El caso Inipro está afectado por el virus obra de la Seu. Después de 13 años con una instrucción complicadísima solo faltan las vicisitudes de una vista oral larguísima con muchísimas partes. Si falta una pieza, el sudoku de la agenda se tiene que volver a coser como si fuera una orfebrería barroca. Después de la suspensión durante más de una semana, este viernes se ha celebrado una nueva y, como no podía ser de otra manera, ha comenzado con el calendario y un bolígrafo rojo. Todo ello porque la presidenta del tribunal, Maria Espiau, quiere acabar la vista antes de final de año y así lo ha pedido «sinceramente» a todos los letrados. Y, en principio, si el tiempo no lo impide, así se ha programado, porque, en caso contrario, el juicio se desmarcaría hasta finales de abril del próximo año. Así, se han programado vistas los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de diciembre, rozando el palo de las fiestas de Navidad.
Después de la negociación y un pequeño receso, se ha reiniciado la práctica de prueba de un juicio sobre las irregularidades en el Ayuntamiento de Tarragona durante la época del socialista Josep Fèlix Ballesteros como alcalde, que es uno de los acusados junto con otros miembros de lo que fue su equipo de gobierno municipal. Una mañana con viveza, potente y con un alto voltaje. Tanto ha sido así que la magistrada Espiau ha reclamado «mantener el tono, el orden y la compostura» en la sala. Dos testigos, de los cuatro que se han subido a la silla, han sido las estrellas de la jornada que ha tenido un protagonista clave. En concreto, el indicio que abrió las puertas del caso Inipro: cómo se pudo encontrar y quién levantó la liebre. Un delegado sindical que se toma en serio su trabajo, una concejala de la CUP persistente y una factura misteriosamente registrada en el mes de agosto han sido los tres elementos clave que han hecho saltar las defensas y han convertido la vista en un combate entretenido y en un cursillo de cómo deben ser los interrogatorios. Sin olvidar que, los testigos, siempre los carga el diablo.
Juan Antonio, el delegado
Las dos primeras testificales, la gerente del Instituto de Servicios Sociales de Tarragona, Estela Pinyol, y una de las responsables de los servicios sociales, Antònia Garcia, poco han aportado a pesar de la insistencia de los detalles de las defensas y las acusaciones. Poco han aportado con la excusa de hace mucho tiempo y que muchas de las cuestiones planteadas no le correspondían o que justificaban la falta de personal con la necesidad de externalización de los servicios que prestaban. Una posición que hacía levantar las orejas a las acusaciones con una pregunta genérica, pero con doble sentido, ¿qué hace una gerente si no conoce lo que hace la entidad que gestiona? De hecho, la única novedad de sus declaraciones ha sido admitir el cierto desorden administrativo de la entidad porque finalizaban una treintena de 120 personas que trabajaban en el servicio.
Después de este preámbulo se ha sentado en el estrado Juan Antonio Ribas. Un trabajador municipal desde el año 1998 y que hacía de administrativo en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Ribas es afiliado a la CGT y, además, entonces era miembro del comité de empresa y encargado de la prevención de riesgos laborales. Con una confianza extraordinaria se ha sentado y parecía haber caído en una marmita de Fosfovit A, una chocolatina famosa en los años 80 que se daba a los niños para potenciar la memoria. Con más mili en el ayuntamiento que el palo de la bandera, reconocía a todos por el nombre y los dos apellidos, llevaba la lección más que aprendida, desafiaba incluso las preguntas de las defensas y detallaba al tribunal cómo abrió la caja de los truenos del caso Inipro. De hecho, fue una casualidad con ‘agostividad‘.
Una casualidad
Fue durante las vacaciones de verano que el registro de Servicios Sociales se encontraba en la segunda planta de la sede y no en la planta baja. La compañera del frente, Laura, hacía el registro general. Llegó Toni Muñoz y dos encausados más Alejandro Caballero y Mario Burzuri y registraron una factura de más de 8.000 euros de Iniciativas y Programas, es decir, Inipro. Un documento que a su compañera y al testigo especialmente les pareció extraño por la cantidad y por el concepto que apuntaba «asociacionismo recién llegado a Tarragona».
Comenzó a indagar e investigar sobre la empresa y empezó a atar cabos de su relación con militantes socialistas. «Había demasiadas casualidades», advirtió. Como formaba parte del consejo rector del IMSS, con voz pero sin voto, pidió ver los contratos de Inipro y solicitó la liquidación del presupuesto en una reunión del 27 de marzo de 2013. Entonces constató la trama de Inipro que facturaba cada mes cantidades muy altas que un mes «superaron los 15.000 euros». A partir de ahí, la prensa se hizo eco, CiU y PP empezaron a mirarse con recelo las contrataciones de Inipro y fue la CUP quien puso hilo a la aguja.
Las defensas han intentado debilitar el testimonio, que al fin y al cabo, solo había denunciado internamente facturas que le parecían irregulares de un servicio que no sabía cómo se prestaba y que las prórrogas en favor de Inipro tampoco se enmarcaban dentro de la normativa. Incluso, le han esgrimido cuestiones personales como una plaza de bibliotecaria conseguida por su mujer, una denegación que le hicieron de una sala de reuniones para la comunidad de vecinos en el centro cívico del barrio y el hecho de que optara, como funcionario municipal, a ser el administrativo del grupo municipal de la CUP. De hecho, la organización de la izquierda independentista que impulsó el caso y que es acusación popular. Pero, el delegado sindical aunque ha corregido conceptos como ahora que había visto «muchas facturas» cuando aseguró haber visto una y la relación de facturas de un año en la auditoría, ha aguantado la presión. Y, incluso, ha jugado bien su declaración forzando que la magistrada presidenta, haya inadmitido alguna pregunta o haya invitado con elegancia a alguna defensa a dejar el interrogatorio.
Laia Estrada, de referencia
El último testigo presencial ha sido la exconcejal y exdiputada cupaire Laia Estrada. El primer testigo que se ha expresado plenamente en catalán ha admitido dos o tres reuniones con Ribas para comprobar la documentación. En este sentido, ha recordado que recibió la información por tres vías: un correo anónimo, un correo postal y la prensa. Contactaron con una profesora de Derecho Administrativo que los orientó y comenzaron las indagaciones cuando fue concejal en el ayuntamiento reclamando documentación que no le daban y les ponían trabas. Finalmente, con toda la documentación lo llevaron a Fiscalía que inició las pesquisas.
Estrada, testigo de referencia de la acusación popular, y aceptada por el tribunal en cuestiones previas no se ha encogido ante las defensas, que la presionaban por su relación política y por los contactos con Ribas. Estrada, fiel a su estilo, ha aguantado con firmeza hasta el punto que un abogado de las defensas ha subido el tono y ha hecho algo que no es recomendable hacer en una sala de vistas. En concreto, decirle a una testigo que «esté tranquila» con un tono poco pertinente. Estrada ha saltado como un resorte y con una sonrisa, con cierto aire de Jocker, le ha contestado «Yo estoy muy tranquila». Como la situación se desmadraba ha intervenido con contundencia la presidenta del tribunal que ha cortado de raíz y sin miramientos la discusión. Y como se ha visto hoy, las formas forman parte del derecho.
