La frase “el curso no comenzará con normalidad” se ha erigido en el principal late motive de las reivindicaciones de los docentes en las escuelas. Tres sindicatos, entre ellos el mayoritario USTEC, descartaron firmar el último acuerdo con Educación, que parecía a priori un punto de inflexión. El rechazo de los docentes en una consulta ha obligado a reubicar las preferencias, fijando ahora nuevas prioridades que se dibujan en una mejora de la climatización de las escuelas o en una gestión diferente de las ratios. La USTEC, junto con los otros dos sindicatos críticos, la CGT e Intersindical, ha exigido al departamento una nueva negociación, pero Educación da por amortizadas las conversaciones y apuesta ahora por escuchar a las direcciones y las familias. Mientras tanto, las asambleas independientes elevan la protesta con una huelga para el 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
Más de 60.000 profesionales participaron de la consulta de mayo, con el rechazo a los acuerdos claramente visible con el 61% de los votos. Los sindicatos USTEC y Profesores de Secundaria, ampliamente mayoritarios, arrancaron una mejora de unos 450 euros mensuales en cuatro años –que se sumarán al incremento que recibirán todos los funcionarios– y el retorno de la deuda de los estadios, pero los docentes entienden que la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años va más allá y que las medidas estructurales pactadas no mejoran sustancialmente el día a día de los centros.
La exigencia de una cláusula que vincule el sueldo al IPC es el último escollo salarial que aparece en el discurso de los docentes, tal como confirma Segura, portavoz de la USTEC: “Nuestra afiliación nos ha trasladado que quiere una cláusula de revisión salarial, pero no que quieran más avances en materia salarial. Y la gente nos decía que no firmaba el preacuerdo por la falta de recursos». «El tema salarial –añade Segura– se ha diluido entre el colectivo y mucha gente dice ahora que no es prioritario”. Desde USTEC matizan, en todo caso, que las prioridades pueden cambiar según avancen las conversaciones que se harán en septiembre con los claustros y las asambleas.
La CGT se levantó de las negociaciones al ver que esta cláusula no estaría en el texto del acuerdo y la USTEC ha avanzado que llamará a la puerta de Presidencia –dirigido por el consejero Albert Dalmau, hombre de máxima confianza de Salvador Illa– para intentar negociarla. En todo caso, la irrupción de esta nueva exigencia no rebaja la presión sobre la consejera Niubó, a quien los sindicatos querrían ver en alguna de las reuniones con el comité de huelga; ahora ya no para negociar un incremento salarial sino un acuerdo más amplio que “blinde la educación pública”.
Ratios, inclusiva, infraestructuras y catalán
Más allá de la cláusula, las organizaciones mencionan cuatro ejes clave: ratios, escuela inclusiva, una mejora de las infraestructuras y el blindaje del catalán. Aunque las dos primeras cuestiones aparecen en los acuerdos firmados, las organizaciones piden «garantías» y que los compromisos acaben blindados legalmente. En el caso de las 6.500 dotaciones para la escuela inclusiva, la USTEC pide “fijar normativamente” cómo se hará el reparto.
Los sindicatos críticos quieren “acelerar” la reducción de las ratios. Los topes pasarán de 30 a 25 alumnos en la ESO y de 35 a 30 en el bachillerato. Una bajada progresiva que también se aplicará a infantil, que pasará a tener 20 alumnos dentro de cuatro años. “Hay fórmulas para que el impacto de esta reducción sea mayor”, remarca Segura, que detalla la siguiente fórmula: “Incrementando la plantilla e instalando una codocencia en aquellos grupos en los que no puedes reducir ratios y manteniendo todos los grupos en la pública; no se deben cerrar si no se llenan, es una manera de reducir ratios aprovechando la bajada de la natalidad”. El resto de sindicatos también han exigido blindar los grupos en la pública.
El nuevo plan de ruta también incorpora la climatización de las escuelas. El Gobierno asegura que está trabajando en un plan de climatización, pero avisa que el margen presupuestario es limitado. La USTEC, la CGT e Intersindical han pedido “garantías”, también en este aspecto. El último punto clave tiene que ver con medidas y recursos concretos que garanticen una escuela en catalán, una exigencia que había pasado desapercibida en las últimas conversaciones con el departamento.
La Intersindical, solo con presencia en el comité de huelga, había incidido con fuerza, pero la negociación se ha centrado en la mejora salarial y de la escuela inclusiva. “El objetivo continúa siendo el mismo: menos ratios y burocracia, currículos consensuados, derogar algunos decretos y que el catalán sea lengua vehicular”, recalca el portavoz Marc Martorell. “Estamos en una situación de emergencia lingüística y es necesario avanzar en esta cuestión de forma real y con puntos concretos. Es necesario incluir esta reivindicación en la negociación”, insiste.
La USTEC también avanza que la lengua será uno de sus ejes a partir de septiembre. “En el estudio de malestar que hicimos al inicio de curso aparecen los salarios, las ratios, la inclusiva y una reducción de la burocracia como ejes principales. El tema de lengua no se priorizó, entonces; la gente lo destaca cuando salen noticias que la comprometen, como una sentencia judicial. Cuando empezaron a negociar, el colectivo comenzó a pedir otras cosas, como ahora el calor o la lengua”, explica Segura.
Nuevo plan de ruta con la presión de las asambleas
La intención de los sindicatos es iniciar una escalada progresiva de nuevas protestas. La USTEC, que ya ha consultado a sus bases, hablará con las asambleas y los claustros para terminar de dibujar un nuevo plan de ruta con el resto de sindicatos. Una nueva estrategia en la que parece reducirse la apuesta de una huelga indefinida, que no figura en las encuestas internas del sindicato mayoritario.
Los sindicatos hacen autocrítica, pendientes, en todo caso, de qué sentencian las asambleas, que han ganado peso en el último ciclo negociador. La Asamblea Educativa de Catalunya, plataforma que agrupa a todos estos pequeños grupos independientes, ha calificado de “pequeñas propuestas” los logros conseguidos por los sindicatos en las negociaciones y es la gran impulsora de la huelga con la que comenzará el próximo curso. La protesta servirá para calibrar el impacto real de las asambleas, pero también de «entrenamiento» para futuras movilizaciones. El curso termina con ocho días de huelga y una convocatoria que marcará el inicio del próximo.
