El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado por Vox contra la Ley de Educación (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá. Así lo recoge una nueva ponencia, tal como recoge Europa Press este martes, que señala que la norma respeta el derecho de utilizar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas. En este sentido, el Constitucional indica que en el sistema educativo tiene que haber «un patrón de equilibrio» entre lenguas.

Casi dos años después de admitir a trámite el recurso del partido ultraderechista contra la reforma de la Ley de Educación, el pleno del TC ha avalado la ponencia del magistrado Ricard Enríquez, a pesar de que este y otros tres miembros de la corte de garantías que forman parte de la minoría conservadora han anunciado voto particular porque consideran que hay algunos preceptos de la Ley Celaá que se tendrían que haber declarado inconstitucionales.

Después de que el pleno del pasado 23 de marzo rechazara el primer borrador de Enríquez -el cual apoyaba a la norma a excepción de unos artículos concretos como que «no se separará al alumnado por su género»-, el magistrado escribió un segundo texto (aprobado este martes) en que recogía el posicionamiento de la mayoría. Así, y con la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, el pleno del TC ha rechazado la vulneración de las garantías de procedimiento legislativo y del artículo 169 de la Constitución que denunció el partido de Santiago Abascal. El recurso de Vox cargaba contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales según el principio de inclusión y también contra la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos.

Los diputados de Vox Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y
El TC desestima el recurso de Vox contra la ley Celaá

Equilibrio entre lenguas

En cuanto al derecho a recibir educación en castellano, la sentencia del TC avala la enseñanza del castellano en comunidades con lengua propia que fija la Ley Celaá y defiende que la Carta Magna no establece «la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo», sino «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas».

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