Los Mossos d’Esquadra recibieron la orden de detención de la ex consejera Clara Ponsatí directamente del juez instructor del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Así lo aseguran fuentes de la Jefatura de la policía de la Generalitat consultadas por El Món, que sospechan que la maniobra de retorno de ayer era un «ensayo de lo que tiene que venir», es decir, un posible retorno de otros miembros del exilio, como el mismo presidente Carles Puigdemont. Otras fuentes policiales apuntan que «el abogado de la consejera, Gonzalo Boye, lo tenía todo muy bien preparado».
La detención, ante las cámaras y con inmediatez, ha levantado bastante polvareda en las filas del independentismo que reprochan a los Mossos d’Esquadra un «exceso de celo» y la rapidez. La policía, consciente de lo que se jugaba, comprobó la situación en el sistema de información policial y «saltó la alarma» de «la orden de detención judicial vigente». De todas maneras, como conocedores de su situación personal de eurodiputada y la inmunidad parlamentaria, los policías esperaron a la orden concreta y directa por parte del juez Llarena, que la «ratificó personalmente». «Podían negarse a ejecutar la detención, pasar por un juicio y dejar de ser policía judicial, pero no creemos que sea ninguna solución», añaden fuentes de la consejería de Interior.
«Comprobación fuera de protocolo»
Fuentes conocedoras del proceso de arresto de Ponsatí no esconden que todo ello parecía formar parte de un plan preconcebido con la intención que «nadie saliera mal parado, ni los Mossos d’Esquadra». En el momento de hacerse público el retorno de Ponsatí, el Supremo filtró a los medios que «había que recordar que tenía una orden de detención pendiente». Cinco minutos después, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no muy amigo de las declaraciones en los pasillos, habló después de su intervención en el Senado, dejando claro que «los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adaptarían las medidas oportunas atendiendo el criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial». La maquinaria se había puesto en marcha y la mirada iba hacia los Mossos.
La policía de la Generalitat siguió el protocolo, al tener conocimiento de la llegada de Ponsatí, de contrastar la información que recibían por canales no oficiales. Una vez comprobado que al sistema interno de información policial aparecía la orden de detención para comunicar de manera efectiva la citación judicial, prefirieron hacer una comprobación añadida. Una acción que queda fuera del protocolo habitual cuando se tiene conocimiento de la presencia de una persona en investigación o con orden de detención. Los Mossos esperaron, por lo tanto, que «la orden fuera ratificada personalmente por Pablo Llarena». Una vez aclarado, se acordó que la detención no fuera uniformada y por alguien de la escala intermedia del cuerpo. Es decir, que no fuera de la escala básica ni tampoco de la escala superior. En concreto, se eligió un veterano subinspector, un grado que normalmente tiene «el mando operativo y la supervisión de las tareas ejecutivas de las unidades, los grupos y los subgrupos policiales».
Boye evita topar con los Mossos por el arresto
El abogado de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha rechazado públicamente meter a los Mossos d’Esquadra en las decisiones de Llarena. En este sentido, el letrado del exilio aseguraba en declaraciones a RAC1 que no se tiene que cargar contra la policía de la Generalitat, porque actuaban como policía judicial y con una orden exprés y ratificada del Tribunal Supremo. Así mismo, Boye especificaba que los Mossos “entendían que estaban deteniendo una persona con inmunidad, pero estaban cumpliendo órdenes”. “Se ha puesto el cuerpo en una tesitura muy compleja” y criticarla sería “la vía de fuga fácil”. “Creemos que la ilegalidad de la detención surge del Tribunal Supremo y a partir de allá tomaremos las acciones legales oportunas”, poniendo tono el peso en el proceso judicial del Supremo.
Por su parte, fuentes de Interior califican la detención de un «proceso muy pulcro». En este sentido, indican que los Mossos cumplieron «escrupulosamente» la orden recibida por parte de la autoridad judicial, y de aquí que la llevaran directamente al juzgado de guardia, en la Ciudad de la Justicia. «No tenían más margen, después de haber hecho las comprobaciones y la ratificación, en caso contrario, podrían haber sido acusados, pasar por un juicio y finalmente, perder las competencias como policía judicial», especulan desde la sede de Interior.
En el mismo contexto, el abogado escocés de Ponsatí, Aamer Anwar, afirmaba que con la detención de la ex consejera, España demuestra que «todavía le tiene miedo». Por otro lado, el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha asegurado que hay «disposiciones que permiten la detención» de una eurodiputada como Clara Ponsatí pero que los servicios de la cámara todavía están analizando la información del caso y la «situación exacta» de la eurodiputada de Juntos.
