El Ministerio del Interior evita dar explicaciones sobre uno de los puntos trascendentales (y más oscuros) para imputar a Gonzalo Boye, el abogado del presidente Carles Puigdemont, en el Caso Mito. Un juicio por narcotráfico, narco-transporte y blanqueo en una supuesta trama dirigida, hipotéticamente, por Manuel Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Boye es uno de los imputados en la pieza de blanqueo por su participación como letrado en un procedimiento de recuperación de casi 900,000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2018.
De hecho, Boye fue imputado posteriormente a la apertura de la causa, a raíz de la declaración de Manuel Andrés Puentes Saavedra, un ciudadano colombiano que se encontraba en prisión. Durante su estancia en el centro penitenciario recibió visitas de la policía, tal como expuso en su declaración del pasado jueves en la sala de vistas del juicio. Curiosamente, el 14 de julio de 2019, cambió la declaración para implicar en el caso a Boye. Una declaración que tuvo dos efectos inmediatos. En primer lugar, su salida inminente de la prisión el 5 de agosto y, en segundo término, las entradas y registros en el despacho profesional del letrado del exilio y su procesamiento por blanqueo.
Puentes Saavedra, una residencia extraña
De hecho, Puentes Saavedra es la prueba de cargo de la fiscalía, pero su interrogatorio dejó al descubierto una especie de pacto tácito para que pudiera salir de prisión, a pesar de las causas que tiene pendientes, a cambio de implicar a algunos de los procesados en la presunta trama de blanqueo. Además, su narración chocaba con las mismas investigaciones y periciales policiales de geolocalización sobre estos procesados. Ahora bien, todavía hay un elemento que las defensas no han acabado de aclarar y ahora el Ministerio del Interior, en respuestas al grupo parlamentario de Junts, intenta evitar responder. En concreto, las facilidades que ha tenido Puentes Saavedra para renovar su residencia en España a pesar de los delitos graves por los que estaba investigado y por algunos otros, ya condenado.
En concreto, y siguiendo la información que Junts aportó al Congreso, Puentes Saavedra obtuvo la residencia legal en España el 20 de septiembre de 2017. El seis de octubre se emitió su tarjeta de identificación de extranjero. A pesar de ello, en esa fecha ya estaba investigado en dos procedimientos diferentes por presuntos delitos contra la salud pública relacionados con una organización criminal. En marzo de 2019 se conoció que existían «pruebas relevantes», incluidas intervenciones telefónicas, que lo vinculaban con un asesinato en Pereira (Colombia).
Sin embargo, no hay constancia de que estas pruebas «se hayan puesto en conocimiento oficial de las autoridades colombianas, a pesar de su gravedad y la posible relevancia para procesos judiciales» en Colombia. El permiso de residencia de 2017 tenía vigencia hasta el 19 de septiembre de 2022. Una fecha en la que había sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la salud pública y enfrentaba otras acusaciones graves, como blanqueo de capitales y participación en una organización criminal. Ahora bien, a día de hoy aún no se sabe si ha sido renovado este permiso, aunque continúa en España.
Defensa, ofensiva, contraofensiva y escoltas policiales
Con estos antecedentes, Junts preguntó al Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, -uno de los objetivos políticos de los junteros- por qué no se había informado a las autoridades colombianas. Por otro lado, también preguntaron si se le había renovado el permiso de residencia. El diputado de Junts Josep Pagès remarcaba qué «medidas del Ministerio del Interior» se utilizan «para garantizar que las concesiones de residencia en España se realicen tras un análisis riguroso de los antecedentes penales y policiales de los solicitantes». Todo ello, rodeado «de las irregularidades en la gestión de este caso por parte de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía».
La respuesta por parte de Interior fue contundente. «El gobierno, a pesar de mantener un respetuoso cumplimiento y pleno sometimiento al control parlamentario, no puede facilitar la información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares», contestaba a Junts el Ministerio el pasado 14 de febrero, en una respuesta escrita a la cual ha tenido acceso El Món. Pero el diputado responsable de la pregunta entiende que la respuesta no es la que corresponde. En una nueva pregunta parlamentaria, Pagès carga contra la «falta de voluntad del gobierno a responder», que tilda «de especialmente grave» porque «impide conocer las razones del trato privilegiado que da el ejecutivo a Puentes Saavedra en la concesión del permiso de residencia y en la negativa a informar a las autoridades colombianas de las pruebas que lo vinculan a un asesinato».
El diputado da un paso más. En esta línea informa que Puentes Saavedra tiene asignada protección policial. Un hecho que, según Pagès, contrasta con la negativa del Ministerio a ofrecer la protección que corresponde al presidente Puigdemont. Así, vuelve a formular preguntas reclamando «qué razones han llevado al Ministerio del Interior a asignar protección policial a Puentes Saavedra, teniendo presente que ha sido condenado por tráfico de drogas, está acusado de otro delito y está relacionado con un homicidio en Colombia. Además, exige saber el costo de esta protección y explicaciones para justificar cómo es que se le otorga escolta a un condenado por tráfico de drogas mientras «se niega el derecho del presidente Puigdemont a disponer de la escolta policial de Mossos d’Esquadra que legalmente le corresponde».
