Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya han cerrado un acuerdo para los presupuestos del ejecutivo catalán. Unas cuentas catalanas que ha presentado la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, quien ha abierto la puerta a negociar los presupuestos con los docentes en huelga alegando que el presupuesto «está vivo» y se «pueden mover cosas». Una postura del Gobierno de abrir los presupuestos a la negociación con los docentes que ha implicado también una crítica hacia las demandas de los profesionales educativos, ya que Romero ha calificado de «inaceptables» algunas de las condiciones que proponen los docentes catalanes para levantar las huelgas.
La consejera de economía del Gobierno ha tendido la mano al sector educativo aunque ha rechazado poner una «cifra sobre el margen de negociación» con los docentes y ha cerrado filas con el PSC y el ejecutivo catalán asegurando que el acuerdo alcanzado con los sindicatos españoles CCOO y UGT es un «muy buen acuerdo» con un incremento «muy importante» en retribuciones y otros recursos para el sector educativo. De hecho, Romero ha defendido la postura del Gobierno de no ceder a todas las demandas, ya que si la cifra propuesta por los docentes es muy alta puede ser un aspecto «complicado» y ha preguntado cuál sería el impacto en la totalidad de los presupuestos catalanes. «¿Qué dejamos de hacer, para hacer esto?», ha cuestionado.
Romero defiende el diálogo y las medidas del Gobierno para el sector
Desde el Gobierno de la Generalitat, sin embargo, han querido mantener las negociaciones abiertas con los docentes y la consejera de economía ha asegurado que la titular de Educación del ejecutivo catalán se sentará el miércoles a negociar con los sindicatos «con voluntad de escuchar y de negociar». Romero ha apelado a la importancia de la negociación y ha asegurado que lo que importa es que se «dialogue» y se pueda desbloquear la situación en la educación.
Además, la consejera de economía ha señalado que el pacto rubricado con ERC incluye un paquete de medidas destinadas al sector educativo como incrementar hasta los 400 millones la inversión del Gobierno en los centros educativos, la inversión de 100 millones para climatizar las escuelas, 50 millones al vale escolar, 8,8 millones al Plan de Bibliotecas Escolares para los centros públicos o 1 millón más para las aulas de acogida.
