Quinta jornada del juicio del caso Inipro, sobre las presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Tarragona durante la época del socialista Josep Fèlix Ballesteros como alcalde. Es decir, la supuesta contratación de una empresa que da nombre al caso y que se habría utilizado para promocionar al alcalde y al PSC en las redes a través del presupuesto de bienestar social del consistorio. Este miércoles había una declaración importante. El primer testigo estuvo casi dos horas en el estrado porque la ocasión lo merecía. Concretamente, era la del comandante G82814S, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Tarragona de la Guardia Civil, que dirigió la investigación.
El investigador ha narrado cómo comenzó las pesquisas, que se prolongaron dos años, a raíz de la denuncia de Laia Estrada, de la CUP, y la información que se recopilaba. Con una exposición clara, muy serena, incluso un punto hierática, ha detallado las indagaciones, cómo se procedió a los registros y las extrañas dificultades que tuvieron para encontrar el expediente de Inipro, la documentación incorporada, la información de los ordenadores de los principales sospechosos y cómo obtuvieron el famoso disco duro donde descubrieron los correos incriminatorios que acabarían de confirmar la mala utilización de una adjudicación pública. Una versión calcada a la relatada en la jornada de ayer por el informático que encontró el disco duro con los correos que comprometen a los acusados.
Las defensas han dirigido su estrategia a buscar y profundizar en los agujeros de su investigación, pero han encontrado un hueso duro de roer y con la tranquilidad de tener el caso en la cabeza, pero sin expresar ninguna soberbia ni ninguna conclusión jurídica, hecho poco habitual en los grandes juicios por corrupción. De hecho, los abogados de los acusados han intentado transformar la investigación en valoraciones o especulaciones policiales sobre indicios que acabaron de confirmar con una prueba, como el disco duro, que ya han puesto en duda. Pero el comandante, que precisamente no sería el mejor portavoz de una federación de cómicos y humoristas, ha sido rotundo. Por un lado, lo que no sabía o no recordaba no lo decía y no se metía en zarzas, y delegaba dar respuesta en los agentes de campo que recogieron y analizaron la documentación que han testificado posteriormente. Y, por otro lado, desde su óptica de jefe y coordinador, ha esbozado con solvencia los indicios que sirvieron para coser la investigación y aportar los hechos al juez instructor, Elías Gadea, que después sería destinado a la Audiencia Nacional y posteriormente con plaza en el Fondo Monetario Internacional.
Un «expediente imposible» y un borrón con típex
El coordinador de la investigación ha iniciado su relato explicando que la denuncia de la CUP judicializada en el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona se basaba en las «dudas» que despertaba el contrato entre Inipro y el Instituto de Servicios Sociales de Tarragona. Las dudas emergían sobre «la necesidad del contrato» para potenciar «el asociacionismo entre personas recién llegadas», sobre el «proceso y la dirección de la licitación» y sobre la «realidad de los servicios que se habían realizado». Los guardias civiles detectaron que tres empresas –Inipro, Itinere y Gallet- habían licitado para obtener el contrato. Tres sociedades, de las cuales dos eran del mismo grupo (Inipro e Itinere), con apoderados y administradores coincidentes, y la otra estaba relacionada, como por ejemplo, compartían la misma sede social y tenían una razón social diametralmente diferente al objeto de la negociación.
En este contexto, las pesquisas continuaron con la entrada y registro en cuatro sedes municipales. «Costó mucho encontrar el expediente, ¡parecía el expediente imposible!», ha resaltado. Hasta que a última hora, una señora, según ha especificado otro de los investigadores, apareció «llorando» que había encontrado el expediente dentro de la «funda de un ordenador portátil». Siguiendo este hilo, comprobaron que en el libro de registros de las ofertas de plicas presentadas las tres empresas presentaron el mismo día su oferta con número 49, 50 y 51. La del 51 que correspondía a Gallet desapareció y estaba «tapada con típex». Las ofertas de Gallet y de Itinere tenían el mismo asunto y los mismos errores ortográficos. Detalles que les hicieron pensar que las tres ofertas las había presentado la misma persona.
Además, en los registros encontraron en el ordenador de la jefa de administración un documento de texto titulado Comparativa.doc, del 23 de julio, donde ya se hacía la valoración de las ofertas aunque las plicas, presentadas el 21 de julio, no se abrían hasta el 4 de agosto. «Se había hecho una comparativa cuando aún no se habían abierto las plicas», ha argumentado. En cambio, no encontraron nada, ningún correo o documentación de los ordenadores del gerente del INSST, Antonio Muñoz, acusado, a pesar de que fueron a todos los despachos donde había trabajado. No fue hasta el mes de febrero, cuatro meses después de los registros, que el informático Àlex Ricard, le llamó a las once de la noche para comunicarle que había encontrado un disco duro con material del IMMST y que tenía «la obligación moral» de entregarlo. Una narración que coincide con la expresada por Ricard durante su testimonio. De hecho, la guardia civil le había propuesto que si encontraba algo se lo comunicara y así lo hizo, sin que cumpliera ninguna orden expresa.
Más dudas
Por otro lado, los investigadores se dieron cuenta de que había 7 decretos de alcaldía que justificaban el pago de 21 facturas de Inipro de los años 2011 y 2012, con advertencias del interventor del Ayuntamiento. En total, 276.000 euros aunque el contrato inicial era de unos 61.000 euros. Es decir, se pagaban facturas sin soporte contractual porque el plazo de la adjudicación era de diciembre de 2010. El resto estaban fuera de plazo aprovechando la fórmula de enriquecimiento injusto de la administración para liquidar las facturas.
A la lista de las dudas, se añadió la falta de conocimiento de los trabajadores del INSST del personal de Inipro y qué tipo de trabajo hacían. También comprobaron con el IDESCAT si había habido crecimiento de la población recién llegada, y al contrario se apuntaba a la reducción, y que las asociaciones de inmigrantes habían pasado de 12 a 14 en dos años de servicio. También que las memorias eran «muy vagas». A todo esto, se suma la relación de los acusados y los implicados con el PSC y el entonces alcalde. «Es mucha casualidad», ha resumido. Un contexto que permitió «reconstruir los hechos y encajarlos».
Indagar en la validez de la prueba
Las defensas han organizado su táctica en mirar los detalles para debilitar los informes y los atestados policiales, de manera reiterativa y dando más vueltas sobre los mismos hechos que un perro del sereno, hasta el punto que la presidenta del Tribunal ha tenido que recordar que ya se habían formulado algunas de las preguntas o que el testigo ya las había contestado. Por ejemplo, sobre la falta de necesidad de la adjudicación. Los guardias civiles han respondido de manera sencilla: «Lo investigamos porque lo decía la denuncia». Pero, en ningún caso, desconfiaron de la necesidad del contrato porque tampoco les correspondía.
Las defensas, sin embargo, han incidido sobre todo en desvirtuar el hallazgo del disco duro que podría desmoronar todo el caso, la manera en que el informático lo encontró, lo comprobó en su domicilio y lo llevó a la comandancia. También en si comprobaron con certeza qué trabajo habían hecho los trabajadores de Inipro-, su currículum y los resultados- y cómo y de qué manera los contrataron. Una de las defensas, la de Victòria Pelegrín, presidenta delegada del INSST, ha asegurado su línea de defensa, es decir, no discutir los hechos sino su autoría. Y aquí estará el quid de la cuestión, y pronto se podrá comprobar en la cantidad de jornadas que quedan pendientes y, sobre todo, las declaraciones de los encausados.
