La Moncloa ha vuelto a alejar la posibilidad de indultar a Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y fraude documental. Si la justicia tumba los recursos de la presidenta de Junts contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Borràs quedará en manos del gobierno español si quiere evitar la prisión. Pero este jueves –el mismo que la JEC decide si retira el escaño a Borràs–, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha enviado un aviso mientras hablaba del caso del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, que está condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación por el caso ERE.
En una entrevista en
El gobierno español desvincula el caso Borràs del de los presos políticos
El gobierno español se ha esforzado mucho en desvincular el caso de Borràs del del resto de presos políticos. Llop ha defendido que el indulto a Oriol Junqueras, Jordi Turull y el resto de líderes del Procés se hizo por “motivos de utilidad pública” y que la “mejora de la convivencia” en Cataluña demuestra que fue una decisión acertada. “Por supuesto, nosotros somos restrictivos a la hora de conceder indultos y no los hemos concedido en casos de corrupción, ni en casos de violencia de género, ni en los casos de tráfico de droga en el Camp de Gibraltar”, ha insistido la ministra de Justicia.
Condenada a cuatro años y medio de prisión, Borràs puede ver reducida su condena a solo dos años –y evitar la prisión– si prospera el proceso de indulto parcial puesto en marcha por el mismo TSJC. Esta situación, poco habitual, se da cuando el tribunal se ve obligado por el Código Penal a imponer una pena por los delitos que considera probados, pero cree que la condena es “excesiva” por las circunstancias que rodean el caso.
