Segunda sesión del juicio del caso Inipro, que juzga las irregularidades del ayuntamiento de Tarragona durante la administración socialista a cargo de Josep Fèlix Ballesteros. Una jornada larga, densa y que obligó a la presidenta del tribunal, Maria Espiau, a pedir a las partes que se preparen para una reestructuración del «cuadro de la prueba». Una petición que ha hecho temblar a la multitud de abogados que trabajan en esta macrocasa, porque no hay nada peor que remover una agenda que ha sido un verdadero sudoku para poder cuadrar las sesiones de la vista.
De hecho, la segunda sesión, este viernes, comenzó con 40 minutos de retraso, y la presidenta ya advirtió que la tercera, prevista para el 7 de octubre, comenzará a las nueve y media de la mañana. Y más, teniendo en cuenta que debían resolver las cuestiones previas pendientes y el tribunal fue al grano. Una decisión esperada, sobre todo, para decidir si el disco duro que contiene los indicios incriminatorios es válido o si se anulaba como prueba porque se vulneraron las garantías procesales de los acusados porque no se hizo una selección de las comunicaciones y no se respetó la cadena de custodia. Al final, el tribunal aceptó el disco duro y solo estimó las peticiones de que Laia Estrada, exconcejala de la CUP, fuera testigo y que los acusados declararan al final.
Finalmente, a pesar de la complejidad, este viernes se comenzó a practicar la prueba con los primeros testimonios del caso. El primero era especialmente esperado: Joan Maria Abelló, exsecretario del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST), la entidad que hacía los pagos a Inipro. La magistrada le pidió un «especial esfuerzo de memoria» porque el caso llega a juicio 15 años después de los hechos. Y el testimonio tuvo, de memoria, para admitir a la fiscal que se hicieron informes desfavorables a las contrataciones de la empresa que supuestamente cobraba por hacer la campaña virtual del entonces alcalde, Fèlix Ballesteros. El otro testigo interesante fue el exinterventor del IMSST, Albert Vallverdú, que admitió haber firmado unos seis o siete informes desfavorables porque el contrato no tenía vigencia. La vista sirvió para desentrañar cómo Inipro pudo cobrar sin prorrogar contratos con la fórmula del «enriquecimiento injusto» y esquivando informes contrarios de la intervención. Y cómo, en última instancia, era el alcalde quien debía aprobar los pagos que rozaban la línea de la irregularidad.
«Enriquecimiento injusto»
El exsecretario del IMSST, que presumió de estar jubilado, detalló a la fiscal que fue el encargado de redactar los pliegos económicos administrativos del contrato negociado sin publicidad con Inipro. Un trabajo que llevó a cabo por órdenes del gerente de la entidad, Antonio Muñoz, uno de los acusados en el juicio. También recordó que este tipo de contratación solo podía tener una duración de un año. «No era lo más habitual, pero si había urgencia, se había hecho alguna vez, deduzco que se hizo por urgencia», puntualizó. De hecho, reconoció que seguramente era necesario el servicio y por la vía ordinaria habría supuesto como mínimo un año de tramitación. En este sentido, recordó que era en un tiempo donde habían llegado muchos «nuevos residentes» a Tarragona. Un término que la fiscal ha traducido como «inmigrantes».
Abelló relató que el interventor Vallverdú emitió un informe desfavorable cuando se acabó el contrato a finales de diciembre de 2010, al cual él se adhirió. La negativa se basaba en el hecho de que se había terminado el período negociado y no se podía prorrogar. «Como el servicio se justificaba que se había hecho, se pagaron [las facturas] por lo que se llamaba enriquecimiento injusto, es decir, cuando se considera que un servicio se ha hecho a la administración y esta se puede beneficiar de este servicio, sin pagarlo», justificó. De hecho, es el mismo caso de los pagos de las facturas del caso Bomberos que se destapó por el uso de esta figura extraordinaria de pago en las licitaciones públicas.
El secretario continuó exponiendo que el contrato con Inipro, por valor de 60.000 euros, se suscribió el 1 de septiembre de 2010 y terminaba en el mes de diciembre por motivos presupuestarios. «Lo que no es normal es volver a hacer otro contrato igual, porque eso es trocear los contratos, la ley es muy clara, no los podemos hacer», subrayó. Pero, sí que reconoció que del contrato sin publicidad se generaron facturas por importe de 270.000 euros durante el 2010, el 2011 y el 2012. Los dos últimos años fuera de lo que sería la estricta legalidad. Una cantidad que Abelló admitió que se debería haber hecho a través de un procedimiento abierto. Es decir, una licitación abierta a varias empresas o sociedades.
Facturas que no podían ser devueltas
En cuanto a la declaración del exinterventor del IMSST, coincidió con el exsecretario en que la propuesta de la contratación de Inipro procedía de la gerencia o de la presidencia de la institución, es decir, del gerente o de la consejera delegada, Victòria Pelegrín, también acusada. Vallverdú narró que emitió un informe de fiscalización favorable el 30 de junio de 2010 y otro el 2 de diciembre del mismo año sobre la contratación definitiva. Según explicó, desde la Intervención no eran conocedores de que se hubiera firmado el contrato a principios de septiembre. «Hasta que no hago el segundo informe no se debería haber firmado el contrato», alegó dejando caer que el contrato ganó vigencia sin un visto bueno que era necesario.
En todo caso, como interventor señaló que Muñoz movía los hilos y era quien conformaba las facturas. Un detalle nada menor, porque una vez lo estaban ya no se podían devolver y, por lo tanto, estas debían abonarse. «Con la conformidad del gerente era suficiente», recalcó. Una vez las facturas pasaban el filtro de Muñoz y se avalaban, se enviaban al departamento de Contabilidad. Entonces el testigo apuntó que escribía un informe que debía ratificar la persona competente. Y la persona competente para aprobar la factura y pagarla por la vía del enriquecimiento injusto «era el alcalde». En ese momento, Ballesteros, también acusado en el juicio. En todo caso, el exinterventor subrayó que emitió unos seis o siete informes desfavorables porque el contrato no tenía vigencia, pero también admitió que era normal que hubiera contratos pendientes de volver a licitarse por el volumen de trabajo que tenían en el IMSST.
