa «a fin de denunciar todo el entramado otra vez». «Le expliqué absolutamente todo, y no movió ni un dedo», concretó. El 13 de mayo volvió a enviar un correo electrónico a los responsables de las entidades solicitando que activaran por segunda vez el protocolo contra el acoso. Ese día tomó la baja.
Una vez constatado que las denuncias internas fueron inútiles, denunció los hechos a la Oficina Antifraude, a la Sindicatura de Agravios, a la Inspección de Trabajo -que sancionó a la empresa encargada del servicio donde trabajaba el alertador- a la misma DGAIA y a los Mossos d’Esquadra, por las amenazas de muerte instigadas por varios jóvenes extutelados. «Según los jóvenes, la dirección del proyecto de vivienda de Resilis me señaló ante ellos como el responsable de que dejaran de percibir prestaciones a las que ya no tenían derecho», rememoró. «Fue una medida desesperada para intentar intimidarme y que no continuara adelante con el proceso de denuncia», adujo. Las amenazas aún están pendientes de juicio.
«Quien más pasa, plaza que factura»
El alertador lamentó que las irregularidades implican costos sobre la educación y la integración de los jóvenes extutelados. «Los jóvenes que se encontraban en los pisos sabían que no era correcto que cobraran ese dinero o que no se les aplicara un copago, de la misma manera que sabían que desde el SEVAP también se miraba hacia otro lado», planteó. «Yo les pregunto: ¿qué creen que aprendían esos jóvenes viendo todas estas artimañas?», planteó socráticamente ante los parlamentarios.
A pesar de ello, reconoció que es «relativamente habitual que existan incidencias», pero añadió que se pasaba de la raya «dar una prestación económica a la que no tenían derecho». Una decisión que, a su criterio, «servía para tener a los jóvenes contentos y tranquilos y dar estabilidad al proyecto de vivienda». «Quien más pasa, plaza que factura», denunció ante los diputados del Parlamento. «El problema radica en el hecho de que se estaba generando una ayuda arbitraria, que estaba condicionada por unos intereses empresariales; es decir, el interés superior del joven era sustituido por un interés económico de carácter privado», afirmó.
«Una estructura B»
«Ha habido una falta de actuaciones de control y supervisión por parte de la administración sobre las entidades concesionarias», sentenció remarcando que no tenía ninguna intención de «criminalizar a los chicos», todo lo contrario. «La denuncia ha sido para mejorar el sistema de protección, es decir, aquí a los jóvenes se les ha utilizado para enriquecerse y se les ha utilizado para escudarse que aquí no había pasado nada, lo cual me parece lamentable; a estos jóvenes se les ha utilizado, por todas partes», añadió.
«Yo creo que aquí queda muy claro que había una estructura B», especificó a preguntas de los diputados que le pidieron por la gran cantidad de casos de prestaciones indebidas. «Ante toda esta mala gestión, ante todo este caos aparente, ha habido cuatro aprovechados que se han dedicado a facturar a costa de estos jóvenes», argumentó. «Y les ha dado igual, les ha dado igual las consecuencias para estos jóvenes de cobrar todo ese dinero», concluyó.
