Maniobra de Vox en el Tribunal Supremo a raíz de la reunión que celebraron el presidente en el exilio Carles Puigdemont con la vicepresidenta en funciones del gobierno español, Yolanda Díaz, y el exdiputado de Podemos y jurista, Jaume Asens. La formación ultraderechista ha presentado un escrito de dos folios al Tribunal Supremo, con el que pide que cite a testificar a los «efectos oportunos» Díaz y Asens por haberse reunido con un «prófugo» de la justicia española. En este sentido, piden al juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, que los tome declaración para averiguar si hay «cualquier circunstancia» que pueda ayudar a continuar el procedimiento contra el exilio catalán.
Ahora bien, los servicios jurídicos de Vox se están de acusarlos de un delito concreto. Aun así, el escrito, al que ha tenido acceso El Món, apunta que tanto Díaz como Asens son responsables públicos y conocen la situación procesal del presidente Puigdemont. Por lo tanto, «tienen la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y a no facilitar la comisión de delitos nuevos». Así califica la situación «de extremadamente irregular».
Los planes de Puigdemont
Vox ha presentado el escrito como acusación particular en el juicio del Proceso. En este contexto, ruega al magistrado Llarena que «analice» la situación y la reunión. Todo por el «conocimiento directo» que la vicepresidenta española y el exdiputado podría haber tenido de los «planes de Puigdemont». Unos «planes» que, según la formación el magistrado tendría que tener conocimiento para «evitar futuros delitos» y valorar su «trascendencia».
En la misma línea, los servicios jurídicos de Vox, insisten que «es de obligada comunicación por parte de la vicepresidenta española en su condición de autoridad» el contenido de la reunión y la información que le habrían traspasado Puigdemont y el consejero Toni Comín. «Todo sin perjuicio del análisis jurídico que pueda merecer la cumbre». Ahora el magistrado tendrá que dar trámite a las partes y responder con una providencia si da traslado al ministerio fiscal de la petición realizada por la extrema derecha española.
