El Tribunal Supremo mantiene la calma ante la vuelta hoy de la ex consejera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí. Desde el tribunal, pero, recuerdan que Ponsatí tiene una orden estatal de detención que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen obligación de cumplir. Ahora bien, desde la alta magistratura inciden en que si la ex consejera y eurodiputada de Junts comparece voluntariamente ante el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, la orden quedará desactivada. De hecho, es el mismo caso que la ex consejera Meritxell Serret, o como la ex portavoz de la CUP, Anna Gabriel.
En todo caso, el Supremo resalta que el delito por el cual se persigue Ponsatí es el de desobediencia, según la interlocutoria de Llarena, que no comporta penas de prisión. Ahora bien, la policía la puede detener y poner a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, que únicamente le tiene que comunicar que tiene una citación ante el juez Llarena y la tendrá que dejar en libertad. Un caso similar al que sufrió el expresidente del Parlamento, Josep Costa, durante la instrucción del caso de la Mesa de la cámara que presidía Roger Torrent. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en declaraciones en el Senado que «se adoptarán las medidas oportunas y siempre atendiendo al criterio y la orden de la autoridad judicial». Ponsatí ya ha advertido que ha llegado a Cataluña no para entregarse sino para «hacer frente».
Hacer frente
Ponsatí ha llegado hoy a Barcelona desde dónde ha protagonizado una rueda de prensa en que ha anunciado que «no tiene intención de comparecer voluntariamente ante el Supremo», que recuerda que tiene en vigor una orden de detención en el Estado y que la policía está obligada a detenerla. Ahora bien, también hay el riesgo de generar un nuevo conflicto, dando por sentado que su inmunidad como parlamentaria todavía está pendiente de resolución definitiva por parte de la justicia europea.
Por otro lado, y según informa la ACN fuentes policiales señalan que el Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena establezca como tiene que proceder. El ministro Marlaska, después de su comparecencia en el Senado, ha recordado en declaraciones a los medios que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado harán el que «establezca la autoridad judicial» y se «someterán en todo momento a los criterios de la judicatura en las funciones que son propias de policía judicial».
