El Procés soberanista no solo ha generado decenas de juicios, sino que, además, empieza a ser habitual que se repita el mismo juicio. Es el caso de la Sindicatura Electoral del 1-O y también el del activista que difundió datos comunes de la letrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, por el cual se han llegado a celebrar hasta tres vistas. A partir de este martes, habrá otro ejemplo: el caso de los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña que presidía Carme Forcadell. La presidenta fue juzgada –y condenada– en el Tribunal Supremo, pero el resto de sus compañeros de partidos independentistas de la Mesa fueron juzgados aparte, por el TSJC. La vista fue anulada a raíz de los recursos y ahora se repite el juicio. En principio, no se espera una absolución, sino una condena parecida al anterior, a pesar de que podría ser rebajada.
La Sala de lo civil y Penal del TSCJ, esta vez bajo la presidencia del magistrado Fernando Lacaba y no de Jesús María Barrientos, volverá a celebrar la vista oral por desobediencia contra el exvicepresidente de la cámara catalana Lluís Corominas, la exvicepresidenta Anna Simó y los secretarios segundo y cuarta, Ramona Barrufet y Lluís Guinó. Los cuatro fueron condenados en relación con la tramitación de iniciativas parlamentarias relacionadas con el Procés independentista que se culminó con el referéndum del Primero de Octubre del 2017. También se juzgó la entonces jefa de filas de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya, que fue absuelta y ha quedado fuera de este segundo juicio.
La historia de este caso cambió el pasado 15 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo anuló la sentencia al entender que se había vulnerado el derecho a un tribunal imparcial de los acusados por el hecho que dos de los magistrados –en concreto, el presidente Jesús María Barrientos Pacho, y el magistrado Carlos Ramos Rubio, ponente de la sentencia– ya habían expresado de manera pública una posición explícita sobre cuestiones que después constituyeron objeto esencial del juicio. Ahora los nuevos magistrados, Lacaba, Maria Jesús Manzanero y Francesc Segura, tendrán que volver a dictar sentencia, con el antecedente de la absolución de los miembros independentistas de la Mesa que presidía Roger Torrent, la de la siguiente legislatura, juzgada dos años después y absuelta. Ahora bien, esta sentencia dejaba claro que no tenía nada que ver con los hechos por los cuales se juzgó la Mesa de Forcadell.
Una condena muy larga
A los cuatro integrantes de la Mesa de Forcadell que fueron condenados por el TSJC, se les imponía una multa de 30.000 euros cada uno y un año y ocho meses de inhabilitación por haber desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la tramitación de las leyes de desconexión. Una condena larga dictada en octubre de 2020 y que, a estas alturas, ya técnicamente la habrían cumplido si la respuesta al recurso no hubiera tardado tanto. De hecho, esta es la única esperanza que mantienen los acusados. Si bien tienen asumida una nueva pena, no descartan una rebaja sustancial de la condena por las dilaciones del proceso judicial y porque, al final, han estado más tiempo inhabilitados
En todo caso, este martes empieza un juicio que será un calco del celebrado en 2020 y también del celebrado el 2021 con Joan Josep Nuet, pero, en este caso en el Tribunal Supremo, por su condición de aforado como diputado en el Congreso español. Prácticamente, se seguirá el mismo guion, salvo la renuncia a algún testigo, como por ejemplo el de la expresidenta del Parlamento Núria de Gispert. La sentencia insistía en que en la condena «no había motivación política». Un elemento que pusieron en entredicho los acusados y sus defensas y que, en definitiva, el Supremo les ha dado la razón anulando la sentencia por el sesgo político de los magistrados que los juzgaron. De todas maneras, los re-acusados no tienen ningún tipo de esperanza en una absolución, sino simplemente, a una rebaja de la condena.
Diferencias con el caso de la Mesa de Torrent
La decisión de hacer repetir el juicio, anunciada justo unos días antes de la absolución de la mesa de Torrent, despertó todo tipo de suspicacias. Ahora bien, la esperanza duró poco porque el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la misma sentencia, dejaba claro que el caso era muy diferente del de la Mesa que presidía Carme Forcadell. La resolución incorporaba una referencia exprés en la parte final del texto, justo antes de las conclusiones. Incluso, fuentes jurídicas señalan que fue un añadido de los magistrados Carlos Mir i Francisco Segura justo después de la inesperada resolución del Tribunal Supremo que anulaba el juicio a los miembros soberanistas de la Mesa acusados de permitir la tramitación de las leyes de desconexión el septiembre del 2017.
Así, advertían de manera clara que “difícilmente en derecho penal, y en los tribunales de justicia, se dan dos casos iguales, teniendo cada uno sus peculiaridades”. “En este sentido”, argüían, “es importante poner de manifiesto que las actuaciones que analizamos son absolutamente diferentes a las de la anterior Mesa de la XI Legislatura, los miembros de la cual fueron condenados por este TSJC en la sentencia n.º 10/2020, de fecha 19.10.2020, y también en la STS n.º 301/2021, de 8 de abril [el caso de Joan Josep Nuet], respecto de otro miembro de esta Mesa, aparte de la condena de la anterior Presidenta, en la sentencia del Procés por parte del Tribunal Supremo, por delito de sedición, que absorbió el delito de desobediencia funcionarial”.
En este contexto, los magistrados remarcaban que el caso de la Mesa de Torrent corresponde a “una nueva Legislatura, la XII, después de unas nuevas elecciones, y la actitud de los ahora acusados al tomar los acuerdos de 22.10.2019 y 29.10.2019, 29.10.2019 y 5.11.2019 era muy diferente a la de la anterior Mesa”. “La diferencia esencial se encuentra en la carencia de continuidad en el proceso
