Era previsible y el guion se ha cumplido. La primera sesión de la vista oral del caso Inipro, sobre las irregularidades del consistorio cuando el alcalde era el histórico socialista, Josep Fèlix Ballesteros, ha servido para plantear las cuestiones previas y se ha visto el plumero a las defensas para hacer una enmienda a la totalidad a la instrucción poniendo en duda la validez de la prueba y los indicios recogidos. De hecho, la estrategia compartida de las defensas ha sido desnaturalizar una de las principales fuentes de prueba -un disco duro- y hacer pasar la instrucción como una investigación prospectiva.
El sumario, según concluye el ministerio fiscal y la acusación popular de la CUP -el ayuntamiento todavía está pendiente de una resolución para que pueda ser parte- demostraría la conspiración entre los nueve acusados, cargos socialistas y el mismo exalcalde, que consistiría en utilizar el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) -la entidad municipal que vela por las personas más vulnerables- para adjudicar fraudulentamente a la empresa Inipro un contrato sobre la “potenciación del asociacionismo entre la población recién llegada” que servía para “hacer clientelismo político en favor del PSC”.
De hecho, en este caso el PSC está acusado por el ministerio público de partícipe a título lucrativo del entramado y, de hecho, ha pagado la responsabilidad civil de un importe de 276.157 euros. Después de esta primera jornada, la vista está programada para los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de octubre.
El disco duro de la discordia
Las defensas de los acusados han solicitado al tribunal que se excluya del procedimiento el disco duro del Instituto Municipal de los Servicios Sociales de Tarragona. Uno de los pilares de la investigación de la Guardia Civil porque casi toda la prueba incriminatoria proviene de los datos que contenía. De hecho, es donde se localizaron correos electrónicos que implican a varios investigados a través de sus comunicaciones.
Los letrados, hábilmente, han alegado la vulneración de los derechos fundamentales como el derecho de la comunicación e intimidad y el de defensa. Además, de señalar que se investigó la totalidad de comunicaciones sin filtros previos, lo que implicaría calificar la instrucción de prospectiva. Algunas de las defensas han acusado al juez instructor de basar sus conjeturas y conclusiones en artículos de prensa. También han razonado que se ha roto la cadena de custodia en la incorporación del disco en la causa. La decisión del tribunal puede marcar la evolución de una vista oral compleja, llena de documental y que ya está marcada por las dilaciones indebidas de una larguísima instrucción.
Los acusados, con Ballesteros al centro y su mano derecha en el consistorio Begoña Florià, son Antonio Muñoz, Gustavo Cuadrado -jefe de gabinete del exalcalde, Victoria Pelegrín exconcejala, Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Enric Manuel Miró y José Gallet. El ministerio público reclama a Ballesteros 13 años y 8 meses de prisión desde la acusación particular, y fiscalía lo rebaja a cinco años y ocho meses. A Antonio Muñoz le reclaman cinco años y diez meses de prisión y seis años de inhabilitación y 8280 euros de multa; a Gustavo Cuadrado también cinco años y diez meses de prisión; a Victoria Pelegrín, cinco años y cinco meses de prisión y a Florià, cuatro años y diez meses de prisión. El resto de acusados tienen peticiones desde cinco años a dos años de prisión.
