La guerra de togas continúa. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado por unanimidad inadmitir a trámite la querella interpuesta por la Abogacía del Estado –en representación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez– contra el magistrado del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. En una resolución muy dura contra Sánchez y el abogado del Estado, califican de temeridad la querella por la supuesta comisión de un delito de prevaricación judicial.
De hecho, uno de los tres magistrados de la sala emite un voto particular concurrente que va aún más allá. Se trata del magistrado Jesús Maria Santos Vijante, que reclama abrir una pieza separada contra Sánchez por «mala fe procesal» y «fraude procesal», un delito que le podría acarrear una multa de hasta seis mil euros. En todo caso, la resolución descarta investigar al magistrado de la causa sobre Begoña Gómez, esposa del jefe del ejecutivo español, porque no encuentra fundamento alguno. El gobierno español apunta que «sobran» manifestaciones de los magistrados en el auto.
El «carácter especulativo» de la querella, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La resolución critica el carácter «especulativo» de la querella. Así mismo, entiende que se «destila» un «prejuicio» contra el juez instructor Peinado, a quien los magistrados defienden a capa y espada. En este sentido, concluyen que la Abogacía del Estado, a las órdenes de la Moncloa, intenta «tergiversar» la figura del delito de prevaricación que se imputa a Peinado».
El TSJM entiende que Sánchez no es parte del procedimiento que dirige Peinado porque figura como testigo en el caso, pero recuerda que “el presidente del gobierno tiene a su disposición dos instituciones que pueden velar por los intereses legítimos que tiene la institución de la que es titular: la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal (…), por lo que la utilización de la Abogacía del Estado para la formulación de una querella como esta resulta extravagante«.
El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid avaló la admisión a trámite de la querella presentada en julio por la Abogacía del Estado contra el juez, un movimiento que se conoció poco después de que Sánchez declarara ante la justicia como testigo en el caso que investiga presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias alrededor de Gómez.
