Sexta jornada del juicio del caso Inipro, sobre las presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Tarragona, a través de servicios sociales, cuando gobernaba el socialista Josep Fèlix Ballesteros. Una sesión que las acusaciones y defensas tenían subrayada con fosforito porque testificaba el cabo primero de la Guardia Civil adscrito a la investigación de delitos económicos de la Unidad de la Policía Judicial. Su trabajo durante la instrucción fue el análisis de los correos electrónicos y de las pruebas documentales recogidas durante las pesquisas. En especial, los mails comprometedores de los principales acusados y, en especial, de los correos encontrados en el disco duro que las defensas intentan desvirtuar.
El testigo ha propuesto al tribunal explicar su investigación de manera cronológica y partiendo de dos líneas de investigación que interactuaban: Viladecans y Tarragona. De hecho, el caso de la población del Baix Llobregat fue archivado por prescripción. Siguiendo el esquema de los correos localizados y la documentación del expediente, el cabo primero de la Guardia Civil, con disciplina benedictina y al mismo ritmo que un caballo de feria, ha expuesto los hechos que investigó y las irregularidades que convino destacar en sus atestados, como los indicios que le hicieron concluir que la adjudicación de Inipro estaba más que preparada.
Su testimonio era clave para las acusaciones porque fue el responsable de analizar la inmensa cantidad de correos electrónicos requisados. De hecho, siguió al pie de la letra, gracias a las comunicaciones confiscadas, cómo se gestó la contratación de Inipro, teóricamente para fomentar el asociacionismo entre recién llegados pero que, según la tesis incriminatoria, en realidad era para hacer propaganda de Ballesteros y del PSC. El cabo primero ha puesto como ejemplo un correo electrónico de Toni Muñoz, gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) y acusado, al administrador de Inipro, ya fallecido, Ricard Campàs, donde le informa que la adjudicación será suya. Dos días antes de acabar el plazo previsto para entregar las ofertas. El trabajo de las defensas ha sido intentar demostrar que sus clientes, aunque aparecieran en algún punto de la licitación, o bien cumplían órdenes o bien ignoraban la intención de la trama. Es decir, intentan rebatir la autoría.
Desde septiembre de 2009
El policía ha detallado que el 15 de septiembre de 2009 Campàs escribió un correo a Gustavo Muñoz, jefe de gabinete de Ballesteros y eterna mano derecha del entonces alcalde, por un «tema de dinamización de los barrios de Tarragona» que le había comentado un tal «Óscar» que nunca se pudo identificar. Siguiendo el relato policial, que iba acompañando con los correos, Cuadrado reenvió este mail a Muñoz con quien acordó una reunión que se celebraría el 17 de septiembre. La tesis es que en aquella reunión se concertó un plan para que el IMSST licitara un contrato público para un programa determinado pero que tenía otro objetivo, contratar trabajadores que se dedicarían principalmente a mejorar la imagen pública del alcalde y su gobierno así como la del PSC.
El investigador ha señalado varios mails de Campàs a Muñoz posteriores al encuentro con los que adjuntaba modelos de pliegos de cláusulas y proyectos simulados y le pedía información para ajustar la licitación a las necesidades específicas de Tarragona. El 8 de marzo de 2010. Campàs contrató a Alejandro Caballero, también acusado, para que dirigiera la futura tarea licitada. En este punto, ha enfatizado que Caballero se puso a disposición de Muñoz y Cuadrado para decidir a quién contratarían y los objetivos verdaderos de la licitación. De hecho, mails posteriores puntualizan cómo será la relación laboral y cómo será la prestación de servicios.
A continuación, en abril de 2010, Muñoz encargó elaborar un informe que justificara la necesidad de la prestación del servicio para promover el asociacionismo entre los recién llegados y finalmente se convocó el concurso para la contratación del «Servicio de Intervención y potenciación del asociacionismo entre la población recién llegada» por un importe de 59.900 euros más IVA. Se invitaron tres empresas, Inipro e Itinere, del mismo grupo y una relacionada, Gallet que se dedicaba a «cuestiones de propiedad intelectual». Es decir, para los investigadores un pretexto para formalizar la libre concurrencia.
La licitación
El pliego de cláusulas se aprobó y se estipuló un plazo hasta el 21 de julio de 2010 para que las empresas concertadas e invitadas presentaran sus ofertas, las memorias descriptivas y su presupuesto. «Campàs sabe lo que le caerá en el examen», ha descrito el cabo primero. Tanto es así, que la policía por los indicios recogidos, como la estructura de las ofertas y los errores tipográficos, están convencidos de que una misma persona presentó las ofertas. Pero a Campàs no le hacía falta preocuparse. Dos días antes de cerrarse el plazo de presentación de ofertas ya sabía que se le adjudicarían.
En concreto, un correo del 19 de julio a las 12:59 que dirigió Muñoz a Campàs donde decía: «En los próximos días, antes de la finalización de la semana recibirás la adjudicación y quedará pendiente del ingreso económico por parte de la empresa». Es decir, que le advertía que le adjudicaban el concurso, antes incluso de cerrar el plazo de presentación de las ofertas y solo quedaría pendiente el pago de la fianza. En definitiva, que todo estaba dado y bendecido. El objetivo de las defensas ha sido separarse del trámite inicial de la contratación e intentar desvincularse de la comprometida prueba documental recogida. De ahí la persistencia en expurgar de la causa el disco duro de donde surgieron todos los mails incriminatorios. Ahora, la expectativa es prestar atención a los peritos previstos para el final de los testimoniales.
