La investigación prorrogada del Juzgado de Instrucción 4 de El Vendrell sobre los contratos del Ayuntamiento de Altafulla –cuando la alcaldía estaba en manos de los Comuns– a la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P., que administraban el exlíder de ICV Joan Herrera y el ahora exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, aporta nuevos detalles. Los Mossos d’Esquadra encargados de la investigación apuntan en sus informes de análisis de la documentación requisada que la sociedad facturaba por trabajos ficticios o no del todo justificados. Y no solo al Ayuntamiento de Altafulla –cuando estaba gobernado por Fèlix Alonso, actual diputado de Sumar en el Congreso–, sino también a otros consistorios como el de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Esplugues de Llobregat o la Diputación de Barcelona.
La ingente documentación recogida en el registro de la consultora, que se ha reunido en un informe del 19 de diciembre, llamó la atención de los investigadores porque la mayoría de las adjudicaciones han sido por «contrato menor en el ámbito de los servicios». Una tipología contractual que permite más agilidad y menos controles previos de la adjudicación y que deben ser de un importe inferior a 15.000 euros. Además, muchos de los servicios contratados, tenían una cláusula genérica «de asesoramiento jurídico». Los contratos han sido «vaciados» por los Mossos para analizar su contenido y si realmente han tenido algún efecto práctico, han sido útiles o eran simples informes elaborados «a golpe de Google». Las primeras conclusiones indican que algunas de las tareas no estaban suficientemente justificadas y que los trabajos podrían ser ficticios.
Por otro lado, una de las dudas es sobre cómo evaluará la jueza instructora el caso, una vez se lleven a cabo las declaraciones de los investigados que cite y cuando haya las primeras pruebas testificales. El hecho de que uno de los períodos investigados implique contratos firmados por Fèlix Alonso, actual diputado en la cámara baja española, implica que, si la magistrada ve su participación como un posible delito, su condición de aforado obligaría a remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para decidir si hay suficiente materia e indicios para solicitar el suplicatorio al Congreso y citarlo formalmente como investigado.
Documentos y trabajos
Uno de los documentos que más llamó la atención de los investigadores es un informe de 31 de diciembre de 2018 de la misma consultora, donde detalla los contratos firmados y los servicios concretos prestados al Ayuntamiento de Altafulla, el consistorio que dio pie a la investigación a raíz de una denuncia en la Oficina Antifraude. En concreto, este informe de tres páginas, al que ha tenido acceso El Món, está firmado por la tercera socia de la empresa, Judit Ligüerre.
«Las tareas que se facturaron son las propias que tiene cualquier servicio administrativo de un ayuntamiento donde el secretario y el interventor están siempre», apuntan fuentes de la investigación. Por ejemplo, el documento recoge informes de «respuesta a la consulta sobre la posibilidad de que un nuevo propietario acceda a los datos que constan en un expediente anterior» o a la necesidad de solicitar una «licencia para pavimentar la base para la instalación de una piscina desmontable».
También añade asesoramientos «sobre los lugares de publicación de los anuncios oficiales» otros que solo se describen como «asesoramiento legal». Incluso, emitieron una «nota sobre la interpretación en la adjudicación de los contratos menores». Uno que enfatiza la policía es un informe sobre la «posibilidad legal de abrir una puerta interior entre dos locales». También incorporan siete reuniones en siete meses con diferentes concejales con la explicación de «varios urbanismo y otros».
El Ayuntamiento de Barcelona y los Juegos Olímpicos de invierno, también
En las pesquisas de la policía también se han incorporado cinco contratos de servicios menores para el Ayuntamiento de Barcelona entre febrero de 2020 y junio de 2022. Un período con Ada Colau como alcaldesa de la capital catalana. Los contratos fueron adjudicados como «apoyo jurídico» en estudios de «calidad de aire y acústica»; o informes para «erradicación del amianto» o un genérico «servicio de redacción de informes jurídicos» o «apoyo jurídico». Y uno último sobre «el asesoramiento jurídico para la ordenanza de zona de bajas emisiones». Precisamente, relacionado con la estructura administrativa del consistorio barcelonés, otro de los clientes de Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P fue el Consorcio de la Agencia local de Energía de Barcelona, con un contrato «de análisis jurídico».
En cuanto al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con Núria Parlon de alcaldesa, son contratos de octubre de 2017 y de febrero de 2018. Son dos contratos bastante similares en el título. De hecho, tienen el mismo título: «Realización de un estudio con un plan de acción con el objetivo de desarrollar una estrategia industrial y de transformación de la ciudad a partir del vector energético». La consultora Sinergia también participó en los preámbulos de uno de los proyectos más polémicos de los últimos años, la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de invierno. En este caso, en marzo de 2019, el contratante fue la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya –en aquel momento presidida por Ricard Font, de Junts per Catalunya–, que le adjudicó un virtual «asesoramiento para la creación de una estructura institucional y aspectos ambientales de los Juegos Olímpicos Pirineos-Barcelona».
Por su parte, entre la cartera de clientes de la consultora los Mossos también han detectado la Diputación de Barcelona, con dos contrataciones del año 2020. La entidad supramunicipal les adjudicó el «apoyo a la redacción de una ordenanza de tipos de olores» y posteriormente, otro contrato con el objeto de «dinamización de reuniones con los ayuntamientos en relación con la regulación de la contaminación odorífera». Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P también ofreció sus servicios a consistorios como el de Piera, pero finalmente los tratos no acabaron de prosperar porque la misma mesa de contratación consideró que no habían acreditado de «forma clara y suficiente su experiencia profesional».
Un aviso el 26 de abril de 2018
Los Mossos d’Esquadra también han tenido acceso a un acta de pleno de Altafulla de 26 de abril de 2018, cuando el ahora alcalde Jordi Molinera, que entonces estaba en la oposición, preguntó al pleno por los contratos que habían aparecido en la web de transparencia del Ayuntamiento con esta empresa y por el mismo importe. «Desde el mes de noviembre de 2017 aparecen en el portal de transparencia unas facturas en la partida de alcaldía de la empresa Sinergia Energia Dret Medi Ambient por igual importe y querrían saber qué es lo que informan o asesoran y si hay informes», recoge el acta.
Una pregunta que respondió en aquel momento la concejala de gobierno Méndez-Vigo que, según también recoge el acta, detalló que se trataba de un «acuerdo con un nuevo convenio que se hizo con esta empresa y realizan asesoramiento urbanístico». Y le espetó a Molinera que solicitara por escrito una copia del convenio firmado con el alcalde si quería tener más información.
