Trabajo hecho. Esta es la excusa de la Unidad de Investigación de los Extremismos Violentos de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra para hacer limpieza de las pruebas de uno de los episodios más polémicos de la represión del Estado antes del Primero de Octubre de 2017. En concreto, los indicios recogidos en los vehículos de la Guardia Civil que el instituto armado utilizó durante el registro del Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que estuvieron horas aparcados en la calle, en medio de los manifestantes.
Los Mossos d’Esquadra han registrado un escrito, al que ha tenido acceso El Món, dirigido a la sala penal 1 de la Audiencia Nacional, que juzgó a Josep Lluís Trapero y la cúpula del departamento de Interior, para destruir los indicios recogidos en los vehículos «dañados y saqueados» durante los registros y durante la «concentración ciudadana» que se registró frente a la sede de Economía, que también era la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, en la rambla de Catalunya. Asimismo, solicitan destruir las pruebas recogidas que sirvieron para realizar los análisis biológicos cuyo objetivo era encontrar e identificar manifestantes que supuestamente habrían vandalizado los Nissan Patrol.
Unos coches polémicos
De hecho, los vehículos fueron objeto de una gran polémica. No solo por cómo quedaron al final de la noche, retirados por la grúa, sino por la cantidad de pruebas que generaron. Por un lado, elementos como munición, mochilas con defensas, material policial sensible y carnés con placa de la Guardia Civil que habrían sido extraídos de los Nissan Patrol GR, utilizados por los Grupos de Defensa y Seguridad encargados de proteger el registro. Este material lo encontró el vigilante del cementerio de Montjuïc la noche siguiente, en una rocambolesca historia aún por aclarar.
Por otro lado, los vehículos también estuvieron en el punto de mira de las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos investigados por los hechos del 20-S. De hecho, fueron los actos por los cuales la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, justificó su encarcelamiento preventivo, que se prolongaría cuatro años. También el actual director de la Policía, el mayor Josep Lluís Trapero, comenzó a ser investigado por su actuación el día de los registros, así como la intendente Teresa Laplana, por, entre los cargos, la supuesta falta de protección de los vehículos.
Sànchez está convencido de que las armas que quedaron en los vehículos de la Guardia Civil ese día no fue un hecho fortuito. De hecho, lo reitera en su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Para Jordi Sànchez, las armas en los coches formaban parte de una especie de conspiración de los “poderes oscuros” para hacer “descarrilar” el Procés. El expresidente de la ANC siempre se ha mostrado convencido de que gracias a los voluntarios de la entidad se evitó una desgracia. En este sentido, razonaba que las «armas en los vehículos de la Guardia Civil fueron una trampa para provocar disturbios y violencia».
