El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender la causa por los gastos del 1-O contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de exalts cargos de la Generalitat porque la ley de amnistía todavía no se ha aprobado. Hace dos meses, una vez acabado el juicio, los encausados de ERC reclamaron la suspensión del procedimiento porque el PSOE había entrado a registro la norma, que como muy pronto se aprobará en la primavera. La consejera del Departamento 2° de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha descartado suspenderlo porque no se conoce la letra pequeña de la norma.
Los republicanos alegaban que era “altamente probable” que la entrada en vigor de la ley de amnistía se concrete en los próximos meses y podía “comportar cargas procesales innecesarias”. Durante la vista celebrada el pasado 17 de noviembre, tanto la Fiscalía como Sociedad Civil Catalana, que actúa como acusación particular, se había mostrado contrarios a suspender el procedimiento. El ministerio público recordó que no se podía “subordinar [el procedimiento] a un acontecimiento futuro”.
La justicia reclama 3,1 millones de euros por el 1-O
La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de manera conjunta y solidaria a 35 ex altos cargos de la Generalitat por su presunta implicación en el supuesto desvío de fondo para el referéndum de independencia del 2017 y la acción exterior de la Generalitat durante los años del Proceso. En un primer momento, el Tribunal de Cuentas reclamaba 9,5 millones de euros a los encausados, pero posteriormente rebajó sus cálculos. Sociedad Civil Catalana pide cinco millones a una decena de ex altos cargos. Todos los encausados han depositado la fianza correspondiente.
Entre los encausados, además de Puigdemont y Junqueras, está el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que ya fue condenado a devolver casi cinco millones de euros, más uno de intereses, por la consulta del 9-N; los ex consejeros Raül Romeva y Jordi Turull; los consejeros en el exilio, Toni Comín y Lluís Puig; los ex delegados de la Generalitat en los Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal y delegados que todavía ocupan su cargo, como los de Alemania y el Este de Europa.
