Finalmente, el Tribunal de Cuentas no permitirá el presidente al exilio y actual eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, atestiguar a través de videoconferencia. El organismo administrativo ha dictado una brevísima interlocutoria, a la que ha tenido acceso El Mundo, con que desestima el recurso presentado contra la providencia que denegaba la práctica mediante videoconferencia de la prueba de interrogatorio de Puigdemont, codemandado en el procedimiento abierto contra los supuestos gastos públicos del Proceso.
La resolución se argumenta que «la petición no se ha realizado con suficiente antelación para poder ser tramitada en los términos previstos por la Ley». Así reprocha a Puigdemont, Lluís Puig, Martí Anglada i Manuel Suárez que también lo habían pedido, que han «tenido casi un año para reclamarlo». y que, «aun así, no la han formulado hasta que faltaban cuatro días para la práctica de la prueba». De este modo, Puigdemont y el ex consejero Puig no podrán practicar la prueba, que fue admitida por el Tribunal, porque los dos se encuentran al exilio. De hecho, es la segunda vez que el Tribunal lo rehúsa. Una decisión que entonces fue replicada con ironía por Puigdemont.
Sin ninguna voluntad
La interlocutoria valla la puerta a ninguna posibilidad de facilitar la declaración de los afectados porque no hay ningún más recurso posible para poder interponer. El Tribunal recuerda que todos los que pidieron la videoconferencia el día 13 de noviembre de 2023, por «primera y única vez» practicar el interrogatorio por esta vía no presencial. En este sentido, critican abiertamente que el Tribunal acordó el 16 de diciembre de 2022 la práctica de las pruebas, pero que la fecha de la declaración se fijó por el 17 de noviembre de 2023 y fue fijada por dos resoluciones más, del 26 de junio y del 17 de octubre de este año. Por lo tanto, habrían tenido mucho tiempo para solicitar la comparecencia por vía telemática, tal como aceptó el tribunal que juzgó el ex consejero de Interior, Miquel Buch y el exescorta de Puigdemont, Lluís Escolà, que permitió a Puigdemont atestiguar a distancia. El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones de euros por los gastos del referéndum del Primero de Octubre que supuestamente habría gastado su Gobierno.
