Los integrantes de la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils del Congreso de Diputados necesitan una nueva pizarra. El anuncio de ruptura de Junts per Catalunya con el PSOE ha desbloqueado, como si fuera un truco de magia, documentos pendientes de desclasificar que los de Junts llevaban meses reclamando a la Moncloa y, incluso, al Gobierno de la Generalitat, que preside Salvador Illa. Pero, lejos de disipar las sospechas sobre el pasado y la relación del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, y los otros integrantes de la célula, con los servicios de seguridad e información del Estado, aún despiertan más suspicacias.
De hecho, la falta de transparencia ha estado presente desde el minuto cero, con el mantenimiento como materia reservada de documentos que podrían aclarar el papel de Es-Satty con el yihadismo y el Estado y el hecho de que el mismo Josep Lluís Trapero –que era jefe del cuerpo durante los atentados– se niegue a entregar, ahora como director general de la Policía, un atestado de 2009 de los Mossos d’Esquadra referente al imán, así como la falta de claridad sobre los nuevos destinos que tuvieron, en embajadas fáciles para España, los agentes de información encargados del seguimiento del imán destinados en Girona. También destaca la negativa, ahora negro sobre blanco, a conocer quién de los cuerpos de seguridad e información entrevistó, y para qué, a los dos condenados por los atentados que aún están en prisión.
En total, cientos de páginas, a las que ha tenido acceso El Món, que aún ensombrecen más la figura del imán y generan más dudas sobre los integrantes de la célula, el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de información y el rol de la administración en la gestión posterior a los atentados. Piezas de un rompecabezas que, según fuentes de la comisión consultadas por El Món, «quizás hubiera sido más fácil de resolver si la información hubiera llegado de una vez y desde el principio». «Posiblemente, todo tenga una explicación, pero hacer las cosas a retazos y a medias huele a quemado», añaden.
Con el sello de reservado
Uno de los problemas que persisten es que hay documentos reclamados que continuarán a la espera porque la Moncloa aún los mantiene en secreto, alegando la «sensibilidad de la información solicitada«. En concreto, la relación y los informes de los «agentes de los servicios de seguridad e inteligencia» que han visitado a Mohamed Houli y Driss Oukabir, los dos únicos condenados por los atentados que aún permanecen encarcelados. En esta línea, también argumentan que esta información podría afectar a los dos reos, así como a «terceras personas», y añaden que también se vulneraría la ley de protección de datos. En definitiva, la Moncloa se niega a decir qué servicios de seguridad, inteligencia o información se han entrevistado con los dos reos ni con qué objetivo, pero no niega estas reuniones.
Otro de los documentos que se mantendrán en la clandestinidad de los grandes almacenes que son los «secretos de estado» son los informes originales emitidos por Instituciones Penitenciarias sobre los internamientos de Abdelbaki es-Satty. En este caso, el Ministerio del Interior, que regenta el juez en excedencia de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, se niega a entregarlos porque su «difusión», en una comisión parlamentaria, requeriría el «consentimiento del interesado», cuando es público que el imán está muerto. Para salvar la negativa, el mismo ministerio ha enviado un informe «sobre aspectos generales del interno Es-Satty».
Otra negativa que para diferentes diputados de la comisión clama al cielo es el expediente de asilo que se le tramitó tras salir de prisión, pero que se detuvo porque la revocación de la condena que lo obligaba a retornar a Marruecos lo hizo innecesario. La Moncloa se niega a entregar una copia del expediente de protección internacional del derecho de asilo que se tramitó en el año 2014. Según argumenta la resolución, «toda la información relativa al procedimiento, incluso, el hecho de la presentación de la solicitud, tendrá carácter confidencial». Así mismo, justifican que tampoco se entregue parte del expediente o copia anonimizada porque el expediente es «unipersonal» y supondría una vulneración de la ley de asilo. Ahora bien, Interior y Justicia sí que informan de la existencia de este procedimiento y refieren el número de expediente.
