La cumbre educativa entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la oposición para abordar un posible pacto de país sobre educación ha terminado sin avances significativos, pero con la creación de más grupos de trabajo. La consejera Esther Niubó ha adelantado la constitución de una mesa con representantes de todos los partidos –excepto de Vox, que no ha querido participar– y el presidente del Consejo de Educación de Cataluña, José Manuel del Pozo, para que los partidos puedan también fijar la agenda del debate que el ejecutivo quiere hacer con la comunidad educativa. Por otro lado, Niubó ha propuesto a los grupos una segunda mesa de trabajo para “poner en común” cuál debe ser la “senda” para alcanzar el 6% del PIB en educación.
“Este trabajo interno es también lo que hemos estado haciendo en los últimos encuentros de septiembre”, apunta Mónica Rodrigo, una de las portavoces, en conversación con El Món. Todo queda de esta manera: cada municipio se estructura en diferentes asambleas –algunas propias de cada centro y otras, más amplias, agrupan más de una escuela de una misma área geográfica– y estas reportan sus debates a las asambleas territoriales –hay una cuarentena, mayoritariamente, una por comarca–. Una organización básica que encuentra más dificultades en el siguiente nivel. “No podemos hacer siempre reuniones de cinco horas”, remarcan desde el movimiento, que han reestructurado la organización para que los debates definitivos sean más efectivos. A partir de ahora, todos podrán asistir a las asambleas generales, pero solo un representante de cada territorial tendrá voto. Los sindicatos críticos –USTEC, CGT, Intersindical y COS– también estarán presentes en la toma de decisiones.
El movimiento ha decidido ganar en formalidad después de un inicio de curso que ha mostrado las carencias de un sistema capaz de movilizar al conjunto de la comunidad docente, pero poco práctico a la hora de llegar a grandes consensos. «Las primeras semanas de septiembre hemos chocado con la realidad”, admite Rodrigo. “Las plantillas han cambiado mucho en los centros y las asambleas deben reestructurarse con las personas nuevas”, comenta. Desde las asambleas había surgido la idea, incentivada también por los sindicatos, de crear un listado de prioridades en el último encuentro, celebrado el fin de semana pasado en L’Hospitalet de l’Infant. Pero no ha habido margen para cerrar un documento y la AEC ha ampliado el plazo para hacer anotaciones hasta el 17 de octubre. Los docentes debatirán finalmente un documento final de prioridades –que, a diferencia de lo que querrían los sindicatos más grandes, será «vivo» y puede ir cambiando– el 24 de octubre en una asamblea que se celebrará en Ponent.
Desde las asambleas también se apuesta por asistir a las reuniones que convoque la consejera con los sindicatos. Como organismo autónomo que no se presenta a ninguna elección sindical, no tiene representación en las mesas sectoriales, pero podrían asistir si un sindicato los convoca. De hecho, Ruben Satorra, uno de sus integrantes, ya hizo acto de presencia en la última reunión entre la consejera Esther Niubó y el sindicato USTEC en nombre de la AEC. En este sentido, y a pesar de haber entrado en las conversaciones con el departamento, Mónica Rodrigo descarta hacerle la competencia a los sindicatos. La asistencia a estos encuentros “no es para tomar decisiones” sino “para que se nos tenga en cuenta”, asegura la activista. “Si nos convertimos en un sindicato ya no seríamos lo que somos. Está bien que ellos negocien, pero también que haya un mecanismo de escucha directa”, concluye.
Nuevas huelgas en noviembre
La AEC también ha retrasado el calendario de futuras movilizaciones, si bien USTEC ha hecho público que el movimiento y los sindicatos trabajan con la idea de realizar nuevas huelgas a finales de noviembre. Los días previos, durante el mes de octubre, ambas partes apuestan por realizar una labor interna de reorganización que permita animar a los docentes más desanimados y sumar a aquellos más nuevos. Todo el mundo da por hecho, sin embargo, que el primer trimestre terminará con nuevas protestas, si bien aún no se ha decidido si se replicará el formato descentralizado y prolongado en el tiempo del curso pasado o si se comenzará con días aislados.
El curso ha comenzado con una huelga el 8 de septiembre y un cambio de rumbo del Gobierno que ha situado al presidente Salvador Illa en el centro de la crisis educativa. El presidente, que hasta ahora había delegado la gestión en la consejera Esther Niubó, ha encargado personalmente una tarea de análisis y de elaboración de nuevas propuestas al Consejo de la Educación de Cataluña. Illa también ha liderado un encuentro este viernes con los grupos de la oposición –exceptuando a Vox, que no ha querido asistir– para iniciar dos grupos de trabajo, uno de ellos para establecer cuál debe ser el horizonte del 6% del PIB sobre educación.
La oposición ha reaccionado con escepticismo calificando la reunión de “vacía de contenido” y alertando de lo que puede ser una “maniobra” del ejecutivo para desviar la atención. Así se han expresado exactamente formaciones como Junts o los Comuns, en la línea de otras declaraciones similares de ERC, CUP y PP. Alianza Catalana ha asistido, pero no ha opinado públicamente. Todo deja pocas conclusiones, pero una clara: sindicatos y asambleas preparan más protestas mientras el ejecutivo le pide al país un debate amplio y sin crispación.
