La 26ª jornada del juicio contra los Pujol Ferrusola ha cerrado una semana en la que solo se han celebrado dos sesiones de la vista. Han sido pocas pero jugosas, intensas e interesantes. Además, han sido extraordinariamente técnicas gracias a los testimonios de los inspectores de Hacienda que se dedicaron a escrutar todos los movimientos y declaraciones tributarias de la familia del expresidente. De hecho, han sido dos jornadas en las que los abogados han podido lucir oficio y, insólitamente, el que dirige la estrategia de la Abogacía del Estado ha llegado a perder los papeles.
Pero, siguiendo el guion de una buena estructura narrativa, la parte final de la última sesión ha sido la más trepidante y magnética. Todo gracias a dos detectives y un perito calígrafo del equipo de la Unidad de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y a una parte del escrito de acusación que quedó somnoliento durante las testificales del mes de enero. Es la que hace referencia a un negocio –una compraventa de unos terrenos en Madrid– que el ministerio fiscal escribió con letras de oro en su informe a raíz de un atestado del Grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuando estaba comandado por el inspector Álvaro Ibáñez, el famoso agente 89140 que admitió en su testifical su animadversión contra los Pujol.
La jornada, pues, ha mostrado la cara B del caso y ha provocado una sombra de duda, muy espesa, sobre la manera de proceder de la policía para conseguir pruebas contra los que la Abogacía del Estado define como «los Pujol de Cataluña». A todo esto, cabe añadir que todo un inspector en jefe de Hacienda buscó por Google Maps si uno de los proyectos por los cuales había cobrado Jordi Pujol Ferrusola se había comenzado a realizar. Un detalle que hace sospechar que para encontrar indicios contra la familia del expresidente toda ayuda era poca.
Una gestión del 2001
El caso que provoca dudas es una peculiar investigación sobre una factura del 3 de diciembre de 2001 que expidió Iniciativas del Màrqueting y Inversiones, SA, la empresa de Jordi Pujol Ferrusola, por 661.174,04 euros, a la sociedad Adhoc Estrategia SL. Esta sociedad tenía entonces como administradora única a María del Carmen Tejedor, una señora que declaró el pasado mes de enero desde la cocina de su casa. La factura era una comisión que provenía de la venta de unos terrenos donde la empresa Isolux quería instalar la nueva sede. El hijo mayor del expresidente había sido el encargado de conseguir los terrenos para Isolux y de ahí la comisión. De hecho, los terrenos tenían un historial peculiar.
Isolux contactó con un tal Francisco Olivares que, junto con su socio Lorenzo Méndez, tenía parte de esos terrenos, a través de la sociedad Méndez y Pastor. Tenían gran parte de los terrenos, pero faltaba otro trozo para completar los metros cuadrados que necesitaba la empresa constructora para la cual trabajaba Jordi Pujol Ferrusola. La única propiedad que faltaba era de Carmen Tejedor, «amiga de hace muchos años de Olivares». Este la convenció de que haría el negocio del siglo si constituía una sociedad, Adhoc Estrategia, para que fuera la titular de los terrenos y luego venderlos. Y así lo hizo.
Un cobro que la fiscalía interpreta a su manera
La acusación, sin embargo, ve los hechos de otra manera. De hecho, el ministerio fiscal asegura que Jordi Pujol Ferrusola no tuvo ningún papel en esta compraventa y que Isolux le pagó a través de Adhoc Estrategia una comisión que, supuestamente, se derivaría de adjudicaciones con la administración catalana. Ahora bien, sin especificar ni cuál, ni de qué manera, ni de qué porcentaje. Es decir, sin relación de causalidad.
La tesis de la acusación es que, cuando fueron a la sede de Isolux a cobrar los talones por la venta de las fincas, les pidieron que suscribieran un contrato de prestación de servicios con Iniciativas Màrqueting y Inversiones. En el mismo sentido, les habrían pedido que aceptaran pagar 100.000.000 pesetas a esta empresa, aunque, según la versión del fiscal, no había llevado a cabo ninguna intermediación. «Aceptaron hacerlo dado que a ellos no les afectaba, pensando que se trataba de algún tripijoc de Isolux, motivo por el cual incluso en su contabilidad lo describieron como comisionista», explica el fiscal en su escrito.
Pero la teoría del fiscal se sustentaba en un «croquis manuscrito de puño y letra elaborado por Carmen Tejedor, dando explicación y resumen de la operación inmobiliaria». Un documento que supuestamente Tejedor escribió en sede policial. Pero el escrito olía a chamusquina y la defensa de Luis Delso, uno de los propietarios de Isolux y procesado en el caso, decidió aclarar sus sospechas. El documento parecía una prueba preparada y acogía con demasiada exactitud la tesis del fiscal. Con el entendido de que Isolux siempre defendió la participación de Jordi Pujol Ferrusola en la negociación para conseguir comprar los terrenos.
Los detectives que consiguieron una prueba de caligrafía
La solución que encontraron para deshacer lo que veían como un documento más falso que un euro de madera fue conseguir un escrito de Carmen Tejedor y hacer una prueba caligráfica. Dos detectives se hicieron pasar por mensajeros, llamaron a su casa, la señora los atendió y amablemente les firmó el recibo poniendo una nota sobre la corrección de la entrega que permitía tener un modelo de su caligrafía.
Un trabajo ingenioso que el fiscal ha reprochado a los detectives con la sospecha de que no habían actuado según la Ley de Seguridad Privada. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha rechazado la formulación de la pregunta porque, con curiosidad poco disimulada, tenía ganas de saber cómo lo habían hecho dos sabuesos, que bien podrían ser los vecinos que se puede encontrar en la cola del súper. «Si actuaron correctamente ya se verá», ha advertido animando a saber qué consiguieron. A pesar de eso, el fiscal Fernando Bermejo ha demostrado una afición sorprendente en el arte de la grafología, hasta el punto de que parecía uno de los interrogatorios de Sherlock Holmes cuando analiza las letras de las pruebas en sus aventuras.
Así, una vez obtuvieron la letra de la señora Tejedor, un reconocido grafólogo hizo un estudio comparativo con el supuesto «manuscrito escrito de su puño y letra». En resumen, las dos letras se parecían como un huevo a una castaña peluda. De hecho, el informe, al que ha tenido acceso El Món, es bastante concluyente. Los documentos fueron escritos por «dos personas diferentes». Y aquí reside una de las dudas más que razonables que hace emerger la defensa y que parece incomodar a las acusaciones: ¿quién fue el autor del «manuscrito de su propio puño y letra»?
La sospechosa declaración de la testigo ante la UDEF
La respuesta quizás se deba encontrar en un acta de declaración policial, en la sede de la UDEF, el 19 de octubre de 2016, que hizo Carmen Tejedor, en presencia y con tutela del inspector Álvaro Ibáñez. En esta declaración, a la que ha tenido acceso El Món, se incluye este documento supuestamente manuscrito de Tejedor. En realidad, el inspector de policía escribe la expresión «manuscrito de su propio puño y letra», que después utilizarán de manera calcada el fiscal y el juez instructor. Una declaración que chirría y mucho a las defensas y que firman tanto Tejedor como el inspector Álvarez. La prueba pericial, la historia explicada en el documento y las maneras de investigar del inspector, que ya quedaron en evidencia en su larga declaración, han servido para poner más que en duda una de las operaciones con las que las acusaciones intentan envolver en negocios irregulares a Jordi Pujol Ferrusola. Por ahora, la irregularidad parece que se acomoda más en la investigación policial.
