Òmnium Cultural, Irídia y el ANC recurrirán contra la decisión del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de amnistiar 46 policías españoles investigados por la violencia policial ejercida durante la celebración del referéndum del 1-O. Las tres entidades, que ejercen de acusación popular, alegarán a los recursos que la brutalidad policial contra la sociedad civil contraviene el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por lo tanto, amnistiarlos implica una vulneración por parte del mismo Estado. Las tres entidades formalizarán los recursos en los próximos días.
Las entidades insisten en un comunicado que la ley del olvido penal no puede beneficiar los responsables de la violencia policial y que sus actos están excluidos de la ley de amnistía porque se pueden considerar delitos de torturas o tratos inhumanos. Esto superaría el umbral de gravedad con la jurisprudencia del TEDH y, por lo tanto, quedarían excluidos de la amnistía.
A banda, las tres organizaciones lamentan la lentitud judicial que ha provocado que siete años después del referéndum todavía no se haya juzgado los policías que ahora se amnistian.
El sindicato Jupol celebra que «finalice el calvario judicial»
Si las tres entidades independentistas consideran que no se ha llegado a iniciar la vía judicial, el sindicato policial Jupol ha celebrado que se acabe el «calvario judicial». El sindicato ha cargado en un comunicado contra la ley de amnistía que «iguala los policías con los promotores de un intento de golpe de Estado y los responsables de terrorismo de calle». A banda, han defendido la honorabilidad e inocencia de todos los agentes, que actuaron “en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores, en cumplimiento de un mandamiento judicial y con el único objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.
