Un interrogatorio judicial siempre es complicado. Pero si el testigo es quien ha encontrado la prueba incriminatoria principal y, además, es informático, la complejidad adquiere dimensiones de terabyte. La prueba ha sido la jornada de este martes del caso Inipro, el sumario sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Tarragona, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de la ciudad (INSST), con el socialista Josep Fèlix Ballesteros como alcalde y que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Una sesión muy esperada porque se sentaba en el estrado, Àlex Ricard, el informático del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que encontró el disco duro donde residen la mayoría de correos electrónicos que ayudan a articular la acusación del ministerio fiscal y de la acusación popular de la CUP que ha llevado el peso del caso desde las primeras sospechas.
La estrategia de las defensas ha sido clara desde el primer momento: debilitar cómo se localizó el aparato y todos los archivos informáticos que sustentan la tesis acusatoria utilizando el principio de contradicción. Esto es una táctica que busca jugar con la memoria, las expresiones y el lenguaje para debilitar la rotundidad expresiva de un testigo. Una prueba que contará con cuatro testigos más, los agentes de la Guardia Civil que recogieron el disco duro y los que analizaron los contenidos de los correos y el resto de documentación incriminatoria.
Cuatro testigos
En resumen, Ricard ha venido a explicar cómo encontró de «rebote» la documentación. Y lo ha hecho, con el estilo habitual de los informáticos, es decir, con razonamientos binarios y técnicos alejados, y en contraste, con la versatilidad y la flexibilidad del derecho. Tanto es así, que ha habido partes oníricas de los interrogatorios que recordaban el clásico chiste del señor que llama al informático porque no le funciona el router de casa. Cuando el informático le pregunta qué luces tiene encendidas, el señor le responde «la de la cocina y el pasillo» y el informático le responde: «déjelo estar, ahora voy para allá».
Por otro lado, hoy también ha sido el turno de tres testigos más. En concreto, trabajadoras de los Servicios Sociales que habían coincidido con Mario Burzini y Cècilia Magini, ambos trabajadores de Inipro, procesados a título lucrativo en tanto que cobraban por realizar una tarea con la atención de los recién llegados, pero, a criterio de las acusaciones, trabajaban para hacer propaganda electoral en las redes de Ballesteros y del PSC. De hecho, los mails interceptados por la Guardia Civil, corresponden a estos trabajadores con su jefe, Alejandro Caballero, que a su vez recibía órdenes del jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Caballero.
Una trabajadora del centro, Pilar Samitier, la conserje de la sede del INSST, ha reconocido que ninguno de los trabajadores fichaba y, que, por tanto, no se llevaba un control de las tareas ni del horario que hacían Magini y Burzini. «Entraban y salían», ha señalado para añadir que no iban cada día. Un hecho que las defensas han aprovechado para enfatizar, y hacer decir a los testigos, que también trabajaban fuera de la oficina porque tenían que relacionarse con los recién llegados. Uno de los goles para las defensas es que Pilar había expuesto que los dos trabajadores de Inipro no iban a las cenas de Navidad ni de empresa, pero después le han hecho recordar que sí. Otra trabajadora, Andrea Suñé, ha reconocido que ambos habían participado en alguna reunión con los programas sociales del Ayuntamiento.
Un hallazgo de «rebote»
La declaración del informático ha comenzado después de que la temperatura de la sala de vistas de la antigua prisión de Tarragona se calentara. No por interrogatorios capciosos o agresivos, sino porque la presidenta del tribunal, Maria Espiau ha hecho bajar el aire acondicionado, a la vista de los escalofríos de los togados. Ricard ha recordado que hace 22 años y medio que trabaja como informático en el INSST y que maneja los ordenadores de los 155 trabajadores de la institución. De hecho, el primer testigo de la jornada, Cèlia López, ha narrado al tribunal un elemento de contexto importante para entender la entrada del informático. En síntesis, que trabajaba frente a la mesa de Muñoz y, un día llegó a la oficina, y no estaban ni Muñoz ni su ordenador. Habían desaparecido, pero no le dio más importancia porque creyeron, junto con otra compañera, que ya lo habían trasladado a otro destino. El ordenador y su destino han sido protagonistas del resto de la mañana.
