Dos hitos marcarán el inicio del próximo curso educativo: la huelga del 8 de septiembre y los resultados de las pruebas PISA. El ejecutivo de Salvador Illa ha intentado cerrar ambas cuestiones antes de hacer una pausa por vacaciones, trazando un acuerdo laboral fallido con los sindicatos mayoritarios y explicando públicamente el fiasco en las pruebas internacionales. Pero no ha conseguido disipar todas las dudas y Cataluña comenzará el curso escolar 2026-2027 con todas las miradas puestas en el sistema educativo. Estas cuestiones se suman a otras aún abiertas, como el plan de Mossos en las escuelas o qué pasa con las sentencias judiciales que golpean la inmersión lingüística en la escuela.
El fiasco de las pruebas PISA es la última piedra en el zapato que se ha puesto Educación. La consejera Esther Niubó ha pasado por el Parlamento de Cataluña para frenar las críticas de la oposición, que sin excepción ha reprochado al ejecutivo que ocultara durante meses el error en el número de alumnos exentos que acabaría invalidando las pruebas. Niubó, que ha negado esta falta de transparencia, ha cambiado la versión de los hechos. Su departamento apuntó inicialmente que el error se produce en el momento que los docentes debían certificar qué alumnos cumplían los requisitos y que es en este escalón que se excusó a un 23% de los estudiantes, mucho más del 5% que marca la OCDE. Pero al mismo tiempo ha exculpado a las direcciones y ha admitido –a la espera de una investigación que lleva cuatro meses en marcha– que ha habido errores en la cadena de validación posterior.
La consejería también había apuntado que el departamento no tuvo constancia de la incidencia hasta marzo pasado, si bien el Ministerio de Educación ha confirmado que sus técnicos avisaron a Cataluña más de un año antes de la fecha defendida por Niubó. Los responsables educativos de Madrid, también en manos socialistas, defienden al ejecutivo catalán asegurando que los técnicos no elevaron las sospechas a los superiores. Ahora bien, en un primer momento, el departamento se excusó en que no sabía del alcance del problema “hasta pocas semanas” antes de hacerlo público –el pasado julio–, pero el mismo ministerio apunta, en su comunicado de prensa, que “no es hasta marzo que se toma conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas”. Por tanto, según las aclaraciones del mismo ministerio, Educación ya sabía en marzo que las pruebas no serían válidas.
Las miradas también se dirigen a la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación. Es el organismo público encargado de revisar e impulsar una evaluación independiente, pero nace cuestionado. Las más críticas han sido las mismas direcciones de los centros, que alertan del problema que supone que una institución “creada para garantizar el rigor de las evaluaciones” acabe asociada “al hecho de que Cataluña pierda la comparabilidad internacional”. “El problema deja de ser metodológico, se convierte en un problema de confianza institucional”, dicen las direcciones. Desde el departamento aseguran que las PISA se impulsaron en un momento de transición hacia la nueva agencia y mantienen la apuesta por un organismo que, en palabras de Niubó, ha de “recoger información sólida, interpretarla adecuadamente y traducirla en conocimiento útil para tomar mejores decisiones educativas”. La agencia comenzará a rodar plenamente el curso que viene.
Revisión del plan de mossos en los institutos
Otra carpeta aún abierta es el plan de mossos en los institutos, una prueba piloto impulsada en institutos de Cataluña que ha puesto al conjunto de la comunidad educativa en contra del departamento. La consejería insiste en que hay direcciones que lo habían solicitado –aunque solo haya constancia de algunas en el Baix Llobregat– y admite que solo quedan cuatro de las catorce escuelas que participaban inicialmente del proyecto.
La presión de los mismos claustros contra el proyecto, entendiendo que un agente policial no debe dar respuesta a una necesidad educativa, ha reducido las expectativas hasta el punto de que la consejera de Interior, Núria Parlon, ha admitido que el proyecto estaba “en vía de parálisis”. El Gobierno lo ha matizado e insiste en que se trata de una “prueba de concepto” que solo se establecerá de forma definitiva en los centros que lo soliciten. Según el calendario del mismo departamento, habrá conclusiones definitivas el curso que viene al regresar de las vacaciones de Navidad.
También vinculado a los Mossos queda pendiente de resolver los motivos de la infiltración policial en una asamblea educativa, un caso que no depende tanto de Educación como de Interior. Antes de terminar el curso, y ante la promesa de finalizar pronto una nueva investigación sobre el fiasco de PISA, los sindicatos USTEC y CGT recordaron al ejecutivo de Salvador Illa que también se comprometió a dar una explicación satisfactoria sobre el espionaje. La consejera Parlon se ha limitado a decir que no hubo ninguna orden de carácter político, una explicación que los sindicatos educativos consideran insuficiente.
Los docentes mantendrán las protestas
La consejería también tendrá que hacer frente a nuevas protestas justo al comenzar las clases. Educación ha cerrado dos acuerdos diferentes, el último con la mayoría de los sindicatos, pero la negativa de los docentes en una consulta posterior ha hecho caer a la USTEC –organización mayoritaria con más del 40% de los votos– del preacuerdo y reactiva las protestas. En todo caso, el departamento descarta más concesiones. “El momento de la negociación se ha acabado”, dijo la misma Niubó poco después del rechazo masivo –el 60% de los docentes que participaron votaron en contra– en la consulta.
En todo caso, el conflicto continúa abierto a la espera de saber cómo están las fuerzas entre los equipos docentes. La intención de los sindicatos aún críticos es reagruparse e iniciar nuevas protestas de forma escalonada. La primera huelga del primer día de escuela, el 8 de septiembre, es un primer anticipo. Niubó ha reconocido que el rechazo a la consulta demuestra que hay un “malestar enquistado” en las aulas, pero en septiembre defenderá el despliegue de un nuevo acuerdo “lo suficientemente realista”. En este sentido, saber ver cuánta gasolina les queda a los docentes será clave para desencadenar o no una nueva negociación.
El próximo curso, el ejecutivo también tendrá que dar una respuesta definitiva al acoso judicial contra la inmersión lingüística, cuestión que los sindicatos quieren volver a poner sobre la mesa del departamento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la ejecución de la sentencia sobre el 25% de las clases en castellano mientras se espera qué dice el recurso interpuesto en el Supremo, que también ha sentenciado contra la rotulación exclusiva en lengua catalana.