Los Mossos también se muestran reacios
Pero los ministerios del Interior y de Defensa no son los únicos que se muestran reacios respecto a la documentación relativa al imán, también lo hacen los Mossos d’Esquadra. Para entender esta negativa hay que remontarse a uno de los hechos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el abogado del Estado utilizaron para revocar la condena que obligaba a Es-Satty a marcharse de España, por la sentencia que lo consideraba culpable de tráfico de drogas. Según aquella sentencia, a la cual ha tenido acceso El Món, Es-Satty denunció que tres personas relacionadas con una trama de narcotráfico cuando estaba en Cambrils, en el año 2009, lo «amenazaron con una pistola, lo secuestraron y lo llevaron a una granja donde le propinaron una paliza que lo confinó cuatro días en un hospital».
El titular del Juzgado Penal 2 de Ceuta, sin embargo, no se lo creyó porque no aportó ningún documento sobre este incidente. En cambio, en los informes confidenciales elaborados por el CNI a raíz de sus encuentros en la prisión de Castellón, sí consta este tipo de secuestro que habría sufrido. De hecho, los agentes extraen este relato del informe holográfico que les escribe Abdelbaki es-Satty sobre su relación con la operación Chacal, con el movimiento yihadista en Vilanova i la Geltrú y con las redes de narcotráfico que operaban desde Marruecos hacia el estado español. En este manuscrito, el imán detalla al pie de la letra los hechos, registrados el 22 de junio de 2009 en Cambrils, indica que fueron los Mossos quienes lo atendieron y que fue ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Los Mossos d’Esquadra tienen constancia de este secuestro y paliza a raíz de una denuncia. De hecho, reconocen que desde la policía se le hizo incluso un ofrecimiento de acciones al imán como víctima. Ahora bien, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero –que en el momento del atentado era el jefe del cuerpo– se niega a entregar el atestado policial que los Mossos habían llevado a cabo en 2009 y el acta de ofrecimiento de acciones a Es-Satty como víctima. El argumento de Trapero, remitido a la consejera Núria Parlon y a la presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, es que el acta de los Mossos forma parte «de un atestado judicial» y que, por lo tanto, debería ser el juzgado que llevó el caso el que debería remitir la información policial.
En este sentido, Trapero admite que primero lo investigó el juzgado de instrucción de Reus y que, después, las diligencias fueron a parar al juzgado de Tarragona. La situación aún se vuelve más enrevesada, porque el Hospital Joan XXIII ha emitido un certificado asegurando que nunca han atendido a ninguna persona llamada Abdelbaky es-Satty. Otro detalle es que los Mossos d’Esquadra también aseguran que la furgoneta del imán, a pesar de estar cuatro días en una zona de carga y descarga, no tenía ninguna multa.
¿Y los controladores que no controlaron al imán dónde están?
Uno de los otros documentos remitidos esta semana a la comisión ha despertado curiosidad. Es la petición de los cambios, relevos y nombramientos del personal de seguridad en las embajadas españolas de Panamá y Colombia. La intención era corroborar la información de que el jefe de la oficina de Girona del CNI durante los atentados fue desterrado a la embajada española en Bogotá, en Colombia, así como el hecho de que el oficial de control fue enviado a Panamá. En este caso, la Moncloa emite un «informe sobre los agentes que se incorporaron a las embajadas de Colombia y Panamá desde agosto de 2017» y qué justificación técnica tenían los traslados. Ahora bien, solo informan de agentes adscritos al CNP y la Guardia Civil, pero no de los de adscripción al CNI o militares de carrera. Tampoco aportan ningún documento de justificación técnica de la incorporación, ni de las retribuciones o las condiciones concretas
El Ministerio de Exteriores y el del Interior responden poniendo negro sobre blanco las condiciones y los «tipos de agregados y consejeros de interior en las legaciones diplomáticas». Posteriormente, indican que desde 2017 hasta 2025 se han convocado seis plazas en Colombia para miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero ninguna corresponde al año 2017. Son de 2015, 2016, 2020, 2021, 2024 y 2025. En cambio, en Panamá solo ha habido cuatro convocatorias desde 2017. Una del 29 de noviembre de 2017 y el resto, de los años 2019, 2023 y 2025. En cuanto a los agentes de la Guardia Civil, sí que un teniente y un sargento del instituto armado se incorporaron en agosto de 2017 a la embajada de Colombia, pero no a Panamá. También hay incorporaciones en agosto de 2018 y la creación de un oficial de enlace ante la policía colombiana desde marzo de 2020. En ningún caso se aclara si se incorporaron en cargos en las legaciones dos miembros de los servicios de inteligencia, pero tampoco se niega.
