La causa del Tsunami Democrático empieza a abrir trincheras dentro del poder jurisdiccional español y una simple reunión despierta todo tipo de suspicacias y conspiraciones. La comezón del titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de procesar por terrorismo el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también al exilio, está tensando las costuras del sistema judicial. La obsesión del juez para considerar terrorismo las acciones de Tsunami Democrático se ha clavado en el arenero de la fiscalía, que en los disturbios de las protestas contra la sentencia del Proceso ve, a lo sumo, desórdenes públicos graves.
La diferencia de criterio, en medio de un ambiente enrarecido por la tramitación fallada de la ley de amnistía, ha abierto una rendija interna dentro del ministerio público con acusaciones e informaciones sobre «presiones» entre fiscales para debilitar los argumentos de García Castellón. La decisión de imputar diez personas por posibles delitos de terrorismo, con Puigdemont y Rovira al paquete, implicó que el juez de la Audiencia Nacional enviara la causa al Tribunal Supremo, al entender que los dos eran aforados. Es el que se conoce como cuestión inhibitoria de competencia.
La sala de lo penal remitió el dosier a la fiscalía adscrita al Tribunal Supremo. El fiscal Álvaro Redondo tenía que escribir el dictamen sobre si había bastantes indicios para continuar la investigación contra los exiliados por terrorismo. Tanto Redondo como su colega a la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, han coincidido a rechazar que haya un delito de terrorismo, pero sí que ven desórdenes públicos agraviados, que la junta de fiscales podría ampliar a un tipo de kale borroka, en el sentido que se miraba de «subvertir la orden constitucional y alterar la paz pública». Precisamente, una reunión entre Álvaro Redondo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de esta Junta de Fiscales ha desatado la tormenta.
Nada de presiones
La difusión del hecho que el fiscal Álvaro Redondo había elaborado un dictamen que rechazaba imputar por terrorismo los hechos de Tsunami ha provocado una avalancha de informaciones para socavar la integridad de la decisión. Diarios de Madrid han difundido que el fiscal general del Estado habría presionado el fiscal Redondo para mirar de debilitar las pretensiones de García Castellón y facilitar que el Supremo declinara la inhibitoria planteada por el magistrado de la Audiencia Nacional. El fiscal general del Estado ha emitido un comunicado en que niega de manera contundente estas presiones y alerta que podría llevar a cabo acciones penales contra estas informaciones.
Redondo también ha negado estas presiones y ha explicado su versión de cómo han ido las cosas y como se ha formado su opinión. En una carta abierta, a la cual ha tenido acceso El Món, detalla que el 23 de enero se le encargó por «estricto turno regular de reparto» despachar la petición de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, para que opinara sobre el procesamiento por terrorismo de Puigdemont y Rovira. Redondo se remangó y fue por trabajo. El día siguiente redactó un «primer borrador interno como documento de trabajo, sin ningún tipo de carácter procesal».
«Después de varios días», continúa el fiscal Redondo, «y con un profundo y exhaustivo estudio de los hechos complejos relatados en una exposición de más de ciento folios, así como de la doctrina del Tribunal Supremo, elaboré un borrador de ponencia para la junta de fiscales». Un borrador donde se concretaba qué «concepto jurídico sostendría en esta junta». En síntesis, que los «hechos investigados no constituían concretamente un delito de terrorismo».
La reunión
El día 30 de enero, martes, el fiscal Redondo celebró una «audiencia» con el fiscal general del Estado. Era a primera hora de la mañana. Al encuentro le avanzó una «pincelada» del sentido del borrador de la ponencia. Álvaro García Ortiz se dio por «enterado verbalmente» pero «no dio ninguna instrucción». Además, el fiscal del Supremo asegura que García Ortiz «no consideró necesario», a pesar de que él se lo ofreció y era totalmente procedente, «ni siquiera una copia de este borrador».
Una hora después, hacia las diez, Redondo conversó con algunos de sus compañeros de toga, aprovechando que celebraban la junta semanal ordinaria de la sección penal de la fiscalía del Tribunal Supremo. En este punto, el fiscal enfatiza que está integrado en esta junta desde hace veinte años y que, de manera «informal», –la cuestión no era al orden del día– los avanzó que la suya «impresión jurídica» no coincidía con la de García Castellón. Así, aseguró a sus colegas que los hechos investigados «provisionalmente no parecían revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo».
En este encuentro, el fiscal de sala lo informó que había acordado que el asunto se debatiera a la junta de fiscales que se tiene que celebrar este martes. Envió el borrador a los miembros de la junta porque lo pudieran analizar antes, como se hace en los casos de extensión o complejidad jurídica. Ahora el fiscal ha hecho constatar que en su «sistema informático» escribió el borrador «varios días antes de ser recibido en una audiencia breve con el fiscal general». De este modo, niega las maledicencias, las suspicacias y las filtraciones de supuestas presiones en la reunión para retirar las imputaciones de terrorismo. «Tengo 68 años y 46 los he dedicado al derecho», insiste Redondo, que defiende su trabajo desde la más «absoluta imparcialidad» y «sin aceptar ninguna presión de nadie».