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### La Asamblea Educativa de Cataluña se refuerza con una estructura interna formal
Un comunicado de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC) criticando el preacuerdo alcanzado por una mayoría sindical con el Departamento de Educación anticipó el rechazo masivo expresado por los docentes en la consulta posterior. Las asambleas surgieron de forma orgánica, con representantes de los sindicatos más críticos y otros docentes sin afiliación, y han crecido hasta convertirse en uno de los agentes movilizadores más potentes entre el profesorado. De este movimiento han surgido algunos de los cortes de carreteras más significativos e iniciativas como el veto a las excursiones y las colonias. El último recuento suma un total de 570 asambleas. Más de 32,000 docentes –un cuarto de la plantilla– están llamados a participar en sus debates, que se prolongan durante horas. El movimiento ha crecido y ha decidido finalmente dotarse de una estructura formal.
“Este trabajo interno es también lo que hemos estado haciendo en los últimos encuentros de septiembre”, apunta Mónica Rodrigo, una de las portavoces, en conversación con El Món. Todo queda de esta manera: cada municipio se estructura en diferentes asambleas –algunas propias de cada centro y otras, más amplias, agrupan más de una escuela de una misma área geográfica– y estas reportan sus debates a las asambleas territoriales –hay una cuarentena, mayoritariamente, una por comarca–. Una organización básica que encuentra más dificultades en el siguiente nivel. “No podemos hacer siempre reuniones de cinco horas”, remarcan desde el movimiento, que han reestructurado la organización para que los debates definitivos sean más efectivos. A partir de ahora, todos podrán asistir a las asambleas generales, pero solo un representante de cada territorial tendrá voto. Los sindicatos críticos –USTEC, CGT, Intersindical y COS– también estarán presentes en la toma de decisiones.
El movimiento ha decidido ganar en formalidad después de un inicio de curso que ha mostrado las carencias de un sistema capaz de movilizar al conjunto de la comunidad docente, pero poco práctico a la hora de llegar a grandes consensos. «Las primeras semanas de septiembre hemos chocado con la realidad”, admite Rodrigo. “Las plantillas han cambiado mucho en los centros y las asambleas deben reestructurarse con las personas nuevas”, comenta. Desde las asambleas había surgido la idea, incentivada también por los sindicatos, de crear un listado de prioridades en el último encuentro, celebrado el fin de semana pasado en L’Hospitalet de l’Infant. Pero no ha habido margen para cerrar un documento y la AEC ha ampliado el plazo para hacer anotaciones hasta el 17 de octubre. Los docentes debatirán finalmente un documento final de prioridades –que, a diferencia de lo que querrían los sindicatos más grandes, será «vivo» y puede ir cambiando– el 24 de octubre en una asamblea que se celebrará en Ponent.
Desde las asambleas también se apuesta por asistir a las reuniones que convoque la consejera con los sindicatos. Como organismo autónomo que no se presenta a ninguna elección sindical, no tiene representación en las mesas sectoriales, pero podrían asistir si un sindicato los convoca. De hecho, Ruben Satorra, uno de sus integrantes, ya hizo acto de presencia en la última reunión entre la consejera Esther Niubó y el sindicato USTEC en nombre de la AEC. En este sentido, y a pesar de haber entrado en las conversaciones con el departamento, Mónica Rodrigo descarta hacerle la competencia a los sindicatos. La asistencia a estos encuentros “no es para tomar decisiones” sino “para que se nos tenga en cuenta”, asegura la activista. “Si nos convertimos en un sindicato ya no seríamos lo que somos. Está bien que ellos negocien, pero también que haya un mecanismo de escucha directa”, concluye.
Nuevas huelgas en noviembre
La AEC también ha retrasado el calendario de futuras movilizaciones, si bien USTEC ha hecho público que el movimiento y los sindicatos trabajan con la idea de realizar nuevas huelgas a finales de noviembre. Los días previos, durante el mes de octubre, ambas partes apuestan por realizar una labor interna de reorganización que permita animar a los docentes más desanimados y sumar a aquellos más nuevos. Todo el mundo da por hecho, sin embargo, que el primer trimestre terminará con nuevas protestas, si bien aún no se ha decidido si se replicará el formato descentralizado y prolongado en el tiempo del curso pasado o si se comenzará con días aislados.
El curso ha comenzado con una huelga el 8 de septiembre y un cambio de rumbo del Gobierno que ha situado al presidente Salvador Illa en el centro de la crisis educativa. El presidente, que hasta ahora había delegado la gestión en la consejera Esther Niubó, ha encargado personalmente una tarea de análisis y de elaboración de nuevas propuestas al Consejo de la Educación de Cataluña. Illa también ha liderado un encuentro este viernes con los grupos de la oposición –exceptuando a Vox, que no ha querido asistir– para iniciar dos grupos de trabajo, uno de ellos para establecer cuál debe ser el horizonte del 6% del PIB sobre educación.