Así, el informático, a preguntas de la fiscalía, ha relatado que la Guardia Civil, en octubre de 2015, le pidió una copia de la cuenta de correo de Antoni Muñoz, el director de la entidad que habría concertado la contratación de Inipro. Una petición que no pudo cumplir porque Muñoz ya hacía tiempo que había marchado del INSST hacia Salut y su ordenador con él, como había explicado Cèlia. En esta línea, ha especificado que los mails quedaban guardados en el ordenador -entonces PC de torre y no portátiles- y que, en todo caso, se guardaba una copia de seguridad en un disco duro aparte. Un aparato que borraba a través de un programa los archivos anteriores relacionados cada vez que se incluían de nuevos. Pero la causalidad quiso que recibiera una incidencia de un centro de atención ubicado en el barrio de Ponent. Una incidencia que le habían comunicado, como no podía ser de otra manera con un informático, por «mail». La incidencia la recibió antes de ir a declarar ante el juez instructor, por el mismo caso Inipro. Después de su testifical, causalidades de la vida, fue a resolver la incidencia y, de paso, aprovechó para revisar el disco duro que hacía de almacén de las copias de seguridad de los ordenadores de aquel centro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el disco duro no funcionaba y se lo llevó a casa para arreglarlo.
Una vez cambiada la fuente de alimentación, un transformador de 12 voltios, comprobó su funcionamiento y vio que «giraba», es decir, que se ponía en marcha. Así comprobó los archivos y las carpetas que se habían guardado y se dio cuenta de que había una que ponía «INSST». Sorprendido, la miró y constató que había una carpeta con los correos guardados de Muñoz y que, al día siguiente, llevó a la Comandancia de la Guardia Civil, a raíz de la orden que había recibido de que si encontraba algo se lo hiciera llegar. «Me lo encontré de rebote», ha resaltado. La explicación es que este disco duro se debía llevar al centro de Ponent proveniente de la central de la sede de Imperial Tarraco cuando se abrió la delegación y no se formateó porque en aquella época «el proceso era muy lento».
Las defensas, al ataque
Las casualidades y la singularidad del día que encontró el disco duro con la información, aderezadas con la importancia de la prueba aportada al procedimiento por Àlex Ricard, ha hecho poner las defensas en posición de combate. Hasta el punto de que la magistrada presidenta, con un tono de institutriz suiza, ha pedido calma a los abogados para rebajar el tono, la forma y la manera de construir y formular las preguntas. «Esto no es manera de preguntar» o bien «deje al testigo que traslade la información y no lo haga usted». El objetivo de la magistrada ha sido evitar que el testigo se convirtiera en «el centro de la controversia procesal» porque, al fin y al cabo, quien valorará la validez y el rigor de la prueba es el tribunal y así lo ha hecho saber a las partes con firme delicadeza.
Las defensas sabían perfectamente lo que hacían: poner en duda la validez de la prueba, la manera en que se obtuvo y su cadena de custodia y su trazabilidad. De hecho, fue uno de los comunes divisores de las cuestiones previas de las defensas, anular esta prueba. El hecho de que el informático «encontrara de rebote el disco duro» justo después de declarar ante el juez, se lo llevara a casa, lo reparara y lo llevara a la Guardia Civil ha sido carnaza para las defensas para atacar la prueba y el testimonio utilizando el principio de contradicción rozando el juego antirreglamentario. Pero el informático ha aguantado bien el embate de hora y media de interrogatorio y ha evidenciado dos cosas. Su hallazgo casual es plausible y, por otro lado, el escaso nivel informático de los que llevaban la toga que parecía no llegar a lo que llaman «nivel usuario».
Ahora bien, la defensa del jefe de gabinete de Ballesteros ha incidido especialmente en las contradicciones con la declaración del informático en instrucción. Pero, Ricard ha justificado lo que se entendía por contradicciones en las especificidades del lenguaje informático, es decir, el argot, y que los sistemas operativos y de almacenamiento no son iguales en octubre de 2026 que en octubre de 2015. En todo caso, las defensas se han esforzado en debilitar el hallazgo de «rebote» con el contenido de los mails incriminatorios donde se comunicaban los acusados y detallaban las acciones que llevaban a cabo a través de su contratación por Inipro en el Ayuntamiento para defender la gestión de Ballesteros y del PSC en el consistorio a través de las redes sociales. La posibilidad de manipulación del disco duro que se lo había llevado a casa y la cadena de custodia del aparato de almacenamiento. En resumen, que la prueba no es fiable porque el origen es dudoso, se podría haber manipulado y no cumple con las garantías legales. Es un asa muy valiosa para poder abrir una ventana de oportunidad a las defensas. Habrá que esperar qué dicen los agentes y los peritos de la Guardia Civil para que el tribunal se haga una idea, aunque el informático, lejos de achicarse, ha defendido la manera en que lo encontró y la veracidad de su contenido. Un contenido que fue oro para las acusaciones.