La oposición ha reaccionado con escepticismo calificando la reunión de “vacía de contenido” y alertando de lo que puede ser una “maniobra” del ejecutivo para desviar la atención. Así se han expresado exactamente formaciones como Junts o los Comuns, en la línea de otras declaraciones similares de ERC, CUP y PP. Alianza Catalana ha asistido, pero no ha opinado públicamente. Todo deja pocas conclusiones, pero una clara: sindicatos y asambleas preparan más protestas mientras el ejecutivo le pide al país un debate amplio y sin crispación.
“Hemos pedido concreción, que nos explique un cronograma o un método, cuáles serán los pasos y los plazos para llegar al 6%”, ha señalado después de la reunión la portavoz de Junts, Mònica Sales. “La de hoy ha sido una reunión incierta y vacía de contenido”, ha añadido. La representante ‘juntaire’ en la reunión ha abierto fuego con toda una serie de impresiones que se han ido repitiendo en el resto de comparecencias de los grupos. También contundentes han sido los portavoces de ERC y la CUP. “El 6%, si no se explica cómo se llega, es hacer volar palomas”, ha afirmado el republicano Jordi Albert. “Sigue siendo una promesa, porque no nos ha traído ningún calendario”, ha apuntado al mismo tiempo Pilar Castillejo, diputada de la formación anticapitalista.
Estos grupos de trabajo se suman al debate que se hará en el marco del Consejo de Educación y a otros diagnósticos encargados en otras ocasiones; el anterior ejecutivo de ERC encargó el análisis a un grupo de 18 expertos y el mismo Salvador Illa destinó más de un millón de euros a un informe elaborado por la OCDE. “Somos conscientes del peligro de que todo quede en otra foto vacía”, ha apuntado la presidenta de los Comunes, Jéssica Albiach, resumiendo el sentir de toda la oposición. “Han estado dos años liderando solos un problema grave; no lo han resuelto y ahora han venido a buscar a los grupos”, ha apuntalado Junts.
ERC también ha frustrado las expectativas de la consejera, que en una comparecencia posterior a la cumbre ha celebrado que hay “consenso” sobre qué temas se deben tratar. “No hemos venido a validar ninguna propuesta del Gobierno, sino a debatir y establecer una metodología; ni se ha validado nada ni se ha obtenido ninguna metodología”, ha apuntado Jordi Albert, que ha mantenido sobre la mesa la propuesta que meses atrás hizo Oriol Junqueras. La apuesta de ERC situaría un grupo de expertos al frente de la consejería.
Escepticismo en la oposición
Según el Gobierno, los grupos se han mostrado abiertos a revisar el modelo de educación inclusiva y a debatir cómo se actualiza el modelo de acogida del alumnado recién llegado, cuál debe ser el papel de las nuevas tecnologías y si se incentiva o no la autonomía de las escuelas. Los grupos, en cambio, se han mostrado escépticos, remarcando la poca concreción de la propuesta. Aún más allá han ido la CUP y el PP, que han cuestionado el marco propuesto por motivos opuestos. Los anticapitalistas entienden que Illa replica la agenda de la OCDE, una organización con fines económicos, mientras que los populares cuestionan un modelo que consideran “poco exigente”.
El debate que propone Illa choca, ha dicho también Junts, con algunas propuestas cerradas que Niubó e Illa han anunciado los últimos días. Por ejemplo, el veto de la IA en alumnos de menos de 14 años o la recuperación de las lecturas obligatorias en el bachillerato. “Es contradictorio, por un lado, muestran una voluntad de acuerdo y por otro no paran de hacer anuncios de medidas a diestra y siniestra. ¿En qué quedamos? ¿Quiere escuchar o ya lo tienen todo decidido?”, se ha quejado Sales.
A pesar de todo, los grupos han apostado por continuar las reuniones. Solo el PP ha avisado que no participará de un pacto que “blinda un modelo de educación fracasado”. En este sentido, Lorena Roldan ha cargado contra el modelo de escuela inclusiva actual y ha reiterado, en la línea de la ofensiva popular contra el modelo de escuela en catalán, que la lengua académica “no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional”. Niubó ha descartado cualquier cambio al respecto: “El modelo lingüístico es innegociable”.
La USTEC acusa al Gobierno de ignorarla
El ejecutivo ha confirmado que los sindicatos ni tampoco otros agentes educativos formarán parte de los dos grupos de trabajo anunciados hoy, reservando su papel al debate del Consejo de Educación (CEC) y a las mesas sectoriales. La USTEC, principal sindicato de la escuela pública, ha cargado contra la cumbre y ha lamentado que la consejería no les ha informado de qué temas se querían tratar. La consejera ha anunciado que próximamente hay convocada una mesa sindical, un aspecto que USTEC ha negado.
“A pesar de las reservas que nos genera este tipo de espacios [como el del CEC], USTEC, como siempre, está dispuesta a participar y a abordar los debates que sean necesarios. Ahora bien, el objetivo de este debate no debe ser desactivar la fuerza sindical ni el de sustituir la negociación colectiva” ha afirmado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, que recuerda también que “las organizaciones sindicales deben poder ejercer su función y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación se deben negociar en el marco de la Mesa Sectorial de Educación”.
